Desiree Madrid
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, defendió la recientemente aprobada Ley de Halconeo, calificándola como una herramienta clave para combatir a la delincuencia organizada y preservar la seguridad en San Luis Potosí.
Ante las crecientes críticas que apuntan a posibles violaciones a los derechos humanos, el funcionario aseguró que la reforma “no busca inhibir la libertad de expresión”, sino atacar estructuras criminales que han operado impunemente mediante sistemas de vigilancia ilícitos.
“Justamente para mantener incólume, o sea a salvo, el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de prensa, de acceso a la información, siempre y cuando no tenga como propósito alguna actividad ilícita”, afirmó el secretario.
Frente a los señalamientos de diversos sectores, Torres Sánchez rechazó que la ley represente un retroceso para las libertades en el estado y que parte del rechazo es “malinformación o posicionamientos tendenciosos”.
Subrayó que la reforma al Código Penal del Estado busca desarticular las redes de vigilancia de grupos criminales.
“Estamos desbaratando los Big Brother de la delincuencia que tenían en todo el Estado y estamos desarmando a la delincuencia”.
El funcionario también citó acciones recientes como el aseguramiento de cámaras en distintos puntos del estado y la detención de un individuo en la Huasteca Potosina que, bajo el disfraz de técnico de Telmex, instalaba equipos de videovigilancia para el crimen organizado.
Según Torres Sánchez, estas pruebas muestran la necesidad de contar con esta legislación:
“Si no los detienes y los pones en reclusión, entonces van a estar dándose de balazos en las calles (…). No debe haber marcha atrás”.
La postura oficial surge en respuesta a la solicitud presentada por el activista Luis González Lozano, quien pidió a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Itzel Argüelles Moreno, que interponga una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 0207, publicado el pasado 28 de mayo.
La reforma penal tipifica el delito de “halconeo”, incluyendo en su redacción términos como “monitorear” o “recopilar información” sobre operativos de seguridad, lo que ha generado preocupación en sectores de la sociedad civil por su ambigüedad y su posible uso para criminalizar el periodismo de investigación, la vigilancia ciudadana y el activismo.
González Lozano advierte que el nuevo artículo 293 Quáter podría violar los principios de taxatividad penal, libertad de expresión, proporcionalidad y necesidad, al imponer penas que van de cinco a 12 años de prisión, con agravantes que podrían elevar las sanciones en ciertos casos.
El activista también enfatizó que la acción debe ser promovida dentro del plazo legal de 30 días naturales, que concluye el próximo 27 de junio, e instó a la CEDH a activar su red de alianzas con organizaciones nacionales e internacionales para defender los derechos fundamentales.
Mientras el gobierno asegura que la ley superará cualquier revisión constitucional, defensores de derechos humanos insisten en que la norma representa un peligro para las libertades fundamentales.
