Texto y fotografías de Fernanda Durán
Durante la conferencia “Prevención y Atención de la Violencia Digital” y la implementación de la Ley Olimpia, una víctima de violencia institucional, María de Jesús Almendárez Prieto, “Marichuy”, intervino públicamente para exponer su caso y solicitar apoyo directo a las autoridades presentes, en medio de señalamientos contra instituciones encargadas de la atención a víctimas.
Con más de una década de litigio, la activista relató que su caso ha atravesado distintas administraciones sin obtener una resolución integral.
“Tengo 13 años en esta lucha, he pasado tres gobernadores y ninguno me hace justicia”, expresó ante el público.
Durante su intervención, cuestionó la respuesta institucional hacia las víctimas en el estado, pues han enfrentado revictimización, criminalización y falta de atención.
“Las verdaderas víctimas en San Luis Potosí no tenemos justicia las autoridades no nos responden, nos revictimizan, nos criminalizan”.
Almendárez Prieto indicó que, aunque logró una sentencia por abuso y acoso sexual en su caso, actualmente enfrenta lo que describió como violencia institucional, además de contar con recomendaciones emitidas a nivel estatal y nacional.
En su intervención, dirigió señalamientos directos contra la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) al acusar que desde la institución se ha construido una narrativa en su contra para desacreditarla como víctima.
“Ahorita traigo violencia institucional, me han creado una fama de violentadora, me han creado denuncias penales que son mentiras”.
La activista aseguró contar con documentación oficial que contradice las versiones difundidas sobre una presunta agresión en contra de la titular del organismo, Giovanna Itzel Argüelles Moreno. Según explicó, en la propia denuncia se establece que quien habría provocado la caída de la funcionaria no fue ella, sino un trabajador.
“Tengo la denuncia en mis manos donde dice que su trabajador la tumbó, no yo”.
En ese sentido, acusó que, pese a lo asentado en el expediente, se le ha señalado públicamente como responsable, lo que ha derivado en un proceso de estigmatización como ocurrió recientemente en el rechazo de su juicio político.
“Yo ya no soy creíble, ya no soy la víctima ahora soy la violentadora porque me quieren callar”, manifestó en referencia a que algunas diputadas como la presidenta de la Comisión Primera de Justicia, Leticia Vázquez, quien afirmó que Marichuy ha violentado a la titular de la CEDH.
En la parte final de su participación, Almendárez Prieto solicitó ser escuchada directamente por la senadora Ruth González, quien se encontraba presente en el evento, al señalar que su caso continúa sin una solución definitiva.
Tras la intervención, la senadora respondió públicamente y propuso sostener un diálogo directo con la víctima.
“Vamos a platicar usted y yo ahorita. Los gobiernos que no le han escuchado. Soy mujer, soy una mujer sencilla, soy una mujer que está abierta al diálogo”.
Durante su intervención, indicó que su postura es mantener apertura al diálogo y atender casos que no han sido resueltos en otras instancias.
“Hoy está usted aquí de frente conmigo y me comprometo a darle solución a este problema”.
Asimismo, mencionó que existen casos que no logran avanzar dentro de las instituciones y que requieren atención directa que no llegan hasta los funcionarios de más alto nivel.
“En ocasiones, casos como el de usted o el de muchas otras mujeres no llegan hasta nosotros, se traban en el camino”.
La intervención se dio en un espacio público enfocado en la discusión sobre violencia digital, en el que participaron autoridades y activistas, y en el que se evidenciaron casos de víctimas que continúan en búsqueda de atención institucional tras años de procesos.
Almendárez Prieto ha señalado que su principal demanda es la reparación del daño luego de años de violencia institucional y una resolución de fondo, luego de más de una década de litigio y confrontaciones con distintas autoridades.
