Una reforma “cachirul” contra la movilidad

Por Victoriano Martínez

A las 11:00 horas del martes 24 de septiembre se registraron dos hechos significativos para la movilidad de los potosinos en transporte de alquiler, sean taxis o servicios de plataformas electrónicas como UBER.

En la oficina de la Coordinación Parlamentaria del Congreso del Estado se le puso el sello de recibido al oficio CCT/LXII/075, firmado por la diputada Alejandra Valdez Martínez, mediante el que remite correcciones al dictamen que reformó la Ley de Transporte Público en materia de plataformas electrónicas de autos de alquiler.

En sentido estricto, el documento llegó tarde para ser incluido en la Gaceta Parlamentaria para la sesión de este jueves. El artículo 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la Gaceta “se publicará en el portal del Congreso y enviará, vía electrónica, a los legisladores, con cuarenta y ocho horas de anticipación a las sesiones plenarias”.

Dicho de otra forma, por una hora ese dictamen se coló de cachirul para la sesión en la que fue aprobado. ¿Hasta dónde incumplir ese requisito lo puede invalidar? ¿Por qué la urgencia de incorporarlo a la sesión de este jueves como adendum en la Gaceta?

La Gaceta Parlamentaria formal, publicada una hora antes de la llegada del documento enviado por Valdez Martínez, incluyó otro dictamen relacionado con el mismo tema: la reforma al quinto párrafo del artículo 360 Bis, del Código Penal.

Con esta reforma, prestar sin concesión, permiso o autorización servicio de transporte público de pasajeros pasa de ser un delito que se perseguía “por querella del usuario o persona que se vea afectada” a perseguirse de oficio.

Pareciera que complicar los requisitos para la operación de autos de alquiler adheridos a Empresas de Redes de Transporte (plataformas electrónicas) que, en automático, convierte en irregulares al 99 por ciento de los autos afiliados a UBER, según reportó la empresa en un comunicado, era urgente que se aprobara en la misma sesión en la que tal circunstancia se perseguirá de oficio.

El segundo hecho registrado alrededor de las 11:00 horas del martes 24 de septiembre se dio frente a la Alameda Juan Sarabia, sobre Manuel José Othón a unos metros de Constitución.

Inspectores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes confundieron a un vehículo particular con un UBER –¿cuántas veces ha pasado eso? – y comenzaron el procedimiento para arrastrarlo con grúa, de no ser porque la mujer que descendió del auto regresó para protestar porque era su esposo quien la llevó y comenzó a grabar con su celular a los inspectores que, ante eso, se retiraron.

Confusiones como esa resultan demasiado frecuentes y llegan a grados extremos que incluyen agresiones físicas hoy que esa falta no se persigue de oficio, sino “por querella del usuario o persona que se vea afectada”.

Confusiones que presagian un clima adverso, no sólo para los conductores de UBER, sino para cualquiera que circule en un vehículo cuyo valor sea equivalente a las cuatro mil 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA) o 350 mil 633 pesos.

Si su auto tiene un valor superior a 350 mil pesos, dentro de 90 días deberá tener cuidado al trasladar a algún pariente o amigo de un lado a otro, porque podría ser confundido con UBER o similares, y ser molestado por despistados inspectores de la SCT y hasta de la Fiscalía General del Estado.

A las 11 de la mañana del martes 24 de septiembre se coló de cachirul una reforma legal que reducirá casi al 100 por ciento el número de vehículos que utilizan los más de 230 mil potosinos que ya descargaron la aplicación de UBER, cual si se buscara obligarlos a volver al taxi tradicional.

A las 11 de la mañana del martes 24 de septiembre ocurrió un incidente que muestra el alto riesgo de que se vuelvan aún más frecuente en perjuicio de automovilistas particulares, con riesgos hasta de ser víctimas de inspectores violentos.

Ni duda cabe: diputados e inspectores (encabezados por un Fernando Chávez Méndez, titular de la SCT, que celebra las futuras persecuciones de oficio) enfocados en dificultar y volver riesgosa la movilidad de los potosinos.

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