Por Victoriano Martínez
Desde que entró en vigor la reforma constitucional local que decreta la extinción de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) han transcurrido 46 días naturales, de los cuales 28 han sido hábiles, y en el Congreso del Estado no se ha dado la más mínima señal de que se avance en la elaboración de las leyes secundarias.
Ni otros actores involucrados que pudieran tener interés en concretar el marco legal para esta nueva etapa de la transparencia en el Estado —como el Ejecutivo estatal o la propia CEGAIP— han dejado ver alguna acción en ese sentido.
Los comisionados de la CEGAIP José Gerardo Navarro Alviso y Ana Cristina García Nales se han mostrado más preocupados por cambiar de sede al organismo como si no supieran que la fecha fatal para su extinción es el próximo 25 de septiembre.
Tanto retrasó el Congreso del Estado la reforma Constitucional que declara extinta a la CEGAIP que sólo falta que los comisionados tengan tanta confianza en la negligencia de los diputados al grado de considerar que pueden firmar un contrato de arrendamiento por el tiempo que les plazca.
Y es que Navarro Alviso y García Nales pueden tener muchas razones para pensar que a fin de cuentas los legisladores no cumplirán el plazo que se auto impusieron, o alguna señal —sea desde el Congreso o sea desde el gobierno estatal— para haber iniciado el proceso de arrendamiento de un nuevo edificio.
El caso es que, por mucho que hablen de una nueva etapa para el derecho de acceso a la información pública, no muestran la más mínima voluntad de generar un marco legal que represente avances en materia de transparencia, incluso con un proceso que pudiera incluid consultas abiertas a la población.
Lejos de una buena práctica legislativa, lo que dejan ver es que replicarán el proceso de la reforma constitucional, realizada fuera de tiempo y con un ajuste a los mínimos de la reforma constitucional federal. Ninguna intención de progresividad en el derecho de acceso a la información pública, más bien un riesgo de retroceso.
Quedan 92 días hábiles (130 días naturales) para que se trabajen —en materia de transparencia, pero también de protección de datos personales— iniciativas que, en primer lugar, garanticen la permanencia de los avances locales en la materia y, en segundo lugar, busquen fortalecer efectivamente en derecho de acceso a la información pública.
Un ejercicio en el que incluso vale la pena un vistazo a lo que ocurre en otros lugares del país. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, envió a la Legislatura local una iniciativa que desde el nombre de la nueva ley plantea un giro en el reconocimiento del derecho de acceso a la información pública: Ley de Transparencia para el Acceso y Socialización de la Información.
“Socialización de la Información: El proceso de compartir y difundir entre las personas habitantes de la Ciudad, la información pública generada por los sujetos obligados, en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y los datos abiertos, a fin de que los derechos plasmados en esta Ley, sean de conocimiento y acceso general, replicables entre la población”, es la definición que se incorpora en el artículo 2 de la iniciativa.
Desde el título de la Ley hasta las 26 referencias que se hacen a la socialización marcan un enfoque de la ley propuesta en el que la población es el centro de la atención al derecho de acceso a la información pública.
Se podrá decir que se trata de una potencial expresión dentro de una norma legal pero que del reconocimiento en blanco y negro en una ley a que efectivamente se aplique en los hechos suele haber un buen trecho. Sí, pero que ya se encuentre plasmado en la legislación lo vuelve, de entrada, más exigible.
Además, incluye un capítulo titulado “De la Promoción de la Cultura de Transparencia y el Derecho de Acceso y Socialización de la Información Pública” que obliga a una serie de actividades que, de cumplirse claro está, generaría una mayor participación y ejercicio de esos derechos entre la población.
Pero estamos en San Luis Potosí y en el sexenio de la opacidad —el más opaco desde que se aprobó la primera Ley de Transparencia estatal en 2003—, con una CEGAIP y diputados encubridores que esperar que el derecho avance es bastante iluso y hay que tenerlo en cuenta para evitar desilusiones.
