Fernanda Durán
El rector Alejandro Zermeño Guerra insistió en que sin un fallo de un tribunal, no puede realizar el pago del bono de tres días, equivalente a 7.5 millones de pesos, que reclama el Sindicato Administrativo de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (SAUASLP), pues el recurso no está autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) e implicaría observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que resultaría en responsabilidades administrativas.
Aunque la interpretación del Sindicato es que se trata de un bono anual, los abogados de la Universidad consideran que no, ya que no se encuentra en el contrato colectivo de trabajo al ser un convenio firmado con el exrector Manuel Fermín Villar Rubio y que se pagó en julio de 2020.
“El pago de ese es dinero público, para yo disponer de ese dinero necesito autorización de la Secretaría de Educación Pública, que me dijo cero por ciento en nuevas prestaciones. La Auditoría Superior de la Federación me dijo ‘eso va a ser observado si ese dinero se usa’, porque no estaba destinado para eso (…) En este caso el Poder Judicial podría, por medio de las situaciones que se dan en los tribunales, llegar y dilucidar si ese bono se tiene que seguir pagando o era por única ocasión”.
El rector aseguró que el Poder Judicial es el que debe tomar la razón, puesto que en caso de autorizar el pago, la Auditoría Superior cuestionaría la acción y ordenaría al mismo rector a pagar los más de 7 millones de pesos como responsable de la UASLP.
“Esto implicaría sobre mi patrimonio y yo sinceramente creo que no se debe de jugar con un patrimonio hecho con mi vida y mi trabajo por una decisión que debe tomar un juez. En el momento en el que el juez diga si tienen derecho a ese pago, yo cuando llegue la Auditoría y me diga ‘¿porque lo pagó?’, pues porque un juez me dijo”.
Desde el inicio de 2023 han propuesto al Sindicato que solicite un procedimiento especial colectivo en el mismo tribunal, para atraer las pruebas y dar un fallo sin el riesgo de la amenaza de huelga, sin embargo, el emplazamiento a huelga se estableció para el próximo 11 de agosto.
En cuanto al emplazamiento a huelga, consideró que el cambio de fecha del 1 al 11 de agosto fue una acción poco solidaria debido a que entorpece el inicio de clases y obstaculizó que la Universidad presentara pruebas para que el juzgado validara o no la huelga, por lo que advirtió que en caso de que el paro no sea válido, habrá repercusiones.
