Astrolabio

Por Victoriano Martínez

El 11 de febrero de 2019, José Gerardo Zapata Rosales, como presidente de la Comisión de Transparencia del Cabildo de Soledad de Graciano Sánchez, aprobó junto con otros seis integrantes del Comité de Transparencia de ese municipio el acuerdo de reserva 21/2019.

“El estado de fuerza que guarda la Corporación contenida dentro de la gestión del actual Gobierno, así como de la existente en el ejercicio previo inmediato”. Así se describe en el acuerdo de reserva los datos a mantener protegidos por cinco años, es decir, hasta el 11 de febrero de 2024.

Para atender la solicitud de información 00735221, en la que requerían saber por qué la mayoría de las patrullas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez no porta placa y a cuántas patrullas se ha infraccionado por ese motivo, la autoridad –ahora con Zapata Rosales como alcalde interino– utilizó, el pasado 14 de septiembre, el acuerdo de reserva 21/2019 para negar la información.

A la luz del manejo de información sobre corporaciones policiacas de los últimos días y las contradicciones en la propia respuesta a la solicitud de información con el acuerdo de reserva, la exhibición de un uso convenenciero de las obligaciones que marca la Ley de Transparencia, por manipulación o por ignorancia, muestran los altos riesgos de opacidad en el sexenio que inicia.

“Aunque pareciera que puede ser proporcionada a cualquier ciudadano estos datos estadísticos, seria revelar el total de servidores públicos operativos con los que cuenta la Dirección de Seguridad Pública Municipal”, señaló el Ayuntamiento en su respuesta a la solicitud 00735221 como justificación para aplicar el acuerdo de reserva y negar la información.

En su afán de ocultamiento, lejos de aportar un argumento que respalde la aplicación del acuerdo de reserva lo que les salió fue una confesión de que o la totalidad del personal operativo maneja patrullas sin placas o todos han sido infraccionados o ambas cosas.

En el acuerdo de reserva firmado por Zapata Rosales se argumenta que proporcionar el número de policías podría “ocasionar que la efectividad de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se vea mermada para desempeñar su función de mantener el orden y la paz pública, debido que al otorgarse la información ya señalada se puede utilizar para fines criminales”.

Zapata Rosales es hoy el responsable de la comunicación social del gobierno que encabeza Ricardo Gallardo Cardona quien, desde cuando aún tenía la calidad de gobernador electo y hasta ahora, ha sido insistente en afirmar que el Estado cuenta con entre 4 mil y 4 mil 700 policías y sólo mil “cuidan a los potosinos”.

En la lógica de Zapata Rosales, en aquel acuerdo de reserva, las declaraciones de Gallardo Cardona provocan más daño a la sociedad que evitar hacer pública esa información. Es más, el gobernador pone en riesgo las estrategias de seguridad y atenta contra el propósito “de proteger la integridad, estabilidad y permanencia del estado”.

Peor aún. Gallardo Cardona reveló la integración de un grupo táctico de élite, tipo SWAT, con 200 militares muy entrenados, que para fin de año se espera que se cuente con 400 elementos. Casi pitazos para que los criminales tomen sus precauciones, advertiría el Zapata Rosales del acuerdo de reserva.

En la nueva lógica de Zapata Rosales, como responsable de la comunicación social del nuevo gobierno entendida más como área de promoción de imagen, las revelaciones de Gallardo Cardona benefician un clima de aceptación de la sociedad al nuevo gobierno, lo que justifica plenamente el posible daño que en el acuerdo de reserva se argumentó.

Total, si el daño es posible, también puede ser “no posible”. Y como en este momento lo que le resulta más útil a su gobernador es la proyección de una imagen de justiciero contra los malos gobiernos de los últimos 90 años, su lógica cambia.

Entre los datos negados en la solicitud de información 00735221 y los insistentemente revelados por Gallardo Cardona, lo único que se ve con total transparencia es la manipulación de la información pública para favorecer sus fines particulares, sin importarles violar el derecho de acceso a la información pública.

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