Angélica Campillo
A menos de una semana de haber sido detenido, Jaime N., ex secretario de Seguridad Pública Estatal fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de ejercicio abusivo de las funciones públicas, dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).
El ex secretario de Seguridad Pública Estatal durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López fue detenido el pasado 11 de febrero por la tarde, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control, misma que la FGE solicitó por tres delitos: ejercicio abusivo de las funciones públicas, ejercicio ilícito de las funciones públicas, y uso ilícito de las atribuciones y facultades.
En la audiencia inicial llevada a cabo el 12 de febrero, la defensa del imputado solicitó al Juez de Control la duplicidad del término constitucional, para que se resolviera si se vinculaba a proceso por los delitos en los que pudo tener una probable participación.
La continuación de la audiencia inicial se celebró este jueves 17 de febrero, la cual se prolongó por alrededor de ocho horas. En ella, los litigadores de la FGE presentaron los datos de prueba suficientes con los que se acreditaron los hechos, por lo que el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Jaime N.
A pesar de que la defensa del ex servidor público solicitó prisión domiciliaria al alegar problemas de salud, la petición fue negada por el Juez de Control, por lo que Jaime N. continuará su proceso bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en el Centro de Reinserción Social de La Pila.
Asimismo, se establecieron dos meses de investigación complementaria para que tanto la parte defensora como los litigadores de la Fiscalía General del Estado aporten más pruebas.
Los últimos meses del gobierno de Juan Manuel Carreras López, Jaime N. estuvo ausente de sus funciones debido a un contagio de covid-19 e incluso permaneció varias semanas intubado, lo que le impidió reincorporarse al término del sexenio.
El delito, uso indebido de un inmueble
Se especificó que el ex servidor público es probable responsable del uso indebido de un inmueble, el cual se rentó supuestamente para albergar oficinas públicas, pero era utilizado como casa habitación y era pagado con recursos públicos.
El daño patrimonial por el probable uso indebido del inmueble podría ser de entre 3 y 4 millones de pesos, y mientras el ahora imputado estuvo al frente de la SSPE, hubo un beneficio propio de ese recurso.
