Por Victoriano Martínez
Con la liberación de Eréndira Reyes Aguillón y Alejandra Hermosillo Reyes la amenaza que la Ley Serrano representa contra la libertad de expresión no ha desaparecido, dado que las mantienen sometidas a un proceso judicial bajo condiciones que, de no cumplirlas, las llevarían nuevamente a la cárcel.
Al mantener preso a Christian Herrera, propietario de la página “Código Rojo” en Ciudad Valles, y continuar la arbitraria persecución a otros ocho comunicadores y defensores de derechos humanos queda claro que la Ley Serrano se mantiene como instrumento de intimidación por faltas que, de serlo, tendrían que dirimirse por la vía civil.
La actitud que adopten en los próximos días el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y su operador legislativo Héctor Serrano Cortés con su anunciada iniciativa para regular medios digitales y aplicar sanciones contra el anonimato dejará ver el efecto real de la liberación de las dos comunicadoras en tanto desistan de esa intención o la mantengan.
Regular a los medios digitales y aplicar sanciones contra el anonimato, como se han pronunciado los dos personajes, es la creación de un garrote complementario a la Ley Serrano. Un instrumento recargado que se podría denominar Ley Gallardo-Serrano.
Argumentar la pretensión de proteger el derecho de réplica para esta nueva regulación con sanciones incluidas es tanto como volver a recurrir a un argumento noble para posibilitar persecuciones discrecionales contra opositores políticos y simplemente voces ciudadanas o de periodistas como la que acaban de poner en práctica.
Un argumento que no supera la condición del derecho de réplica, sobre el que ya existe una Ley General en el país.
Al pretender sancionar el anonimato de sitios Web, Gallardo Cardona y Serrano Cortés escupen para arriba y exhiben su total ignorancia o cínico incumplimiento del octavo párrafo del artículo 134 constitucional y de prácticamente la totalidad de la Ley estatal de Comunicación Social que, por violarla, los convierte en los principales cómplices de las páginas que pretenden sancionar.
Si todas las autoridades se sometieran a la Ley de Comunicación Social, plenamente vigente, difícilmente proliferarían tantos sitios Web como muestra de la necesidad de promoción personal y propaganda negra que la gallardía que ellos dos representan deja ver.
En el Palacio Municipal no se quedan atrás en ese ejercicio de complicidad, lo que ha sido aprovechado para dejar bajo una cortina de estridencias que buscan circunscribir el tema a un falso debate sobre si son o no periodistas los acosados, cuando lo que está en riesgo es la libertad de expresión, que es un derecho humano.
De cumplir con la Ley de Comunicación Social, de entrada, ni Gallardo Cardona, ni la senadora Ruth González Silva, ni el alcalde Enrique Galindo Ceballos podrían ser el centro de tanta propaganda y promoción personalizada porque en ella se replica la prohibición constitucional de “destacar, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público”.
Si se cumpliera con esa Ley, desde principio de año se conocerían la estrategia, el programa anual y las campañas que realizarían en materia de turismo, educación, salud y protección civil y para informar a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones legales. Son totalmente ilegales todas las promociones de obras y programas sociales con los personajes como benefactores.
Desde principio de año se deben conocer los lineamientos para la contratación de cualquier campaña, las condiciones de contratación de los medios a utilizar para la propaganda y cada mes se conocerían los datos de los medios de comunicación contratados, lo que incluye los sitios Web.
“Los entes obligados deberán facilitar los mecanismos de consulta directa al público en general, por Internet y en forma física en sus instalaciones que permita el acceso a los contratos, costos, programación y actividades relacionadas con la propaganda gubernamental”, establece el artículo 36 de la Ley de Comunicación Social.
Todos los entes obligados, y de manera remarcada el ejecutivo Estatal y el Ayuntamiento capitalino, incumplen con esa obligación que se convierte además en una violación a las obligaciones de difusión de oficio establecidas en la Ley de Transparencia.
Un deber legal que se traduce en el incumplimiento de otra obligación: contar con un padrón estatal y municipal de medios de comunicación que son contratados. Una obligación que anularía el anonimato de la mayoría de los sitios Web, porque serían muy pocos los que surgirían sin patrocinio gubernamental.
Un rastreo de pagos realizados por el Congreso del Estado a medios de comunicación arrojó que de septiembre de 2024 a marzo de este año le ha pagado por publicidad a 102 sitios Web, de los cuales 26 corresponden a personas morales y 86 a personas físicas. Prácticamente ocho de cada diez no cuentan con directorio y vía de contacto, por lo que podrían considerarse anónimos.
En el caso del Ayuntamiento de San Luis Potosí, de octubre de 2024 a abril de este año pagó publicidad a 133 medios digitales, de los cuales 52 fue a personas morales y 81 a personas físicas, con una proporción similar de sitios Web sin directorio ni vía de contacto.
El ejercicio no fue posible con los pagos de gobierno del Estado porque publica una fracción mínima de sus egresos.
El hecho es que al incumplir con la Ley de Comunicación Social, tanto Gallardo Cardona, Serrano Cortés y Galindo Ceballos se convierten en encubridores de lo que, los dos primeros, consideran una falta que se debe sancionar. ¿La sanción los alcanzaría por ser sus patrocinadores?
Lo que pretenden regular ya está en dos leyes y una de ellas lo hace a través de imponer a los servidores públicos obligaciones que buscan impedir el mal uso de erario en guerras de propaganda como las que hoy protagonizan.
O sea que además de cínicos e irresponsables, resultan abusivos que pretenden ocultar su actuación que abiertamente incumple toda una ley reglamentaria de la Constitución con perversas reformas legales como instrumentos para reprimir lo que les incomode y lograr ventajas en sus afanes politiqueros.
