Fernanda Durán
La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) negó que un juzgado federal haya denunciado penalmente a su abogada general, Urenda Queletzú Navarro Sánchez, por una supuesta alteración de pruebas dentro del juicio mercantil contra Distribuidora VEM S.A. de C.V. La institución aclaró que el Ministerio Público Federal ya intervenía en el expediente desde diciembre de 2025, a petición de la propia Universidad y por hechos que atribuye a la empresa.
De acuerdo con la Oficina de la Abogacía General, fue la UASLP la que solicitó desde entonces que se investigaran posibles irregularidades, luego de que la representación de VEM presentó dentro del juicio 25 contratos de subarrendamiento que, según la Universidad, nunca le habían sido notificados y podrían formar parte de una presunta simulación para acreditar afectaciones económicas.
La Oficina de la Abogacía General emitió este 30 de septiembre un comunicado para responder a una publicación de un periódico local en la que se aseguró que el Juzgado Mercantil Federal del Noveno Circuito había acusado a Navarro Sánchez por presuntas irregularidades en documentos presentados como pruebas.
La UASLP rechazó esta versión y explicó que el juzgado únicamente dio vista al Ministerio Público Federal de los señalamientos realizados dentro del juicio, lo que no significa que la jueza haya presentado una denuncia ni que haya determinado que existió alguna irregularidad.
“Es jurídica y procesalmente falso afirmar que el Juzgado Federal formuló una denuncia penal en contra de la Abogada General de la UASLP”, señaló.
La institución precisó que la intervención del Ministerio Público tampoco comenzó por los recientes señalamientos de VEM. De acuerdo con la Abogacía General, desde el 5 de diciembre de 2025 el juzgado había ordenado darle vista a petición de la propia Universidad, que solicitó investigar posibles irregularidades detectadas durante el litigio.
En su aclaración, la Universidad dio a conocer que aquella solicitud estuvo relacionada con 25 contratos de subarrendamiento que Fabián Espinosa Díaz de León, representante legal de VEM y actual presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, presentó al contestar la demanda.
Según la versión de la UASLP, estos contratos no habían sido informados previamente a la institución y algunos fueron suscritos por familiares del propio representante de la empresa.
La Abogacía General sostiene que fueron presentados para acreditar una supuesta afectación económica derivada del conflicto contractual, por lo que pidió que se investigara una posible simulación. Esta apreciación corresponde a la Universidad y será la autoridad competente la que determine si existió alguna conducta irregular.
La institución aseguró que, antes del juicio, solamente había sido notificada formalmente de un subarrendamiento celebrado con una empresa comercializadora de automóviles.
Este antecedente coincide con el uso que durante meses tuvo una parte del terreno universitario para el resguardo de vehículos de BMW. Posteriormente, los automóviles fueron retirados del lugar mientras avanzaba el conflicto legal por el predio.
FGR pidió copia del expediente en agosto
La UASLP informó además que en agosto de 2026 un agente del Ministerio Público Federal solicitó una copia digital del expediente del juicio mercantil, como parte del seguimiento a la vista ordenada desde diciembre pasado.
Fue después de esta intervención, según la versión universitaria, cuando la defensa de VEM presentó escritos en los que señaló una supuesta alteración de documentos aportados por la Abogacía General.
La Universidad sostiene que estos señalamientos surgieron después de que la FGR comenzó a dar seguimiento al asunto y afirmó que la empresa conocía desde hacía más de un año la documentación que ahora cuestiona.
Sin embargo, la UASLP reconoció que esos señalamientos sí fueron presentados dentro del juicio y llegaron al conocimiento del juzgado.
La diferencia, de acuerdo con la institución, es que la jueza no aceptó la petición para que fuera el propio juzgado quien denunciara a la abogada general. Al resolver sobre esos escritos, determinó que los planteamientos de la empresa “se encuentran mayormente asociados” a su estrategia jurídica dentro del juicio mercantil.
Continúa el litigio por el terreno de Lomas
El nuevo episodio ocurre dentro del juicio mercantil iniciado a raíz del contrato mediante el cual la UASLP arrendó en 2024 aproximadamente 46 mil metros cuadrados de terreno universitario en Lomas Cuarta Sección a Distribuidora VEM.
La Universidad solicitó en abril de 2025 la rescisión del contrato al señalar incumplimientos relacionados con el proyecto que debía desarrollarse en el predio, originalmente planteado como un centro deportivo. Al no concretarse la terminación del acuerdo por la vía negociada, el conflicto pasó a tribunales.
Desde entonces, ambas partes han presentado argumentos y documentos para sostener sus respectivas posiciones. La UASLP afirmó este miércoles que todos los contratos, anexos, especificaciones técnicas y calendarios de trabajo que ha aportado al juicio “son legítimos y constan en los antecedentes institucionales”.
La institución señaló que mantendrá su defensa dentro de los procedimientos judiciales y manifestó confianza en la investigación que corresponda realizar a la Fiscalía General de la República sobre los hechos puestos a su conocimiento.
