Desiree Madrid
Luego de que comerciantes y habitantes de la zona de San Elías en la carretera Matehuala denunciarán afectaciones por el cierre de un tramo de la autopista libre, Eli Cervantes, delegado federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en San Luis Potosí, sostuvo que el cierre de la vialidad corresponde a instancia federales y confirmó que se autorizó un cierre de hasta tres meses.
La declaración ocurre después de que comerciantes y vecinos de San Elías solicitaran la intervención de oficinas centrales de la SICT ante las afectaciones que, aseguran, ha provocado el cierre de negocios.
Los inconformes han planteado que se permita mantener al menos un carril abierto para reducir el impacto sobre la actividad comercial y el acceso a las viviendas de la zona.
Cervantes explicó sobre el cierre:
“Es una autorización formal que solicitaron los encargados de la autopista que la tienen concesionada. Les autorizó Desarrollo Carretero tres meses para la conservación de ese puente y esa parte”, señaló.
El funcionario indicó que la SICT ha mantenido comunicación telefónica con representantes de la empresa, aunque todavía no se ha podido concretar una reunión para revisar las afectaciones. Explicó que una posible revisión tendría que involucrar también a la empresa, a los gobiernos municipales y al estatal, debido a las consecuencias que el cierre pueda generar en la zona.
El cierre, además, provocó inconformidad entre habitantes y comerciantes que señalan que no fueron informados oportunamente.
Yasmín López, comerciante y familiar de personas afectadas, relató al hablar del cierre:
“Esta construcción me afecta a la entrada a mi vivienda… ahora tengo que esperarme o si no, tener que ir a rodear para poder entrar a mi casa”, afirmó.
López también sostuvo que la afectación alcanza a numerosos negocios de la zona y aseguró que “más de 250 negocios están quebrando”. La cifra corresponde a su declaración y no fue acompañada durante la entrevista por documentación o datos oficiales que permitan verificarla.
Uno de los principales reclamos de los comerciantes es que el cierre total pueda sustituirse por un cierre parcial, con el mantenimiento de un carril para permitir el tránsito. Ante esta posibilidad, Cervantes señaló que el tramo intervenido corresponde a una carretera de cuota y aclaró que la carretera libre de peaje no fue afectada directamente por los trabajos.
Añadió que Desarrollo Carretero es quien tiene la facultad de autorizar el cierre y que la SICT está pendiente de que los trabajos se desarrollen con condiciones de seguridad y dentro del periodo autorizado.
La inconformidad también se da en un contexto en el que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha señalado que podría haber intereses empresariales detrás de las manifestaciones de comerciantes. Cervantes evitó respaldar esa afirmación y dijo no contar con elementos para determinar qué intereses existen detrás de las protestas.
“Yo no podría tomar una postura ni ante los comerciantes ni ante los ciudadanos; creo que son sentidos legítimos que pudieran decir. Yo no tengo elementos para decir qué intereses tienen”, respondió.
Para el delegado federal, el punto concreto es que existe una autorización para realizar trabajos de conservación en el puente y que la empresa cuenta con un plazo de tres meses para ejecutarlos.
“Lo cierto es que técnicamente se solicitó un cierre para poder hacer una conservación y es lo que se les autorizó”, sostuvo.
Así, mientras la autoridad federal defiende que el cierre deriva de una autorización formal para realizar trabajos de conservación, los comerciantes y habitantes de San Elías mantienen el reclamo por las afectaciones que la medida está provocando en sus viviendas y actividades económicas, particularmente por la falta de alternativas de circulación y su petición de que se permita el paso parcial mientras concluyen las obras.
