Por Victoriano Martínez
Cualquier muerte violenta impacta. Saber que durante el sexenio del gobernador Juan Manuel Carreras se han acumulado 3 mil 340 homicidios debiera impactar… pero parece que no.
La religiosidad con la que Antonio González Vázquez ha publicado en este portal la Crónica de Ejecutados, con una breve descripción de esas miles de muertes, es un recordatorio mensual de lo que a todos debiera doler, debiera impresionar, debiera impactar, debiera… indignar.
Los relatos de ese Valle de la Muerte disperso por todo el Estado, y concentrado a la vez en la zona conurbada de la capital, se acumulan cual ejercicio diario para convertirse en un hábito que, de tan cotidiano, ya pocas veces provoca consternación.
Dos ejecutados en la plaza principal de Villa de Reyes, un cuerpo hallado en un basurero en Soledad de Graciano Sánchez, un hombre abatido en su bicicleta en Prados de San Vicente, otro perseguido y asesinado en la colonia Progreso, un cadáver en descomposición encontrado en unos cañaverales de Ciudad Valles…
Y así la lista en una cronología inversa, hasta llegar al recuento de ejecutados, balaceras y secuestros en el primer mes de Juan Manuel Carreras López como gobernador.
Son tantas ejecuciones que, a pesar de ser de alto impacto, la memoria no alcanza para tenerlas presentes, salvo entre quienes habitan cerca del lugar en el que ocurrieron.
Por eso el número de personas que tuvieron conocimiento de un homicidio en los alrededores de su vivienda pasó de 150 mil 825 en 2015, a 412 mil 510 en 2019.
Una ruta que vuelve cotidianos los asesinatos cual vacuna contra la indignación por la negligencia de las autoridades para garantizar la seguridad pública de todos, no sólo la de ellos mismos, como por ejemplo el gobernador Carreras López con su séquito de guardaespaldas, que lo muestran como uno más entre el 80 por ciento de la población con miedo, pero eso sí, con protección.
Una cotidianidad que se rompe cuando la violencia alcanza a un personaje público, y entonces sí, llueven declaraciones de indignación y exigencias de justicia hasta para ese otro montón de desconocidos asesinados, siempre presente pero prácticamente invisible.
Las líneas de investigación sobre el caso del personaje público se protegen hasta poder informar de la que salió robustecida y derivó en la aprehensión del presunto responsable.
En los otros casos, como el de los dos ejecutados en Villa de Reyes, se vale relacionarlos públicamente con un evento de la delincuencia organizada, como lo hizo Alejandro Leal Tovías, secretario de Gobierno.
Así, con la etiqueta del crimen organizado la autoridad parece tener un cajón de sastre al que deposita los casos que ya son parte de lo cotidiano, de un alto impacto de alcance limitado y, por tanto, ni duelen, ni impresionan, ni impactan… mucho menos logran indignar a tal grado que la autoridad se sienta presionada para resolverlos y hacer justicia.
