Jaime Nava
Desde hace meses algo ocurre en el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT) y su director, Alejandro Ricardo Femat Flores, se niega a dar explicaciones. En abril del año pasado, a los académicos del Instituto se les avisó que se eliminarían los estímulos a la productividad; dicho de otro modo, que sus ingresos mensuales serían recortados, en el mejor de los casos, a la mitad.
El argumento que en ese entonces les ofreció Femat Flores fue que ya no contaban con recursos para realizar el pago de estímulos. Los investigadores del IPICYT se preguntaron –con justa razón- por qué se agotó la partida presupuestal a mediados de año si los recursos se planifican por año y no por semestre.
A los académicos inconformes se les dijo que si querían más dinero debían presentar proyectos productivos que se vincularan con el sector industrial para poder cobrarle a la iniciativa privada por asesorías. Lo que no se les dijo es que mientras a ellos se les exige generar sus propios recursos para completar sus ingresos, los recursos con los que cuenta el IPICYT se derrochan en servicios externos de asesoría que contratan.
Bajo el concepto “asesoría jurídica para dar seguimiento al expediente número 298/10 de la Junta Estatal de Conciliación y Arbitraje” se contrató, en febrero del 2015, al Bufete de Asesoría Laboral SC con domicilio en la calle Varsovia número 44 en la Ciudad de México y se le pagaron 204 mil pesos; también, en enero del 2016 el IPICYT le entregó otros 204 mil pesos y, posteriormente, en febrero del 2017, el despacho cobró 211 mil 200 pesos por el mismo concepto.
Aunque la contratación de abogados puede parecer intrascendente –y quizá hasta necesaria-, la realidad documental muestra que, contrario a lo que Femat Flores afirma, al IPICYT le sobra el dinero y por eso se dio el lujo de contratar los servicios jurídico-laborales de dos firmas de abogados. Al nada barato Bufete de la Garza SC. el IPICYT pagó 399 mil pesos en 2015; 271 mil 676 en 2016 y 285 mil 262 en 2017.
Los investigadores del IPICYT están por cumplir un año sin recibir los estímulos que completaban su salario mensual. Solo por poner un ejemplo: el sueldo base del titular del Órgano de Control Interno del IPICYT es de 8 mil 157 pesos, a la que se le suma una compensación de 39 mil 816 pesos resultando 47 mil 973 pesos.
Sin estímulos, la remuneración de los académicos es equivalente al valor de su sueldo base y nada más. Mientras, Alejandro Ricardo Femat Flores se lava las manos, culpa a la federación por los recortes presupuestales, despilfarra los recursos del IPICYT y, porque no podía ser de otra manera, cobra puntualmente más de 113 mil pesos al mes.
Agujeros
Por alguna razón a Juan Manuel Carreras no le preocupa consolidar el Sistema Estatal Anticorrupción porque del profundo agujero en el que ha convertido al Palacio de Gobierno no se asoma el marco normativo para permitir el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. Algunos calculan que el tema se resolverá a finales de abril; es decir, que los candidatos involucrados en actos de corrupción tendrán tiempo de sobra para alcanzar fuero y evitar alguna sanción. ¿A quién le está haciendo el favor? ¿Al diputado fantasma? ¿A los broncos? ¿A la ecuación corrupta? ¿A su vecino de enfrente?
Al agujero –o a la encarecida Tienda Universitaria- se irá el ridículo incremento salarial que aceptó Martha Lucía López Almaguer, lideresa del sindicato blanco de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. A través de un boletín de prensa el rector, Manuel Fermín Villar Rubio, presumió que “más de 3 mil académicos serán beneficiados” con el aumento del 3.4 por ciento. Para quien gana más de cien mil pesos mensuales es fácil festejar a nombre de quienes perciben un sueldo inferior. ¿Y la inflación?
