Por Victoriano Martínez
El deterioro de la infraestructura vial de la zona industrial y la búsqueda de su solución no es un problema nuevo y, aunque desde hace de diez años existen propuestas para enfrentarlo, lo único real es que el tiempo ha expuesto la falta de coordinación entre autoridades estatales y municipales hasta llegar al momento actual de evasión y señalamiento de culpas por parte el gobernador.
“Para la zona industrial todavía no existe ningún fideicomiso, es una propuesta de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, esta semana tenemos programadas reuniones con ellos, por supuesto que será una prioridad para el gobierno del estado”, con esas palabras, Gustavo Puente Orozco, secretario de Desarrollo Económico en 2015, asumía como parte de sus responsabilidades el rescate de la zona industrial.
Mencionaba la necesidad de coordinarse con los propios empresarios de la zona industrial y con las autoridades municipales para definir una solución integral entre todos. El tema era de coordinación, no de reparto de responsabilidades con señalamientos de culpas incluido.
“Nosotros vamos a tener que entrar a rescatarla, porque vemos muy lejana la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda o quiera entrar. Cobra predial a todas las empresas, pero no les da servicio. Es una tontería”, dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona el pasado 7 de julio, como si saliera al quite ante una irresponsabilidad de las autoridades municipales.
“Si nos dan entrada para invertir, nosotros vamos a tener que empezar ya a cobrar predial, no la capital, porque no tendría por qué cobrar la capital un servicio en la Zona Industrial que no está dando. Eso es definitivo”, agregó.
Oficioso, Héctor Serrano Cortés, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, aseguró estar en condiciones de modificar cualquier tema legal para hacer posible que el gobierno estatal cobre el predial, sin considerar que lo que tendría que modificarse es la Constitución federal, para lo que no les alcanzan las facultades a los diputados locales.
El caso es que la postura de Puente Orozco hace diez años resulta más congruente con la correspondencia que las autoridades municipales y estatales deben tener para con la zona industrial porque desde entonces no sólo se le tenía que retribuir ante el pago del impuesto predial, sino también por lo recaudado estatalmente por el impuesto sobre nómina.
Recientemente, Luis Gerardo Ortuño Díaz Infante, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), no sólo sacó a relucir esa deuda de correspondencia por parte de las autoridades municipales y estatales, sino que a los impuestos predial y sobre nómina incluyó uno más: el impuesto ecológico, que obliga aun más a corresponder al gobierno estatal.
Si Gallardo Cardona calificó como una tontería que el Ayuntamiento les cobre el impuesto predial a las empresas de la zona industrial, “pero no les da el servicio”, valdría la pena que dé a conocer el servicio que les presta a cambio de los impuestos sobre nómina y ecológico que él ha comenzado a cobrar.
La presión con la que Gallardo Cardona se evade sobre su propia responsabilidad de correspondencia por esos dos impuestos ha provocado que el alcalde Enrique Galindo Ceballos reviva aquella propuesta de un fideicomiso para atender a la zona industrial, aunque parece acotado a los recursos provenientes del impuesto predial.
Hasta el 30 de septiembre, el Ayuntamiento había recaudado por impuesto predial 449 millones 643 mil 991.26 pesos. Galindo Ceballos afirma que de esa recaudación 80 millones de pesos corresponden a pagos realizados por las empresas de la zona industrial y con ellos se podría inicia un fideicomiso para resolver el deterioro de su infraestructura vial.
En sentido estricto, se trata de una medida inequitativa y discriminatoria. ¿Acaso tendría que formar otro fideicomiso con los más de 369 millones que pagan los contribuyentes del resto de la ciudad para resolver el problema de los baches, que es tan grave como el de la zona industrial? ¿O un fideicomiso con lo que aporta cada colonia para que a la larga desparecieran los baches?
Para colmo, anuncia que se implementará un programa de descuentos de octubre a diciembre para incentivar a los contribuyentes empresariales. Generalmente esos programas de descuentos se aplican por estas fechas de manera generalizada, ¿qué necesidad tiene de hablar de incentivar a los contribuyentes empresariales?
Posturas que son un indicador de que se trata de medidas reactivas a una presión mediática y propagandística encabezada por Gallardo Cardona ante la que agacha la cabeza con un “sí señor, disculpe, no volverá a pasar”, en lugar de privilegiar la coordinación que potenciaría la capacidad para enfrentar el problema si le exigiera al gobernador “prestara el servicio” al que lo obliga el cobro de los impuestos sobre nómina y ecológico.
