Por Victoriano Martínez
¿Qué tan comprometido está el rector Alejandro Zermeño Guerra con la defensa de los intereses de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), especialmente los que tienen ver con contar con el suficiente presupuesto para no enfrentar dificultades financieras?
Zermeño Guerra declaró que no contempla promover acciones ante los retrasos del gobierno estatal en las ministraciones previstas en el Convenio Marco de Colaboración para el Apoyo Financiero 2026, porque la Universidad únicamente figura como beneficiaria del acuerdo firmado entre la Federación y el Gobierno del Estado.
Hay una imprecisión en su declaración: la UASLP, con su firma, figura como una de las tres partes involucradas en el convenio. ¿Desde cuándo una de las partes firmantes en un convenio sólo juega un papel pasivo y no tiene posibilidad de reclamar su incumplimiento?
Si existiera tal carácter de pasividad en algún tipo de convenio, en este no se da el caso. En el apartado de declaraciones tanto la Federación como el Estado y la Universidad se declaran con facultades para formar parte del acuerdo, en tanto que se incluye un apartado de “declaraciones de las partes”.
El punto IV.3 señala: “que fomentarán políticas de financiamiento para el desarrollo de la educación superior y la realización de proyectos, así como verificar su cumplimiento y promover, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la asignación de recursos a ‘LA UNIVERSIDAD’”.
Es decir, cuando Zermeño Guerra firmó el Convenio Marco comprometió a la UASLP a “verificar su cumplimiento y promover, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables, la asignación de recursos”.
Al día de hoy, con corte al 31 de mayo, el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona le adeuda a la UASLP 162 millones 553 mil 192.27 pesos de acuerdo con el Tablero de Cumplimiento de Aportaciones de la Subsecretaría de Educación Superior.
Cinco meses, cinco pagos incompletos. Una actitud reincidente en el incumplimiento de las ministraciones. Cinco ocasiones en las que se incurre en la falta sobre la que se prevé la promoción de sanciones en el cuarto párrafo de la segunda cláusula del convenio:
“El incumplimiento en la ministración de los recursos asignados o de los demás compromisos de pago establecidos en este Convenio Marco dará lugar a las responsabilidades que correspondan en términos de lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin perjuicio de otras sanciones que, en su caso, lleguen a determinarse por cualquier autoridad”, dice esa cláusula.
Una actitud poco exigente por parte del rector que, como actitud tibia en los últimos cinco años, podría explicar por qué el subsidio a la UASLP no ha alcanzado la meta que se propuso desde 2016, cuando se firmó el anterior convenio marco: que las aportaciones de la Federación y el Estado fueran por la misma cantidad, es decir, 50 y 50 por ciento.
Para el caso de la UASLP implicaría que este año el gobierno estatal le aportara 2 mil 526 millones 844 mil 594 pesos y no los 516 millones 278 mil 656 que ni siquiera paga completos.
De haber hecho valer esa cláusula que aparece desde el primer convenio de 2016, en estos 11 años quizá ya se habría alcanzado esa proporción y la Universidad podría contar con un subsidio de $5 mil 53 millones 689 mil 188 pesos más sus ingresos propios como presupuesto. Una situación que la colocaría muy cerca de la autonomía financiera.
No obstante, la actitud pasiva que desde 2022 ha mostrado Zermeño Guerra no sólo deja ver una de las posibles razones por las que el subsidio Federación-Estado no se empareja, sino que también muestra poca voluntad o cuando menos entusiasmo en promover la autonomía financiera que planteó ante el Congreso de Estado.
¿Es posible alcanzar subsidios iguales de la Federación y del Estado? De las 78 universidades con subsidio que aparecen en el Tablero de Cumplimiento de Aportaciones de la Subsecretaría de Educación Superior, 22 reciben partes iguales de la Federación y del Estado. Es posible.
No sólo es posible que se dé en partes iguales. También es posible que el subsidio estatal se muy superior al federal. En 29 universidades así ocurre.
La UASLP se encuentra entre las 27 universidades que reciben de los Estados subsidios menores a los de la Federación y entre éstos, es la tercera a la que menos recursos se le dan, con un 16.97 por ciento. Y con lo que deja de pagar, ese porcentaje se reduce aún más.
¿Esa proporción tan baja en la aportación estatal es producto de la falta de compromiso de la Rectoría de la UASLP para exigir más subsidio? ¿Hay algo sobre lo que deba estar preocupada toda la comunidad universitaria? ¿O se sienten satisfactoriamente representados?
