Por Victoriano Martínez
Si la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) se queda sin sede, se instala en oficinas prestadas y comienza a desmantelarse previo a su extinción formal resulta anecdótico.
Que por un supuesto mantenimiento de la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) se anule el derecho de acceso a la información pública en la modalidad de difusión de oficio a través de las llamadas obligaciones de transparencia tiene más visos de una negligencia en perjuicio de ese derecho que una previsión para garantizar el servicio.
El pasado 6 de octubre, la CEGAIP publicó vía Facebook un aviso en el que informó de labores de mantenimiento de la PET que concluiría la noche del 11 de octubre y para el día siguiente el sistema se encontraría en operación.
Un aviso que, a pesar de implicar que por una semana no se podría acceder a la información pública que los sujetos obligados deben difundir de oficio, una mutilación temporal a una modalidad del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, no identificaba si se trató de un acuerdo del Pleno del organismo, de la presidencia o de qué instancia.
Este martes, al segundo día sin funcionar después de haber concluido el periodo que habían previsto para el mantenimiento, sin mayor explicación, la CEGAIP renueva su aviso y ahora establece que el mantenimiento se realizaría del 5 al 19 de octubre, como si el primer aviso no hubiera existido.
Se trata de un aviso idéntico palabra por palabra en el que sólo le cambian las fechas. Así la ligereza para mutilar el ejercicio de un derecho por parte de los comisionados del organismo que debería garantizarlo.
Simplemente la posibilidad de poder acceder a información pública que forma parte de las obligaciones de transparencia se elimina sin que se le ofrezca una alternativa a la población, a la que ni siquiera se le toma en cuenta en el aviso.
Tras señalar el periodo fuera de servicio, se señala que “durante dicho periodo no será posible realizar las acciones correspondientes a la publicación, actualización y demás actividades relacionadas con las obligaciones de transparencia” y se omite indicar que lo mismo pasa con la imposibilidad de consultar la información ya publicada.
Si no se menciona ese aspecto, mucho menos se plantea alguna alternativa posible para que la población pueda consultar esa información porque el aviso está especialmente dirigido a los sujetos obligados, que son a quienes más ha favorecido la CEGAIP en sus actitudes de opacidad.
“Con la finalidad de garantizar el adecuado cumplimiento de las obligaciones de transparencia y otorgar a los sujetos obligados el tiempo necesario para realizar las acciones correspondientes una vez restablecido el funcionamiento de la Plataforma Estatal de Transparencia, se determina ampliar el plazo referido, estableciendo como nueva fecha límite el día 26 de octubre de 2026”.
Con esa facilidad la CEGAIP (¿acuerdo del pleno?) les da 16 días adicionales a los sujetos obligados para que cumplan la difusión de oficio que en su mayoría suelen simular, porque saben que los comisionados y verificadores del organismo se hacen de la vista gorda. ¿Qué garantiza que el 19 o 20 no vuelvan a ampliar el plazo de la mutilación?
En su auto desmantelamiento previo a su formal extinción la CEGAIP exhibe ya sin ningún recato la que fue la actitud prevaleciente en su corta vida: privilegiar el interés de los sujetos obligados –más cargado a la opacidad–, que la defensa y atención a los derechos de la población de acceder a la información pública.
Allanada la CEGAIP en oficinal de la Contraloría Estatal como indicador de su nula autonomía, el agonizante organismo autónomo anticipa la opacidad que se puede dar a partir de su completa extinción y sustitución por un órgano adscrito a esa dependencia… a menos que se logren leyes secundarias con candados efectivos que lo eviten.
Sería excesivamente inocente esperarlos de los actuales diputados. He ahí el verdadero tamaño del riesgo de que la opacidad consolide sus reales en este sexenio, no porque desaparezca la CEGAIP, sino porque ella misma ha comenzado a marcar un camino de poco respeto a la población y su derecho de acceso a la información pública.
