Adriana Ochoa
Llevamos décadas escuchando el mismo estribillo: el agua en San Luis Potosí es un problema. A veces, lotería climática de por medio, en tonos más altos y frecuencias más machaconas.
La capital del estado suma sesenta años de estudios universitarios que alertan de la extenuación de los acuíferos, de la contaminación de fuentes de agua cada vez más profundas, de promesas políticas que se evaporan pasada la emergencia -o la campaña- y de una ciudadanía que asiste, entre resignada y escéptica, a la normalización de la carencia y el ataque político antes de la propuesta seria de solución.
No se trata de falta de recursos, ni de ausencia de conocimiento. La Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de su Grupo Universitario del Agua, ha elaborado una hoja de ruta, la llamada “Agenda Hídrica”, que detalla con precisión las medidas a tomar para garantizar el acceso al agua potable en la zona metropolitana. Un trabajo puntual que va en su tercera edición, lamentablemente sin variaciones positivas.
Quizá porque esperan que una tozuda realidad de desidias acumuladas genere giros sorprendentes de un año a otro, voces desdeñan este trabajo colectivo de universitarios porque “no dice nada nuevo”. No, la verdadera novedad sería, lamentablemente, que las autoridades de los tres niveles y los organismos operadores hicieran caso de esta hoja de ruta invariable y empezaran a trabajar en ella.
Desde la primera presentación se advirtió que se pierde por fugas más del 45 % del agua inyectada a la red. El Realito inyecta el 30%, a través de un acueducto que truena y deja de operar una semana sí y la otra también. Invertir en un programa de reparación y sectorización de redes suena sin embargo más lejano en San Luis Potosí que enviar una sonda espacial a Venus.
La red de monitoreo de la calidad del agua en la Zona Metropolitana de San Luis Potosí (ZMSLP) se ha quedado obsoleta. El modelo conceptual de los sistemas de flujo de agua subterránea requiere una actualización por desgaste. A la presencia de flúor y metales pesados en las fuentes de agua subterránea, someras y profundas, se añade la contaminación por microplásticos.
La Agenda Hídrica señala una y otra vez que la capital potosina comparte fuentes subterráneas con varios municipios. Realidades geológicas probadas, la bolsa subterránea de extracción es la misma para San Luis Potosí que para Soledad, Villa de Zaragoza, Cerro de San Pedro, Mexquitic, Vila de Arriaga, sur de Villa de Arista, Villa de Reyes y el recién creado Villa de Pozos. Es necesario redefinir la administración de agua con sentido intermunicipal.
La respuesta del Gobierno del Estado y su bancada oficialista en el Congreso Contrario a esto, es la iniciativa de desaparecer el organismo intermunicipal de agua potable de San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro, el Interapas, y despojar a estos municipios de su facultad constitucional de decidir y administrar el servicio de agua potable, para pasarla a la Comisión Estatal del Agua. ¿Mejora?, ninguna. Mero control político. La CEA ni siquiera puede, o no quiere, meter en cintura a la concesionaria del acueducto El Realito y obligarla a reponer la ductería fallida en su totalidad.
Pero la Agenda Hídrica no se limita a la capital potosina y conurbaciones. Los investigadores han extendido el alcance de su trabajo a otros municipios. Advierte de contaminación en fuentes de abasto y ríos distantes de la mancha urbana.
Las presas, infraestructuras vitales para el almacenamiento y distribución del agua, se han convertido en símbolos de la desidia institucional. La de San José, por ejemplo, lleva años agonizando, azolvada y contaminada. En una década, el año más generoso de gasto federal con San Luis Potosí en mantenimiento y rehabilitación de presas ha sido 2015, cuando Conagua invirtió más de 21 millones de pesos. Es año, 2025, Conagua aplicará 10 millones de pesos para reparaciones y equipo eléctrico en cuatro embalses en todo el estado. En 2022 no destinó ni un peso.
En medio de esta emergencia, la presidenta Sheinbaum anunció la construcción de nuevas presas, entre ellas la de Las Escobas, cantada hace más de dos décadas. La magnitud de la inversión planeada para 17 proyectos estratégicos en el sexenio es de miles de millones de pesos; Las Escobas es un proyecto de costo conservador, 600 mdp.
El gobierno estatal debe entregar los permisos necesarios para Las Escobas antes del 15 de mayo de 2025 y se espera que la finalización de la obra, bipartita, sea en 2026, si es que la construcción comienza en agosto próximo. Si el gobierno estatal deja pasar tiempo otra vez, sumará otro eslabón grueso a una larga cadena de oportunidades perdidas, de proyectos fallidos, de inversiones malgastadas.
Y el agua, ese bien común que debería unirnos, se ha convertido en un arma arrojadiza, en un botín codiciado y un motivo de enfrentamiento entre autoridades. Ayudaría a frenar esta inacabable espiral el atender al llamado de los investigadores a generar y fomentar un civismo hídrico: que el cuidado del agua empiece por los ciudadanos y que su exigencia obligue a los gobiernos de todos los niveles a atender de fondo el problema. Incluso considerar, como lo propone la Agenda hídrica, una reforma al Código Penal del Estado de SLP por delitos relacionados con la gestión y distribución del agua.
No basta con construir presas, es necesario implementar una política integral que contemple la protección de los acuíferos, la modernización de las redes de distribución, el tratamiento de las aguas residuales y, sobre todo, la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
¿Están nuestros gobernantes a la altura de este desafío? Que actúen y no nos distraigan con el vulgar pleitecito político, el gasto propagandístico “sin límites” y el irresponsable ejercicio de patear el bote no más allá de su gestión.
Si lo permitimos, condenamos a San Luis Potosí a un futuro sediento y desesperanzador.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
