Jaime Nava
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) emitir una nueva resolución sobre los alcances en materia de fiscalización que tienen las quejas que la dirigencia estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó en contra de las irregularidades detectadas en el ejercicio de los recursos de ese partido cuando su dirección estuvo a cargo de integrantes de la llamada gallardía.
Como se recordará, en junio del 2020, la dirigencia nacional del PRD destituyó a Juan Ignacio Segura Morquecho y a otros funcionarios del partido cercanos a Ricardo Gallardo Cardona y se ordenó una auditoría a las cuentas del partido la cual arrojó operaciones irregulares por más de 15 millones de pesos.
Luego de dar a conocer los resultados de la auditoría, la nueva dirigencia del PRD en San Luis Potosí presentó dos denuncias ante la Unidad Técnica de Fiscalización del INE en contra de los ex perredistas e integrantes de la gallardía: José Luis Fernández Martínez, Juan Ignacio Segura Morquecho, José Concepción Gallardo Martínez y Luis David Martínez Castillo por hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen destino y aplicación de los recursos.
Al efectuar la revisión de informes anuales de ingresos y gastos del ejercicio fiscal 2019, periodo en el que la gallardía tenía el control el partido, el INE detectó 10 irregularidades calificadas como “graves” y por las cuales impuso sanciones económicas, tales como multas y la reducción del 25 por ciento de la ministración mensual que le corresponde al partido por concepto de financiamiento público.
Entre las irregularidades más graves detectadas por el INE se encuentra la conclusión 3-C17-SL donde consta que la dirección gallardista del PRD “realizó operaciones con un proveedor que según su Acta Constitutiva tiene entre sus socios a un empleado del partido político, lo cual cae en el supuesto de conflicto de intereses por un monto de $1,351,748.41”.
Además, se encontraron “omisiones” en la comprobación de gastos, la adquisición de bienes y servicios a precios inflados, la falta de presupuesto para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, entre otras.
Quienes serían responsables de las irregularidades detectadas por el INE hoy se encuentran en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); no obstante, el INE impuso las sanciones a la nueva dirigencia estatal del PRD sin valorar de forma exhaustiva las quejas presentadas ante la Unidad Técnica de Fiscalización, razón por la cual impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El pasado 28 de enero, el Tribunal Electoral confirmó que el INE violó el principio de exhaustividad y ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitir una nueva resolución en donde se indique el alcance de las quejas presentadas contra los ex funcionarios gallardistas.
Asimismo, le ordenó que, en caso de que los hechos denunciados configuren una violación a la normatividad electoral, se puedan iniciar “procedimientos oficiosos o de cualquier otra índole para conocer el origen y destino de los recursos”.
Sobre las quejas presentadas por el PRD contra ex funcionarios gallardistas y la valoración hecha por el INE, la resolución del Tribunal también destaca que: “[…] la posible simulación de operaciones contables no solamente tiene un impacto o consecuencia en la contabilidad del propio partido como sujeto obligado, sino que también puede tener consecuencias o trascender a la vulneración de los principios o bienes jurídicamente tutelados en materia de fiscalización como es la transparencia en la rendición de cuentas.”
Todo lo anterior consta en la resolución del recurso de apelación expediente SM-RAP-6/2021.
