Desiree Madrid
La Contraloría General del Estado adelantó que la investigación por el presunto uso de personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) en actividades privadas derivará en sanciones como la inhabilitación de los involucrados, sin embargo, aclaró que está inhabilitación no se emprendería contra el actual titular, Jorge Luis Díaz Salinas, quien es señalado de haberse beneficiado directamente por el trabajo del personal.
El contralor, Sergio Arturo Aguiñaga Muñiz, señaló que ya se trabaja en un proyecto de resolución, aunque evitó detallar el alcance de las medidas y los tiempos del procedimiento.
“Sí hay, como lo mencioné en su momento, hay un procedimiento de investigación. Ahorita prácticamente sí se va a realizar el proyecto para que se vaya a una inhabilitación, no del titular, aclaro, no del titular, sino de diversos involucrados”, respondió al ser cuestionado sobre el caso.
La declaración se dio en el marco de una conferencia donde se le pidió precisar si existían resultados o sanciones tras las acusaciones públicas.
Segundos después, ante una pregunta directa sobre la posible exclusión del titular de la dependencia, el propio contralor corrigió el alcance de su respuesta inicial.
“También está involucrado, pero son diversas sanciones”, dijo, sin especificar qué tipo de medida correspondería a cada uno de los señalados dentro del expediente.
Las declaraciones colocan el énfasis en una fase distinta del proceso: el paso de la investigación a la definición de sanciones. Sin embargo, la información disponible sigue siendo general, pues no se precisó si el proyecto de resolución ya fue concluido, qué instancia lo revisará o bajo qué criterios se establecerán las responsabilidades individuales.
El caso se remonta a inicios de marzo, cuando el Ejecutivo estatal instruyó abrir una investigación por señalamientos sobre el presunto uso de trabajadores de la Sedarh en un festejo privado del titular de la dependencia. En ese momento, la Contraloría informó que se encontraba en etapa de recopilación de pruebas y que el expediente apenas comenzaba a integrarse.
De acuerdo con versiones difundidas entonces, personal de la dependencia habría sido convocado para realizar labores de limpieza, pintura y acondicionamiento en un rancho particular, previo a un evento social. También se señaló que, tras el festejo, algunos trabajadores habrían regresado para retirar basura y ordenar el lugar.
En sus intervenciones públicas iniciales, el contralor evitó adelantar posibles sanciones y se limitó a señalar que el procedimiento estaba en curso. Ahora, al mencionar que “sí va para sanciones”, introduce un elemento nuevo en el seguimiento del caso, aunque sin acompañarlo de detalles que permitan por dimensionar el estado real del expediente.
Tampoco se informó si el titular de la Sedarh ha sido llamado a comparecer, si ya presentó una defensa formal o si existen plazos definidos para la conclusión del proceso. La referencia a “diversas sanciones” sugiere que las medidas podrían variar entre los involucrados, pero no aclara si se trata de faltas administrativas graves o no graves.
En este tipo de casos, las declaraciones en conferencia funcionan como un primer acercamiento a lo que ocurre dentro de los procedimientos administrativos, pero no sustituyen los documentos formales ni las resoluciones finales.
Por ahora, lo expuesto por la Contraloría apunta a que habrá sanciones y que el titular de la Sedarh está incluido en la investigación, sin que se haya definido públicamente cuál será su situación jurídica ni cuándo se dará a conocer el resultado oficial.
