- La aprobación de una iniciativa de ley general en curso acabaría con el culto a la personalidad de gobernantes y garantizaría el derecho a la información de la sociedad.
Alejandro Rubín de Celis
El colectivo #MediosLibres, encabezado por las prestigiadas organizaciones Artículo 19 y Fundar, presentaron en fecha reciente la iniciativa de Ley General de Publicidad Oficial ante la Cámara de Diputados, que busca derogar la fallida Ley Federal de Comunicación Social aprobada en abril pasado, que sólo legalizó las viciadas prácticas entre el poder público y los medios de comunicación social.
El tema ha pasado inadvertido para muchos pero es de la mayor relevancia puesto que con su aprobación se puede disminuir el gasto excesivo en publicidad oficial para destinar buena parte de esos fondos a rubros prioritarios, acabar con la propaganda política encubierta, y combatir la censura indirecta y la autocensura que afectan profundamente la libertad de expresión y el derecho a la información que todos tenemos.
Las condiciones políticas están dadas para que la iniciativa se apruebe, toda vez que llega un nuevo gobierno que entrará en funciones el 1 de diciembre y que se ha comprometido con el combate a la corrupción y con la reducción del gasto en publicidad oficial, en tanto que hay una nueva composición del Poder Legislativo federal, cuya mayoría es afín al nuevo gobierno.
Por su carácter general, esta ley aplicaría para los tres niveles de gobierno ─de hecho para todas las instancias de gobierno─ en todos los estados de la república, de manera que entre los sujetos obligados estarían el gobierno del estado y todos los ayuntamientos. Como un segundo paso se crearía una Ley de Publicidad Oficial del Estado de San Luis Potosí.
Esta iniciativa de #MediosLibres contiene auténticos cambios de fondo en la relación entre el poder político y los medios, entre ellos el de destinar únicamente el 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, porcentaje que se definiría en cada estado de acuerdo a su propia ley ─y que se esperaría fuera similar, puesto que una ley general establece el piso mínimo que debe prevalecer en todo el país─. De fijarse el mismo porcentaje, el monto para publicidad oficial del gobierno del estado en 2017 hubiese sido de 20 millones 790 mil 446.40 pesos, sobre un presupuesto de egresos aprobado para ese ejercicio fiscal por 41 mil 580 millones 892 mil 804 pesos. Pero en 2017, el gobierno de Juan Manuel Carreras gastó en medios 50 millones 296 mil pesos ─incluidos ampliaciones presupuestales y sobregiros─. ¿Qué tal si mejor los casi 30 millones de pesos de diferencia se hubiesen empleado en obras y servicios urgentes para la población?
La propuesta de ley en cuestión también contempla fijar controles para evitar que se disfrace propaganda política como información periodística, establece criterios claros para la asignación de la publicidad oficial, transparenta el uso de recursos destinados a este rubro, y sanciona el uso de fondos públicos para premiar o castigar a medios en función del trato que le dan a un gobierno, o, más bien, al gobernante en turno.
¿Qué pensará el gobernador Juan Manuel Carreras de esta nueva ley en potencia?, ¿empezará a vislumbrar que se le acaba la fórmula para controlar a los medios y proyectar como siempre su imagen, pocas veces acorde a la realidad? Es muy pronto para saber si el alcalde Xavier Nava ya gastó recursos públicos en propaganda personalizada o si lo piensa hacer, pero la aprobación de esta ley aseguraría que ni él ni el gobernador puedan hacerlo de manera discrecional y empleando la zanahoria o el garrote, según lo decidan.
De ahí la importancia de que los legisladores federales aprueben la iniciativa presentada por #MediosLibres para luego impulsar la legislación local en la materia, y en ello la presión de la sociedad también jugará un papel muy importante.
Pero su aprobación no sólo pone candados para evitar que los gobernantes hagan culto a la personalidad y derrochen sin medida recursos públicos para fines particulares, además de ofrecer mecanismos para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión, también establece reglas claras para que los medios de comunicación transparenten los recursos que reciben de las entidades públicas y que se conozca realmente su grado de penetración y posicionamiento ante la opinión pública.
Por los amplios y significativos beneficios que traería para la sociedad la Ley General de Publicidad Oficial en materia de libertad de expresión y derecho a la información, y de transparencia y buen uso de los recursos públicos; y para sumar a los esfuerzos que realizan organizaciones civiles y grupos académicos para su aprobación, es de la mayor importancia que los ciudadanos ejerzamos presión por todas las vías posibles ante la Cámara de Diputados, desde las manifestaciones callejeras ─sobre todo para los que están en la ciudad de México─ hasta el envío de cartas y mensajes de apoyo a la iniciativa vía correo electrónico a los legisladores, a las redes sociales y a las distintas plataformas en las que participe la propia Cámara Baja.
No hay que esperar, hagámoslo ya.
