Fernanda Durán
Las y los diputados que votaron en contra de la reforma al Código Penal del Estado sobre inteligencia artificial desde noviembre de 2025 —cuando fue aprobada con 18 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones— señalaron que las recientes detenciones e investigaciones relacionadas con esta norma confirman parte de las preocupaciones que expresaron durante su discusión, principalmente por la rapidez con la que avanzó el dictamen, la falta de opiniones técnicas y la amplitud de conceptos como “alarma pública” o “alterar la paz social”.
Entre quienes rechazaron la iniciativa estuvieron la diputada de Morena, Gabriela López Torres, y el coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, quienes insistieron en que el problema no era legislar sobre inteligencia artificial, sino la forma en que quedó redactado el tipo penal.
Gabriela López Torres afirmó que desde las discusiones legislativas expresó reservas por la ausencia de opiniones técnicas y por la amplitud de conceptos incluidos en la reforma.
“Fue una iniciativa que se aprobó de forma muy rápida dentro del Congreso sin opinión técnica de la Fiscalía”.
La legisladora insistió en que no estaba en contra de regular el uso indebido de inteligencia artificial, particularmente en casos de difusión ilícita de imágenes, pero se trata de un tema “muy complejo de legislar”.
La diputada explicó que una de sus principales preocupaciones se centró en la redacción del artículo 272 Bis, donde se sanciona la difusión dolosa de contenidos falsos generados con IA cuando tengan el propósito de “generar alarma pública o alterar la paz social”. A su juicio, esos conceptos quedaron demasiado abiertos.
“Quedaba muy ambiguo y bastante amplio el término generar alarma pública o alterar la paz social”.
López Torres consideró que esa amplitud puede provocar que periodistas, activistas, personas defensoras de derechos humanos o incluso cualquier ciudadano termine obligado a justificar su conducta, cuando la carga de la prueba debería recaer en la autoridad.
“Donde viene la problemática [es] donde el periodista, la persona activista o cualquier persona, tiene que justificar cuando en realidad la autoridad, si te está acusando de algo, te lo tiene que probar”.
También cuestionó que los foros y consultas sobre inteligencia artificial se realizaran después de aprobada la reforma y no antes de dictaminarla.
“Se hicieron foros después de una iniciativa dictaminada y reformada y no antes que nos dijeran qué alcance tenían los términos”, dijo, tras relatar una conversación reciente con integrantes de la Suprema Corte sobre la importancia de consultar previamente este tipo de reformas.
Respecto a la situación de Roxana Herrera, secretaria de Formación Política de Morena cuyo nombre apareció en documentos de investigación difundidos públicamente, López Torres aseguró que ha mantenido comunicación directa con ella y negó que se encuentre prófuga.
“No me encuentro prófuga, no de ninguna manera, simplemente estoy interponiendo los recursos que son necesarios para aclarar mi situación jurídica”, dijo la diputada al transmitir un mensaje que Herrera le autorizó compartir.
La morenista también señaló que, hasta donde tiene conocimiento, un amparo promovido por Herrera obtuvo una suspensión favorable, y que las opiniones críticas de la dirigente partidista no justifican que aparezca en una lista de investigación.
“El hecho de que la compañera tenga opiniones de todo aspecto y de todo sentido (…) no la vuelven una delincuente ni mucho menos alguien que haya cometido un delito”.
Por separado, el coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, sostuvo que la inteligencia artificial sí debe regularse, pero criticó la velocidad con la que se procesó la iniciativa:
“Es un tema muy nuevo y se requiere tiempo para poder legislarlo y legislarlo de manera correcta”.
El legislador panista señaló que el Congreso debió analizar experiencias internacionales antes de reformar el Código Penal, puesto que “inclusive en Europa aún no se legisla estos temas (…) legislarlo rápido, y sobre todo en materia penal, creo que hay que ser muy cuidadosos”.
Guajardo también explicó que el PAN no podía promover directamente una acción de inconstitucionalidad por tratarse de materia penal y que para hacerlo desde el Congreso se requería el respaldo de al menos un tercio de los diputados y diputadas.
“Cierta cantidad de nueve y nada más votamos cinco en contra”.
Finalmente, el diputado panista advirtió que la existencia de prisión preventiva en México vuelve riesgosa la aplicación de delitos ambiguos.
“Con la figura de prisión preventiva cualquier delito tiene riesgo, incluyendo este”.
