Adriana Ochoa
A la presidenta Claudia Sheinbaum la habita un dilema pragmático, digno de la “cabeza fría” que ella recomienda. Por un lado, mantiene un discurso inflexible contra la corrupción estructural, el derroche y el arribismo frecuente en nuestra clase política. Por el otro, opera un manto de protección pragmática sobre la destorlongada familia de la llamada Cuarta Transformación.
Sabe que la economía mexicana está atada a Washington por el cordón umbilical del tratado comercial. Frente a Estados Unidos, las bravuconadas ideológicas no frenan aranceles ni detienen deportaciones masivas.
Los datos no mienten, pero las percepciones pesan más. Mientras el discurso oficial insiste en la austeridad republicana, los ciudadanos observan que seguramente a México le va mejor… desde que los hermanos López Beltrán viven en mansiones texanas con piscina, compran en Prada y comen cortes laminados en oro de 24 quilates. No son los únicos incongruentes.
Hoy, es público que legisladores morenistas que juraron lealtad al pueblo no se bajan de la clase premier aérea. El contraste entre la narrativa oficial y la realidad material lo llevan ellos mismos a la categoría de inocultable. Y encima de eso, la exigencia del gobierno de Trump para que México entregue a políticos sospechosos de patrocinio narco.
La cantaleta ideológica de Sheinbaum muestra un punto ciego preocupante. Atribuir cada crítica a la oposición o al gobierno de Trump es simplista. Millones de mexicanos observa sin castigo los excesos de los hijos del expresidente López. Y no hallan explicación para el evidente control de amplios territorios del país a manos del crimen organizado. No gusta que se los venga decir la diputada española Cayetana Álvarez de Toledo, pero el ejercicio de la soberanía debe empezar por casa.
El descontento social no se alimenta de abstracciones teóricas, sino de agravios diarios. El ascenso de una meteórica oligarquía vinculada al huachicol, protegida y conectada con aduanas y gobiernos de la 4T, genera profunda indignación. Los contratos de obras millonarios asignados directamente a amigos del régimen quitan legitimidad a la retórica gubernamental.
A los ciudadanos comunes no les importa el tamaño del Estado. Les importan, casi exclusivamente, los resultados tangibles en su vida cotidiana. De nada sirve presumir soberanía si los servicios de salud pública resultan eternamente deficientes. O si la seguridad pública actual se reduce a un mero ejercicio discursivo.
El territorio, los pueblos, las ciudades donde la gente trabaja y emprende, sufre bajo las mafias. La extorsión y el cobro de piso controlan economías locales completas. Despedazar el Poder Judicial y darle un origen disque “democrático” tampoco ha reducido la inoperancia de la justicia en México.
Llamar a defender la incongruencia, la disfuncionalidad y la corrupción bajo la bandera de la patria es indefendible. Sheinbaum, cuya austeridad personal es real, enfrenta una encrucijada compleja. No protege a estos personajes por convicción ciega en sus méritos. Lo hace por algo que los taurinos denominan con precisión “vergüenza torera”.
Esa vergüenza implica mantener la frente en alto ante la adversidad. Mantenerse dignos y honorables a pesar de estar teniendo una mala actuación en la plaza; hay que continuar en la arena hasta que acaban la faena. Significa cumplir el deber profesional. Se entiende como un sentido extremo de dignidad, incluso cuando un pitonazo alcanzó el traje y dejó medio expuesto el derrière.
No es la 4T el único gobierno donde la congruencia se evapora y el blablablá es puro vacío. En San Luis Potosí, el gobierno confunde autoridad con el abuso sistemático. Los ocho juzgados federales y los tribunales acumulan diariamente demandas de jubilados estatales contra la Dirección de Pensiones de Gobierno del Estado. Los promoventes exigen el pago de sus prestaciones de salida laboral, entre 700 mil y un millón de pesos.
La razón detrás de estos juicios de amparo es idéntica. El Estado retiene prestaciones de salida laboral esenciales para el retiro digno. Las escamotea. Apuesta a que los jubilados se mueran para no pagar. Los afectados deben invertir recursos propios para presionar legalmente a la autoridad.
La actividad legislativa local exhibe también serias deficiencias técnicas de fondo. La Suprema Corte de Justicia suele corregir iniciativas potosinas mal diseñadas. Una oposición timorata y debilitada es incapaz de frenar tales atropellos legales.
El caso más reciente involucra la polémica y restrictiva Ley Serrano, llamada así en honor del diputado que la creó, Héctor Serrano Cortés, ex secretario general de la CDMX. Diseñada supuestamente contra el uso indebido de inteligencia artificial, derivó en la detención de comunicadores y críticas en medios nacionales.
Artículo 19 denunció una posible persecución judicial y “acoso judicial” contra periodistas y comunicadores en SLP. Enlistaron además por al menos ocho órdenes de aprehensión adicionales (totalizando alrededor de 10-11 personas. A su manera de ver, en las reformas de IA se Serrano abren la puerta a criminalizar la difusión de información crítica, con efectos de censura previa y autocensura.
La fiscalía local negó la existencia de once comunicadores bajo investigación penal activa. Sus propias notificaciones oficiales desmintieron de forma contundente su versión.
Excarceladas dos detenidas, la Ley Serrano sirve ahora para imponer criterios oficiales sobre quién califica verdaderamente como periodista. Los medios nacionales identificaron de inmediato el riesgo de censura implícito. El gobernador responde que respalda el uso de un criterio oficial para descalificar portales y a quienes los hacen.
El discurso gallardista se llena la boca con la narrativa de un San Luis que es mejor desde Gallardo gobierna. Todo lo que no le sale, las críticas, lo que chirría y no funciona, es cuestión de un pasado que, a cinco años, su administración no logra superar: “la maldita herencia”. Lo hilarante es que, a su gobierno, a su maquinaria política, ha incorporado a los alcaldes del PRI y el PAN, a diputados de AN, a viejos cacicazgos de décadas en los municipios, a exfuncionarios priistas y hasta al secretario general de su antecesor.
“La herencia maldita” a la que alude, y que ya forma buena parte de su gobierno, es un mantra como el de los toreros que echan la culpa de la tarde que no ha salido al viento en la plaza o a la arena del ruedo.
ROLLOS SUELTOS
LA VÍA QUE VIENE. La Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado precisa que será la Secretaría de la Defensa Nacional la que se encargará tanto del trazo como de la ingeniería básica del subtramo del tren Querétaro-San Luis, 205 kilómetros. Una vez definido el trazo, vendrá la expropiación de predios necesarios y los montos de indemnización, tasada por el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales (INDAABIN). Hay tema de interés para núcleos agrarios y propietarios, rurales y urbanos. Y definida la ingeniería básica, seguirá la licitación de la obra.
EL TREN PASA PRIMERO. Trazo y obra no son lo único. Con todo ello se requieren estudios de impacto, estudios urbanos, asambleas, consultas sociales y diagnósticos sobre derecho de vía y, muy importante, planeación con gobiernos, ayuntamientos y concesionarios. Agenden, porque luego en estos mimbres pasa en SLP que las obras se aplazan o de plano se pierden.
AY, EL IMSS. A la Delegación del IMSS no se le mueve de su política del avestruz por nada del mundo. Los temas de agresiones al personal, derechohabientes enojados, zafarranchos y hasta sujetos depravados que colocan camaritas en los baños de personal femenino se le han ido acumulado sin solución. Y no asuma la nariz.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Adriana Ochoa es periodista desde 1988. Actualmente es directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y docente titular de Organización Política y Ciudadanía.
