Por Victoriano Martínez
Con un documento de machote, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) cumplió con la obligación de presentar al Congreso del Estado su primer informe trimestral del 2024, exhibió por qué cada vez resulta más inútil para hacer cumplir la Ley de Transparencia y omitió informar sobre sus propias violaciones a la norma que la rige.
Bien podría uno imaginar a los comisionados David Menchaca, Alfredo Solís y Ana Cristina García abrir el documento de Word del tercer informe trimestral de 2023 y repasarlo junto con los responsables de cada área para cambiarle los datos, quizá el tipo y el tamaño de la letra y terminar orgullosos con un “¡Listo! A imprimirlo para llevarlo al Congreso”.
Un ejercicio siempre con riesgo de omisiones. Por ejemplo, en las páginas 2 y 69 no le cambiaron el dato que hace referencia al mes en que se elaboró: “Octubre 2023”, dice. ¿Cómo obtuvieron desde entonces los datos correspondientes al primer trimestre de 2024?
Otro ejemplo. En los tres informes trimestrales de 2023 y en el primero de este año se puede leer el siguiente párrafo como introducción al apartado correspondiente a los recursos de revisión:
“La CEGAIP como órgano garante del acceso a la información pública en el Estado, mediante el Pleno como máximo órgano colegiado, aprueba la resolución de los Recursos de Revisión, los cuales son procesos que se derivan de la inconformidad de las respuestas que otorgan los sujetos obligados a los solicitantes” (página 19).
En lo que le sigue a ese párrafo sólo se modifica la mención al trimestre que corresponde el informe y las cifras sobre la cantidad de recursos de revisión recibidos. En este primer trimestre cambiaron las cifras, pero se les pasó el periodo trimestral al que se refieren y quedó así:
“La CEGAIP durante el tercer trimestre del año 2023, recibió 498 recursos de revisión. 495 son en materia de Acceso a la Información Pública y 03 en materia de Datos Personales”, dice el informe del primer trimestre de 2024.
Si los comisionados de la CEGAIP simulan elaborar un informe sobre las actividades de cada trimestre, hasta ahora todo indica que los diputados o les siguen el juego o les ven la cara.
Y es que, si se procesan algunos de los datos, el documento puede impresionar. Por ejemplo, reportan la aplicación de medidas de apremio a 15 sujetos obligados que suman multas por 959 mil pesos, aunque en todos los casos son por incumplimientos en la publicación de la información a que obliga la Ley en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET).
Sin embargo, omiten señalar que en todos los casos se aplicaron por verificaciones en la PET y que en los últimos tres años todas las medidas de apremio son por el mismo motivo, sin que presenten datos que demuestren que las multas han tenido como efecto que todos los entes cumplan con esas obligaciones. Cualquier búsqueda en la PET evidencia lo contrario, cada vez se incumple más.
Las omisiones para ocultar su ineficiencia llegan al extremo de evitar informar sobre el cumplimiento de los plazos en la aprobación de las resoluciones a los recursos de revisión, conforme a la reforma a la Ley de Transparencia aprobada por la actual Legislatura y publicada en diciembre de 2022.
La CEGAIP tiene 30 días para resolver los recursos de revisión con la posibilidad de una prórroga de 20 días más.
De acuerdo con la respuesta que dio la CEGAIP a la solicitud de información 240477324000107, vía la Plataforma Nacional de Transparencia, entre diciembre de 2022 y octubre de 2023, la CEGAIP resolvió mil 254 recursos de revisión, de mil 453 recibidos.
Sin contar los casos no resueltos, de los cuales en 195 se puede establecer que los plazos están vencidos y, por tanto, violan la Ley, 238 resoluciones se dieron después de más de 50 días hábiles, es decir, aunque las resolvieron también en esos casos violaron la Ley. Son 433 violaciones a la Ley sin que nadie diga nada.
Ana Cristina García violó la ley en 52 de sus resoluciones, David Menchaca en 64 ocasiones y quien más violó la Ley con sus resoluciones fue Alfredo Solís, de quien afirman aspira a ser nombrado comisionado numerario, con 122 casos.
Si bien nadie los sanciona por sus recurrentes violaciones a la Ley, por lo menos en casos llevados por solicitantes al INAI en varias ocasiones han dejado registro de su mala actuación, como en el Recurso de Inconformidad RIA-006/2024 porque Solís negó de manera incorrecta la admisión de un recurso de revisión.
Un hecho que llama la atención porque desechar los recursos de revisión (RR) podría ser la nueva vía que utilizan para evadir atenderlos: en el primer trimestre de 2023 reportaron haber desechado el 15.36 por ciento de los RR, en el segundo el 9.23 por ciento y en el tercero el 11.14 por ciento. Para el primer trimestre de este año, los desechados fueron el 47.99 por ciento.
Si algo reflejan las omisiones en los informes de la CEGAIP es que los comisionados están muy lejos de responder a la condición de garante del derecho de acceso a la información pública que ese organismo debe tener, son vergonzosamente aliados de la opacidad y se suman gravemente a violar la Ley de Transparencia porque no hay quien los sancione.
