Fernanda Durán
El diputado Rubén Guajardo Barrera consideró que la impugnación presentada por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra la alternancia de género para la gubernatura, responde más a motivos políticos que jurídicos. Sin embargo, reconoció que existe una discusión sobre si el Congreso local tenía facultades para establecer esa regla o si corresponde al ámbito nacional.
La postura surge después de que, mediante una solicitud de información, se conocieran los argumentos de la Acción de Inconstitucionalidad 86/2026. La Consejería Jurídica cuestiona que San Luis Potosí haya convertido la paridad en una regla obligatoria de alternancia para la gubernatura, al considerar que puede invadir atribuciones nacionales, limitar la autodeterminación de los partidos y afectar el derecho a ser votado. También advierte posibles tensiones con la reforma federal contra el nepotismo electoral, al señalar que el diseño local podría abrir espacio a sucesiones familiares antes de que esa prohibición entre plenamente en vigor.
Guajardo, presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales, insistió que, desde su perspectiva, la regulación no genera actualmente un agravio porque la alternancia no será aplicada para definir las candidaturas a la gubernatura en 2027, sino hasta la siguiente elección, en 2033.
“La verdad es que ya analizamos una parte de esta acción de inconstitucionalidad que en su momento presentó la Consejería Jurídica, así como el partido Morena y creemos que en algunas partes, sobre todo en específico el tema de género, pues no aplica para el 2027”.
A partir de ello, cuestionó la motivación de la Consejería Jurídica y de Morena para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), especialmente a la consejera jurídica del Ejecutivo Federal al señalar:
“No entendería cuál sea la motivación de la Consejería Jurídica. Bueno, sí podría entenderlo, parece más político y la consejera jurídica sigue pensando que es presidenta de Morena porque la semana pasada publicó una lista de quiénes son los malos de la película y de los críticos en vez de estar haciendo análisis jurídico”.
No obstante, al ser cuestionado sobre uno de los principales argumentos de la demanda (que San Luis Potosí habría entrado en una materia que corresponde al ámbito nacional), Guajardo reconoció que el tema deberá ser definido por la Suprema Corte.
“En materia de gubernatura creo que podría ser un gran debate porque al final el mapa es nacional y ahí es donde se tiene que evaluar la mitad de los géneros”.
La Consejería sostiene precisamente que, al tratarse de partidos nacionales que participan simultáneamente en elecciones de distintas gubernaturas, la paridad debe garantizarse considerando el conjunto de esas postulaciones y las atribuciones del INE, no mediante una regla impuesta individualmente por cada entidad.
Guajardo señaló que existen estados, como Yucatán, que ya han legislado sobre alternancia, por lo que consideró necesario determinar hasta dónde llegan las facultades estatales.
“No creo que sea totalmente una competencia de los partidos nacionales. Creo que sería un gran debate. Habría que esperar”. Con ello cuestionó por qué Morena y la Consejería Jurídica impugnaron la legislación potosina y no disposiciones similares de otras entidades.
Por su parte, la presidenta de la Directiva del Congreso, Sara Rocha Medina, volvió a defender la reforma como parte de la lucha por ampliar la participación política de las mujeres.
“Esta es una lucha de las mujeres y vamos a seguir empujando por ello (…) para que en el 33, sí o sí, va a quedar una mujer de gobernadora”.
Sin embargo, el Decreto 0539 no establece que todos los partidos deban postular mujeres en 2033. La regla señala que el género registrado por cada partido en 2027 será la referencia para la siguiente elección: en principio deberá alternarse en 2033, aunque se permite volver a postular a una mujer cuando por alternancia correspondería un hombre.
Este punto forma parte del contraste con la impugnación federal. Mientras Rocha ha presentado el cuestionamiento a la alternancia como un posible retroceso para las mujeres, la Consejería no cuestiona el principio de paridad, sino la facultad del Congreso local para convertirlo en esta modalidad de alternancia obligatoria.
Guajardo recordó que desde el 15 de agosto el Congreso ya no puede realizar modificaciones sustanciales a las reglas electorales, debido al periodo de 90 días previo al inicio del proceso electoral del 15 de noviembre.
Por ello, será la SCJN la que determine si las disposiciones impugnadas permanecen vigentes o deben invalidarse.
