Alejandro Rubín de Celis
Las denuncias presentadas contra periodistas, creadores de contenido digital y defensores de derechos humanos, y el encarcelamiento de tres personas por el presunto uso indebido de inteligencia artificial y otros delitos, ha escalado en poco tiempo a niveles que seguramente nadie imaginó. En las últimas tres semanas, los hechos y pronunciamientos relacionados con el caso se han colocado de manera relevante en la agenda pública a través de medios informativos nacionales e internacionales, redes sociales digitales y posicionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas.
Las omisiones y contradicciones de autoridades locales de los tres poderes del Estado mantienen en la incertidumbre a las personas acusadas y a posibles nuevas víctimas de la llamada Ley Serrano, una reforma al Código Penal del estado diseñada para acallar las voces críticas contra la gallardía, y es tiempo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelve aún la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace más de cinco meses.
Productoras y productores de contenido, ya sea periodístico o de otra naturaleza, como es el caso de Roxana Hernández Herrera, Anahí Torres González y Juan Pablo Moreno Rodríguez, que forman parte de una lista de 10 personas con carpetas de investigación abiertas, han expresado su temor a ser declarados culpables de delitos que ni siquiera conocen con precisión, y hasta de ser encarcelados, como ya sucedió con las creadoras de contenido, Eréndira Reyes Aguillón y su hija Alejandra Hermosillo Reyes (denunciadas por la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, de acuerdo con una nota publicada en el periódico El País, medio que tuvo acceso a la carpeta de investigación), quienes ya han sido liberadas pero de manera condicionada, después de dos semanas de encierro.
El caso del periodista Juan Pablo Moreno resulta inaudito, ya que fue citado a declarar por la Fiscalía el pasado miércoles 10 de junio, a pesar de que la fiscal del estado, Manuela García Cázares, declaró previamente que ya no había carpetas de investigación en contra de periodistas y comunicadores. No solo eso, el director de la revista La Noticia atendió al citatorio acompañado de su abogada Natalia Castillo, y el Ministerio Público (MP) les dijo que “esa diligencia quedó sin efecto”, para finalmente informarles que la audiencia se posponía hasta nuevo aviso. Por lo visto, la gallardía y sus cómplices institucionales han generado una situación que se les ha salido de control.
A fuerza de exigirle al MP que les mostrara el documento de la denuncia, ambos se enteraron de que el denunciante es el diputado Héctor Serrano (operador político del gobernador del estado), quien acusa a Moreno Rodríguez de extorsión y delitos digitales, según pudieron constatar el periodista y la abogada al revisar el documento. La razón por la que se acusa al comunicador, es haber publicado una nota en la que demuestra, con datos oficiales, el saqueo de recursos públicos provenientes de los parques Tangamanga, por un monto de 25 millones 30 mil 993 pesos en beneficio de medios de comunicación propiedad del legislador.
Desde las detenciones de tres comunicadores, incluido Christian Herrera, del portal Código Rojo, quien todavía permanece en la cárcel, han salido a relucir diversos presuntos delitos, no todos los cuales tienen que ver con el uso indebido de inteligencia artificial, y ha sido ampliamente documentado que, sean o no supuestas infracciones con IA por los que se les acusa, el propósito de la Ley Serrano es amedrentar y perseguir a voces incómodas.
Con fundados argumentos esgrimidos por organizaciones reconocidas a nivel nacional e internacional como Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y la Red Nacional de Periodistas, en el sentido de que se trata de una reforma ambigua cuya interpretación a conveniencia favorece la persecución contra periodistas, activistas, y comunicadores, queda claro que la reforma al Código Penal del estado, aprobada en noviembre pasado, fue elaborada con el fin de intimidar a quienes han ejercido la crítica en contra del gobernador Gallardo Cardona y de sus más cercanos, entre ellos Ruth González Silva (aspirante a sucederlo en la gubernatura) y el diputado Héctor Serrano Cortés, a quien se debe la cuestionada modificación legal.
La gran pregunta ahora es: ¿declarará la Suprema Corte inconstitucional la Ley Serrano? El tiempo corre y nada se sabe al respecto. Han transcurrido ya más de cinco meses. La acción de inconstitucionalidad apareció en la lista de notificaciones de la Corte el 19 de diciembre pasado. Dados los sólidos argumentos presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relacionados con esta impugnación, es previsible que la SCJN eche abajo la reforma al Código Penal de San Luis Potosí y, una vez más, el Congreso del Estado quedará en ridículo por hacer leyes y reformas técnicamente deficientes o elaboradas para favorecer proyectos políticos; o bien para evitar, como en este caso, la crítica a los abusos y excesos de la gallardía.
Ahora bien, si se deroga la Ley Serrano, ¿cómo harán el Congreso y la Fiscalía para reparar el daño causado a los indiciados y encarcelados, quienes ya se han visto seriamente afectados en lo personal y, en algunos casos, también en lo profesional?
La otra posibilidad, aunque muy remota, es que la SCJN deseche la impugnación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y entonces sí, que Dios agarre confesadas a las posibles víctimas. Sería darle carta abierta a funcionarios y fiscales para perseguir y criminalizar, a contentillo (como ya lo han demostrado), cualquier ejercicio relacionado con la libertad de expresión y de una de sus muy importantes vertientes: la libertad de prensa.
Es comprensible que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga infinidad de casos por resolver, pero este atentado contra la libre expresión, que día a día aumenta la zozobra y el peligro que enfrentan periodistas, comunicadores, activistas y creadores de contenido, y que ya debe ser ampliamente conocido por magistrados y ministros de la Corte, merece ser considerado como una prioridad para ser desahogado lo más pronto posible.
Toca a la CNDH, a organizaciones defensoras de derechos humanos y periodistas, y a la sociedad en su conjunto, ejercer una fuerte presión para que esto suceda, usando todos los medios a su alcance (redes sociales digitales, cartas a magistrados y ministros, manifestaciones en la sede del Poder Judicial Federal) para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice y resuelva la acción de inconstitucionalidad a la brevedad.
La plena vigencia de la libertad de expresión en San Luis Potosí, en todas sus formas y modalidades, está en juego. La resolución judicial no puede esperar más.
