Por Victoriano Martínez
Después de 2 mil 606 días de protestar en contra de la operación de la planta de Calidra “El Zacatón”, instalada en una zona de uso habitacional sobre la carretera Rioverde, y de haber promovido dos juicios administrativos y un amparo, los vecinos de la contaminante calera vieron resultados: el Ayuntamiento la clausuró por no contar con licencia de funcionamiento.
Tuvieron que pasar siete años con un mes y medio y tres alcaldes después de Mario García Valdez, quien abrió la puerta a la calera, para que finalmente la autoridad municipal tomara una medida favorable para los habitantes de la zona, pero que de ninguna manera se puede considerar definitiva porque se mantiene latente la posibilidad de que vuelva a operar.
El 28 de febrero de 2013, hace diez años y medio, se comenzó a gestar el problema de contaminación para los vecinos de las colonias afectadas como Residencial La Florida, Bosques de La Florida; Bugambilias, Granjas de La Florida; así como de la comunidad de Santa Rita, Los Gómez, Villa de Pozos, Jassos y Real del Potosí: el Cabildo aprobó el cambio de uso de suelo.
Para el 8 de abril de 2015, a poco menos de medio año de dejar el cargo, el ex alcalde Mario García Valdez emitió las licencias de uso de sueldo y de construcción, que permitieron a Calidra realizar una inversión por 200 millones 800 mil pesos.
Para el mes de febrero de 2016, los vecinos afectados presentaron el primero de dos juicios ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA), y ante la falta de respuesta tanto de esa instancia como del Ayuntamiento encabezado por Ricardo Gallardo Juárez, realizaron su primera manifestación pública el 4 de julio de ese mismo año.
Aún no se resolvían los dos juicios ante el TEJA, cuando Gallardo Juárez reforzó la operación de Calidra con una nueva licencia de uso de suelo emitida el 29 de septiembre de 2018, un día antes de dejar el cargo. Poco importaron las demandas de la población, les dio la espalda y los condenó a padecer la contaminación.
Lejos de atender las demandas de los vecinos afectados por Calidra, el Ayuntamiento encabezado por Xavier Nava Palacios, encontró pretextos para que se mantuviera en operación.
Comenzó por tener reuniones con los directivos de la empresa en las que pretendieron marginar a los vecinos, decirse amenazados por la empresa con demandas, y asegurar que la empresa se encontraba en proceso de acreditación.
Aunque a fines de julio de 2019 el TEJA anuló la licencia de funcionamiento, Nava Palacios se limitó a decir que revisarían el tema conforme a la ley y las resoluciones judiciales que se emitan. Nada pasó.
Una de las irregularidades en las autorizaciones a Calidra fue que desde 2003, en el Plan del Centro de Población Estratégico San Luis Potosí–Soledad De Graciano Sánchez, la ubicación de la calera se encuentra dentro de una zona habitacional, situación que no se modificó con los Programas de Desarrollo Urbano que sustituyeron a aquel el 27 de abril de 2021.
La primera reacción del alcalde Enrique Galindo Ceballos ante los vecinos afectados se dio con el pie izquierdo. No les concedió una audiencia que le solicitaron el 12 de enero de 2022, lo que obligó a los inconformes a promover un amparo que se resolvió a su favor, a pesar de recursos interpuestos por la autoridad municipal.
Como resultado de la sentencia del amparo, el pasado 20 de julio los vecinos inconformes se reunieron con Jorge Daniel Hernández Delgadillo, secretario general, quien se comprometió a llevar a cabo una inspección en el momento en que los vecinos de la zona detectaran actividades ilícitas por parte de la planta, habilitando incluso días y horarios no hábiles.
El pasado 25 de julio, Mariana de Pablos publicó en Astrolabio Diario Digital un amplio reportaje sobre el caso, en el que da cuenta del incumplimiento en varias ocasiones del compromiso hecho por Hernández Delgadillo, lo que representaba una réplica del cuarto de los cinco puntos clave en la operación ilegal de Calidra:
- Calidra no tiene licencias ni permisos para funcionar; 2. Hay evidencias de que la planta opera ilegalmente; 3. Los daños a la salud y al medio ambiente: 4. Las omisiones por parte de las autoridades municipales, 5. Un amplio historial de irregularidades.
Todavía el pasado 3 de agosto, el director de Comercio Municipal, Jorge García Medina, negaba que pudiera haber una operación irregular de Calidra. Quizá porque Cal Química Mexicana, S.A de C.V. realizó dos pagos el pasado 9 de febrero por concepto de “servicio de licencia y refrendo venta de bebidas alcohólicas de baja graduación” (recibos de entero PR000002998 y PR000002961).
Finalmente, este miércoles 23 de agosto se realizó la inspección comprometida por Hernández Delgadillo, que dio como resultado la clausura de la planta, una medida anhelada y promovida por los vecinos afectados desde hace 85 meses y medio.
Galindo Ceballos marcó así una diferencia con sus tres antecesores (Nava Palacios, Gallardo Juárez y García Valdez), quienes de uno u otro modo le prestaron más un servicio a Calidra que a la población. Ahora le queda mantenerse en esa línea e impedir que la empresa consiga volver a operar, además de considerar posibles sanciones.
Una historia más en la que es el reclamo ciudadano persistente el que le marca a la autoridad la ruta que debe seguir en sus determinaciones… Hay más expedientes abiertos en ese sentido ante otras acciones insensibles que por parte de distintas autoridades se tratan de imponer. Una de cal… pues.
