Jaime Nava

A través de un comunicado el Centro de Derechos Humanos  Samuel Ruiz A.C. informó que el juzgado Cuarto de Distrito emitió la sentencia que pondría punto final al litigio iniciado hace más de dos años por el “Comité en defensa de la vida del altiplano potosino” en contra de la instalación del basurero de residuos tóxicos en el municipio de Santo Domingo.

El conflicto inició a finales del 2015 cuando habitantes de las comunidades pertenecientes a dicho municipio se organizaron para impedir que el Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (CITSU), propiedad del empresario minero José Cerrillo Chowell, materializara la construcción del tiradero en terrenos de su propiedad por considerar que el proyecto pondría en riesgo los derechos humanos, ambientales y sociales de los habitantes de la zona.

La sentencia fue notificada éste día a la representación legal del grupo opositor, conformada por investigadores del Programa “Agua y sociedad” de El Colegio de San Luis, A.C., por equipo legal del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz A.C. y por la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. De acuerdo con el comunicado, la resolución ordena que se detenga definitivamente la construcción del tiradero de desechos industriales.

En entrevista, Daniel Jacobo-Marín, uno de los abogados de la comunidad, informó que la sentencia de amparo protege a los quejosos –ejidatarios de La Victoria, Santo Domingo- contra actos de la administración municipal y de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) consistentes en la autorización de cambio de uso de suelo de fecha 3 de septiembre del 2012 y la aprobación del proyecto de confinamiento expedida el 11 de junio del 2015 a favor de CITSU.

Jacobo-Marín expuso que aún está por resolverse la denuncia penal que presentaron ex regidores de Santo Domingo en la Procuraduría General de Justicia del Estado por la falsificación de sus firmas en la autorización de cambio de uso de suelo que expidió el ayuntamiento a la empresa CITSU. “En esa hemos avanzado poco, realizamos un peritaje grafoscopia, pero internamente hay muy lentitud”, señaló.

Por su parte, el abogado Guillermo Luévano Bustamente explicó que la empresa tiene 15 días para presentar el recurso de revisión contra la sentencia ante el Tribunal Colegiado; sin embargo, estimó que es poco probable que eso ocurra. Además, dijo que la decisión del Juzgado de Distrito se basó en los peritajes: antropológico cultural y de hidrología ambiental realizados por  peritos de la Procuraduría General de la República.

Las diligencias periciales comenzaron en febrero del año pasado y, como resultado de las mismas, se documentó que la población de Santo Domingo se encuentra renuente a la instalación del basurero por ser una comunidad dedicada tradicionalmente a las actividades agrícolas.

En términos generales, comentó Luévano Bustamente, los peritajes indican que el basurero pondría en riesgo la vida de los animales y de los habitantes porque afectaría su modo de vida sin siquiera garantizarles otra forma de subsistencia.

Ambos abogados coincidieron en que es probable que el Juzgado Segundo de Distrito resuelva en los próximos días otro de los juicios de amparo pendientes con una sentencia en el mismo sentido.

 

 

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