Desiree Madrid
Integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) bloquearon este miércoles por la mañana la carretera 57, en el tramo San Luis Potosí-Matehuala a la altura del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, como parte de una movilización nacional que se replicó en los 32 estados del país.
La protesta, encabezada en la entidad por el Consejero Nacional de AMOTAC, Raúl Torres Mendoza, tuvo como detonante inmediato el fracaso de tres jornadas consecutivas de negociaciones en la Ciudad de México, donde representantes del Comité Ejecutivo Nacional se reunieron con autoridades de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad y la Comisión Nacional del Agua, sin llegar a acuerdos sobre su pliego petitorio.
Torres Mendoza explicó que las negociaciones federales se rompieron el martes cuando un funcionario de la Secretaría de Gobernación, identificado únicamente como “Tonatiuh” y descrito como jefe de unidad, echó abajo acuerdos que ya se habían alcanzado con la Conagua.
Fue esa ruptura la que aceleró la decisión de salir a las calles este miércoles, luego de que el día anterior los representantes nacionales tampoco lograron avance alguno en una mesa que se extendió por cuatro horas.
“Trabajamos seis meses con ellos, estuvimos en la Ciudad de México cinco o seis veces, estuvimos con los diputados federales, senadores, con Conagua, con foros y fuimos ignorados y no se vale”, declaró Torres Mendoza ante los agremiados concentrados en la carretera.
El principal punto de conflicto es el artículo 123 bis de la Ley de Aguas Nacionales, que según los transportistas sanciona con seis a ocho meses de prisión el traslado de agua en volúmenes que van desde un litro hasta 50 mil litros. Torres Mendoza sostuvo que la norma criminaliza a quienes no extraen el recurso sino únicamente lo distribuyen a comunidades que carecen de infraestructura hidráulica.
“El transportista no extrae el agua, no va a ninguna presa a extraer el agua, él nada más transporta, transporta a la gente más necesitada porque el gobierno no hace su trabajo”, señaló el dirigente potosino.
La organización advierte que la aplicación de esa ley tendría consecuencias directas sobre millones de familias en todo el país, pues a nivel nacional más de ocho millones de hogares no cuentan con tubería de agua potable y dependen de pipas y bidones para abastecerse, por lo que sancionar el transporte del líquido equivaldría, en sus palabras, a generar un problema social de grandes dimensiones.
“Le estamos evitando un problema a la presidenta de la república porque va a ser un problema social”, afirmó, e hizo extensiva la advertencia a autoridades municipales y estatales.
El segundo punto del pliego petitorio es la inseguridad en las carreteras del país. Torres Mendoza mencionó a Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México —señalado como el primero en robo al autotransporte— como los casos más críticos a nivel nacional, aunque reconoció que en San Luis Potosí la situación es comparativamente menos grave.
La demanda central en este rubro es mayor patrullaje y presencia de la Guardia Nacional en carreteras federales, no únicamente para proteger al sector transportista sino a todos los usuarios de las vías. En la entidad potosina, los robos que más afectan al gremio se concentran en carga de acero y materiales de fácil comercialización como chatarra en el mercado negro.
Otro eje de la protesta fue desmentir ante la ciudadanía la percepción de que los piperos venden el agua. Torres Mendoza aclaró que el gremio cobra exclusivamente por el servicio de traslado, no por el recurso en sí.
“Nosotros, como sector pipero de agua, no vendemos el agua, cobramos un traslado de agua porque se le paga al chofer, se le paga el seguro social, se paga el seguro del camión, se paga combustible, aceites, gastos fijos”, explicó, y llamó a la ciudadanía a dirigir sus reclamos sobre el precio del servicio a las autoridades municipales y estatales, a quienes corresponde garantizar el acceso al agua potable.
La movilización en San Luis Potosí consistió en una caravana de camiones cisterna que recorrió los carriles centrales de la ciudad hasta el Distribuidor Juárez y de ahí hacia la carretera 50 en dirección a la zona industrial.
Torres Mendoza describió la acción como pacífica y que estaban a la espera de que las negociaciones en curso en la Ciudad de México —donde representantes nacionales se reunían este miércoles desde las 7 de la mañana con Omar García Harfuch, el subsecretario de Gobernación y funcionarios de Conagua— arrojaran un resultado concreto antes de definir los siguientes pasos.
La exigencia central del gremio es recibir un documento formal que respalde los acuerdos con el Gobierno Federal y que sirva como garantía ante autoridades estatales y municipales, a quienes los transportistas acusan de aprovechar la ambigüedad legal para ejercer extorsión.
“No queremos corrupción. Es por eso que queremos llegar a este acuerdo bien sustentado que respalde a los compañeros transportadores de agua y que no nada más sea un documento que no sea válido para las autoridades estatales y municipales, porque para eso sí están buenos para extorsionar”, advirtió Torres Mendoza, quien dejó abierta la posibilidad de una resistencia indefinida si no se concreta ese compromiso escrito.
