Jaime Nava
El último eslabón que necesita Ricardo Gallardo Cardona para completar su cadenita de impunidad está a punto llegar como regalo de parte del Congreso del Estado y el gobernador, Juan Manuel Carreras López, quien decidió incluir en una de las ternas para designar como magistrada del Supremo Tribunal de Justicia del Estado a su abogada: Silvia Torres Sánchez.
Aunque no se han atrevido a decir los nombres públicamente, en las últimas semanas algunos diputados han reconocido que integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo negocian cargos a cambio de los votos necesarios para autorizar al gobernador la venta de los terrenos en donde finalmente no se llegó a instalar la armadora de vehículos Ford.
En privado, diputados sí platican que una de las magistradas electas será Silvia Torres Sánchez, cuyo nombre habría sido puesto sobre la mesa gracias a la intervención de un cándido legislador durante la subasta de voluntades –acto al que elegantemente llaman cabildeo- entre las veintiséis rondas de votación que hicieron falta para designar a la titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Si de algo carece Silvia Torres Sánchez –y debería ser motivo suficiente para no ser electa- es de imparcialidad, característica fundamental que deben tener los integrantes del Poder Judicial, especialmente jueces y magistrados.
Cualquiera que se dé una vuelta por la calle de Vallejo, entre Mascorro y Carlos Diez Gutiérrez, se encontrará con lonas del candidato a la gubernatura por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) colgadas del portón donde se ubica TORSA ABOGADOS, despacho propiedad de los hermanos Silvia y José Guadalupe Torres Sánchez, éste último, además de haber ocupado diversos cargos en las administraciones gallardistas, es hoy candidato de dicho partido a una diputación federal por la vía plurinominal.
Como diputado local, José Guadalupe Torres Sánchez se vio involucrado en el escándalo de blanqueo de cuentas públicas conocido como “ecuación corrupta” y fue uno de los principales impulsores de la modificación que el entonces alcalde de la capital, Ricardo Gallardo Juárez, intentó para que el Congreso le autorizara incrementar el costo del contrato para la instalación de luminarias con la empresa Panavi de 1,200 a poco más de 1,400 millones de pesos.
De concretarse la elección de Silvia Torres, no hay duda de que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado estará –más de lo que está actualmente- en manos de la gallardía hasta, por lo menos, el 27 de mayo del 2027, con todo lo que ello significa y, para muestra, un caso:
Con Ricardo Gallardo Juárez como presidente municipal de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios (Interapas) sus empleados participaron en la contratación de la empresa Ibarrola y Oseguera S.A. de C.V.
El contrato fue firmado el 8 de junio de 2017 con el objeto de brindar asesoría legal, contable y fiscal, para la gestión y trámites con referencia al correcto cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3-B, de la Ley de Coordinación Fiscal, respecto de los ejercicios fiscales comprendidos entre el 2012 y 2017; en términos simples, la empresa tenía la tarea de realizar gestiones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) con la finalidad de lograr la aplicación de beneficios fiscales en materia del impuesto sobre la renta, derechos y aprovechamientos, es decir, recuperar recursos a favor del organismo.
Como contraprestación por sus servicios, se pactó el pago del 32% sobre las cantidades que efectivamente fueran devueltas o recuperadas a favor de Interapas; sin embargo, la empresa no logró obtener ningún beneficio y, a pesar de ello, le pagaron indebidamente tres millones 962 mil 974 pesos con 32 centavos.
Esta y muchas otras irregularidades fueron detectadas por la actual administración y denunciadas ante la Fiscalía General del Estado. En las denuncias por los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades figuran los nombres de Alfredo Zuñiga Hervert, Mario Alberto Ibarra Guerrero, Salvador González Martínez, todos ellos vinculados a los Gallardo.
La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación y, luego de su integración, el pasado 1 de diciembre del 2020 solicitó fecha al Poder Judicial del Estado para llevar a cabo la audiencia inicial ante un Juez de Control con la intención de imputar a los ex funcionarios de Interapas.
Están a punto de cumplirse seis meses y, con el argumento de una supuesta “excesiva carga de trabajo”, se han negado a dar fecha para celebrar la audiencia; no obstante, fuentes al interior del Centro de Justicia Penal aseguran que la falta de programación de audiencia, contraria al principio de celeridad procesal, se debe a que han recibido instrucciones de “retrasar todos los asuntos penales relacionados con los Gallardo”.
Si así avanza la impunidad, ¿se imaginan cómo será si la abogada de Gallardo se convierte en magistrada?
Ayer, a unos días de que concluyan las campañas y más a fuerzas que de ganas, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Francisco Aguilar, salió a dar una rueda de prensa para advertir que Ricardo Gallardo Cardona representa “un inminente peligro” para San Luis Potosí. Cinco meses tardó en darse cuenta.
Mañana, cuando las ternas de magistrados sean votadas por el Pleno del Congreso, veremos si los panistas y priístas enserio quieren evitar el “inminente peligro” o si nada más salieron a posicionarse en contra de Gallardo para sumar votos de indecisos.
Los diputados de las bancadas del PRI y PAN son quienes pueden evitar que la abogada del “pollo” se convierta en magistrada o, ¿acaso no son capaces de ver ese “inminente peligro”?
