Iraís Valenciano
“Crea fama y échate a dormir”, reza un popular refrán que bien podría aplicar a la actual Legislatura, a propósito de la reforma constitucional que se encamina a una inminente aprobación y cuyo foco es la Fiscalía General del Estado.
La diputada del Partido del Trabajo, María Leticia Vázquez Hernández presentó el pasado 30 de julio, una iniciativa para detallar en el artículo 122 BIS de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, los requisitos para acceder a la titularidad de la Fiscalía General del Estado.
La argumentación de motivos para la citada reforma, en esencia, se lee atinada y bien sustentada, pero la suspicacia aparece cuando se presta atención a los detalles.
A diferencia de muchas otras iniciativas que permanecen atoradas -algunas desde octubre de 2024- la propuesta de Leticia Vázquez fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales en menos de 15 días, una celeridad que ya se ha visto antes en casos como la “Ley Serrano” y en iniciativas presentadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona para establecer nuevos impuestos, para la Reforma Judicial y hasta para permitir la venta de los palcos de la Arena Potosí.
Ayer, el Congreso del Estado publicó la Gaceta Parlamentaria con los asuntos que se votarán en el pleno durante la sesión programada para el próximo miércoles. La Gaceta incluye un dictamen con fecha del 6 de agosto de 2026, firmado por cinco de los siete integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, quienes dieron el visto bueno para regular con mayor claridad la designación de la o el titular de la Fiscalía.
Poca (por no decir, nula) información se tuvo respecto a la realización de esa supuesta reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales del 6 de agosto. No se convocó a medios de comunicación y en el sitio web del Congreso Local, en su apartado de “Agenda de actividades”, la última reunión reportada en el rubro de “Comisiones”, ocurrió el 11 de agosto de 2022.
El dictamen del 6 de agosto de 2026 incluía un artículo transitorio que le otorgaba a la actual fiscal, Manuela García Cázares, la certeza de que continuaría en el cargo y que la reforma no afectaría sus derechos adquiridos, pues no se aplicaría de manera retroactiva.
Algo pasó del 6 al 10 de agosto, que motivó una segunda reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para aprobar una nueva versión del dictamen, y en ella, el artículo transitorio que garantizaba la continuidad de García Cázares, simplemente, desapareció.
Ayer, ahora sí, se emitió un comunicado de prensa para informar que “Las y los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de requisitos para acceder a la titularidad de la Fiscalía General del Estado”.
¿Por qué en la Gaceta Parlamentaria aparece un dictamen con fecha anterior, si hasta ayer se votó el tema en comisión? ¿Cumplió la Comisión de Puntos Constitucionales el plazo establecido por ley para que el tema fuera agendado en la sesión del próximo miércoles? Y la pregunta más importante: ¿Qué ocurrió con el transitorio que le daba a García Cázares la certeza de que continuará en el cargo?
Varias versiones comenzaron ya a circular respecto a la intención oficialista de remover a la fiscal. Quizá sean solo eso, versiones, o como en otros casos, el Congreso del Estado esté acomodando el escenario y abriendo puertas para que desde otras oficinas tengan vía libre para actuar.
Ya ha ocurrido con otras reformas aprobadas por el Legislativo: aunque sus exposiciones de motivos sonaban loables, en la práctica sirvieron para intereses personales, políticos o de control.
La Fiscalía General del Estado, que en teoría es un organismo constitucional autónomo con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía presupuestal y de gestión, tiene muchos puntos negativos, es la realidad, pero que el Congreso pudiera estar preparando el camino para una salida forzada de García Cázares para acomodar un perfil totalmente “a modo”, sería otra mancha más en la ya de por sí percudida reputación de la Legislatura actual.
Con la fama que ya tienen, como dice de manera reiterada un diputado: “al tiempo”.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y maestra en Diseño Multimedia por la Universidad del Valle de México. Ha ejercido el periodismo desde 2004 en medios de comunicación impresos y digitales. A partir del 2017 se incorporó a la plantilla docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
