Fernanda Durán
Con 23 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó este martes una reforma para actualizar la autoridad encargada de regularizar y escriturar 495 lotes del fraccionamiento Benito Juárez García, en el municipio de Matehuala, un procedimiento que permanecía inconcluso desde 2005 y que ahora quedará en manos del Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado (INREVIS).
La modificación avalada por el Poder Legislativo sustituye formalmente a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) como órgano ejecutor del Decreto Legislativo 410, publicado originalmente el 29 de diciembre de 2005, mediante el cual se autorizó la enajenación de los predios destinados a vivienda social para personas de escasos recursos.
De acuerdo con el dictamen, el objetivo central es armonizar el decreto con el marco jurídico actual, luego de que en 2023 se creara el INREVIS como organismo responsable de regularización patrimonial, vivienda social y escrituración. El documento sostiene que mantener a la Seduvop como autoridad ejecutora podría generar “conflictos de competencia, riesgos de nulidad de actos jurídicos, observaciones por parte de entes fiscalizadores, así como obstáculos en los procesos registrales”.
La reforma establece que el INREVIS asumirá las atribuciones de regularización, asignación y entrega de los lotes, además de concluir los trámites pendientes de escrituración para las familias que actualmente habitan el fraccionamiento.
El dictamen precisa que no se modifican las superficies, medidas, distribución de manzanas ni el número total de predios originalmente autorizados, limitándose únicamente a sustituir a la autoridad encargada y a definir el régimen jurídico para concluir los procedimientos pendientes.
Sin embargo, además del cambio administrativo, la reforma incorpora nuevas disposiciones para atender situaciones acumuladas durante casi dos décadas de rezago. Entre ellas, se prevé que, si las personas originalmente beneficiarias fallecieron, la escrituración pueda realizarse a favor de herederos o sucesores legales.
También contempla casos en los que los lotes hayan sido vendidos, cedidos o transferidos informalmente a terceros. En esos supuestos, la regularización podrá proceder a favor de quien acredite una “posesión legítima”, entendida como pública, pacífica, continua y de buena fe.
Otro de los puntos incorporados es que el INREVIS podrá resolver “casos especiales o supuestos de hecho no contemplados” en el decreto original, aplicando criterios de regularización social, protección de derechos adquiridos y función social de la vivienda.
Aunque el dictamen fue presentado como una actualización técnica y jurídica, las nuevas facultades otorgadas al instituto también abren márgenes de interpretación sobre cómo serán reconocidas las posesiones, transmisiones o sucesiones de predios después de casi 20 años de rezago administrativo.
La reforma además protege los actos previamente realizados y establece que no podrán afectarse “derechos adquiridos, transmisiones legalmente realizadas, posesiones jurídicamente consolidadas o situaciones jurídicas plenamente formadas” antes de la entrada en vigor del decreto.
En la exposición de motivos, las comisiones dictaminadoras reconocieron que los procesos de regularización y escrituración permanecieron inconclusos desde 2005, situación que, según el documento, generó incertidumbre jurídica para las familias beneficiarias que habitan actualmente el fraccionamiento.
