Fernanda Durán
Las posturas en el Congreso del Estado se dividieron frente al conflicto entre el Gobierno estatal y el Ayuntamiento de San Luis Potosí por la revisión de 14 obras municipales; mientras el PVEM rechazó atribuirle un trasfondo político y Morena responsabilizó a ambas administraciones de mantener una confrontación con tintes electorales, el PAN consideró que el contexto político sí influye en la disputa y Movimiento Ciudadano pidió garantizar que los retrasos administrativos no sean intencionales.
La controversia constitucional 396/2026 fue promovida por el Ayuntamiento de San Luis Potosí contra el Poder Ejecutivo estatal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantiene el asunto pendiente de resolución y el 17 de septiembre publicó el acuerdo correspondiente al incidente de suspensión.
La suspensión no ordena liberar automáticamente los proyectos municipales, sino que obliga a la Contraloría a emitir un pronunciamiento sobre las solicitudes de “no objeción”, ya sea favorable o mediante observaciones técnicas fundadas.
El diputado del PVEM Luis Felipe Castro Barrón consideró que el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha intentado dar un sentido político al conflicto por las obras municipales y rechazó que, por ahora, existan elementos para atribuir a la Contraloría estatal un bloqueo con fines electorales.
“No, la verdad es que yo no le veo mucho el trasfondo político, estamos en tiempos electorales, por supuesto que el actor político principal afectado, el alcalde de la capital va a querer darle un sentido de que ha sido rehén”.
Castro Barrón sostuvo que este tipo de problemas no se habían presentado en años anteriores y cuestionó:
“Decir que no se hace obra en San Luis Potosí por estas observaciones por parte de la Contraloría, yo creo que es algo ilógico por parte del Ayuntamiento”.
Después hizo una precisión sobre el alcance de la resolución de la Suprema Corte: señaló que el máximo tribunal no ordenó liberar directamente los proyectos, sino emitir una respuesta sobre las solicitudes pendientes.
El legislador indicó que tiene conocimiento de que algunas obras ya habían obtenido respuesta de la autoridad estatal, por lo que consideró necesario revisar individualmente cuáles continúan pendientes y las razones de ello.
Por su parte, el diputado de Morena Carlos Arreola Mallol consideró que el conflicto debe analizarse tanto desde su dimensión jurídica como desde el contexto político en el que ocurre.
El legislador cuestionó la actividad política del alcalde Enrique Galindo Ceballos y, al mismo tiempo declaró:
“Yo creo que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno municipal tienen que dejar de lado sus grillas, dejar de lado el proceso electoral y meternos a sacar adelante la responsabilidad que les dio San Luis Potosí, que es llevar a cabo el desarrollo y las obras de infraestructura que necesita nuestro Estado”.
Arreola sostuvo que la disputa administrativa termina afectando a la población y pidió a las instituciones:
“Basta ya de esta confrontación institucional que nos deja a las potosinas y a los potosinos, pues en un segundo término de sus proyectos personales, de sus proyectos electorales”.
También pidió que los recursos aprobados por el Congreso sean ejercidos y que las dependencias involucradas lleguen a acuerdos para permitir la ejecución de infraestructura.
Respecto de la intervención de la Suprema Corte, Arreola rechazó que la controversia deba entenderse necesariamente como una derrota para alguna de las partes, ya que detrás del litigio existe también una discusión sobre la relación entre las facultades estatales de fiscalización y la autonomía municipal.
“Recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción implica revisión estatal de las Contralorías en mucho del presupuesto que se ejerce. Entonces, hay un encuentro entre normas. No le daría la razón a uno ni a otro”.
La diputada panista Mireya Vancini Villanueva centró su postura en la falta de coordinación institucional entre el Ayuntamiento y el Gobierno estatal.
Consideró que la ejecución de infraestructura requiere comunicación entre los distintos niveles de gobierno.
“Si no trabajan de la mano, los que la sufrimos o los que padecemos el tema somos los ciudadanos”.
Vancini consideró necesario que los procedimientos pendientes sean destrabados, aunque insistió en que debe hacerse mediante coordinación institucional.
Al preguntarle si la falta de respuesta a los trámites municipales podría estar relacionada con una disputa política, la legisladora señaló que el contexto electoral hace inevitable esa lectura.
“Se viene en los tiempos políticos y en eventos ya se habla de eso y pues todo el mundo lleva agua para su molino”.
El diputado de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte, evitó señalar una posible intención política detrás de los retrasos en la revisión de las obras municipales y se limitó a pedir que el procedimiento sea más eficiente.
“Grave si tuviera alguna otra intención”, respondió al ser cuestionado sobre los retrasos de varias semanas, aunque añadió que considera que no existe una intención deliberada.
Sostuvo que lo importante es que los proyectos cumplan con las revisiones y requisitos necesarios, pero que los trámites no terminen frenando su ejecución.
“Que no sea motivo de retraso intencional, que yo creo que no lo es, pero debe quedar perfectamente claro para que a final de cuentas la ciudadanía goce del beneficio de las obras que están pendientes”.
Además, afirmó que hasta ahora los municipios gobernados por Movimiento Ciudadano no le han reportado problemas similares con la Contraloría estatal.
