Fernanda Durán
La Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado aprobó este lunes un dictamen que reforma la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de establecer mecanismos para garantizar la continuidad de la presidencia del órgano jurisdiccional ante vacantes de magistraturas y proteger su patrimonio frente a medidas judiciales o administrativas.
La iniciativa fue presentada el pasado 9 de junio por el diputado local Héctor Serrano Cortés y modifica los artículos 7 y 21 de la legislación. El dictamen fue avalado por mayoría en comisión y se prevé que sea sometido a votación del Pleno este martes.
Uno de los cambios propuestos se refiere a la elección de la presidencia del Tribunal Electoral. Actualmente, la ley establece que la presidencia debe ser rotativa y elegirse durante la primera semana de enero del año correspondiente.
Con la reforma, se elimina esa disposición y se mantiene únicamente que las magistraturas integrantes del Pleno elegirán de entre ellas a quien ocupe la presidencia por un periodo de dos años, sin posibilidad de reelección inmediata.
Además, se incorpora un mecanismo para que cuando la persona que ocupe la presidencia esté próxima a concluir el periodo para el que fue electa como magistrada o magistrado, el Pleno pueda reunirse durante el mes previo a la terminación de ese encargo para designar a quien asumirá la presidencia por los siguientes dos años. El mismo procedimiento aplicaría en caso de renuncia.
Durante la discusión del dictamen, se argumentó que las modificaciones buscan atender escenarios que se han presentado en años recientes debido a vacantes sin cubrir en tribunales electorales.
El presidente de la comisión, el diputado Rubén Guajardo Barrera, señaló que “hemos visto, sobre todo en la experiencia, es que el Senado se ha tardado en poder nombrar a los magistrados que están acéfalos”, por lo que la intención es que “ante esas faltas, se pueda tener, sobre todo, todo previsto por los años de la presidencia”.
La reforma también modifica el artículo 7 para establecer que el patrimonio del Tribunal Electoral, integrado por bienes, activos, cuentas bancarias y recursos, será inembargable e imprescriptible.
Asimismo, señala que estos recursos no podrán ser objeto de medidas cautelares ni de ejecución judicial o administrativa. Sobre este punto, Guajardo Barrera explicó que la propuesta responde a la existencia de litigios laborales que enfrentan en el tribunal:
“Lo que se está buscando es que las cuentas del tribunal no se puedan en este caso generar un conflicto para después pagar un laudo”, indicó.
Agregó que la finalidad es evitar afectaciones a la operación del organismo durante el próximo proceso electoral.
El legislador precisó que la reforma forma parte de los ajustes que el Congreso busca aprobar antes del inicio del proceso electoral local 2026-2027, programado para el 15 de noviembre. “Lo que queremos es decir todo en materia electoral, lo que se tenga, irlo sacando”.
En esta reunión, la mayoría de diputados estuvieron presentes vía zoom y únicamente el presidente y la diputada Antonia Castro Castañeda estuvieron de manera presencial. La reforma fue aprobada con el voto a favor de Guajardo Barrera, César Arturo Lara Rocha, Luis Fernando Gámez Macías, Castro Castañeda, Dulcelina Sánchez de Lira y la abstención de Nancy Jeanine García Martínez
