Vinculado a proceso, a pesar de…

Vinculado a proceso, a pesar de…

Por Victoriano Martínez

La Fiscalía General del Estado (FGE) es lenta, muy lenta. Especialmente si se trata de seguir la conseja aquella del tapaos los unos a los otros.

Si se trata de un ex alcalde que gobernó con aspiraciones a cacique y además tiene un hijo con la misma vocación caciquil, que los denunciantes se preparen una colección de pasteles y se cooperen para los mariachis, porque si ya conmemoraron un aniversario de las denuncias, quién sabe cuántos más tendrán que conmemorar sin que los casos se judicialicen.

Si se trata de diputados, la investigación se prolongará hasta que se vuelvan ex diputados… y si la presión sigue, pues hay que judicializar muy poquito a poco con una que otra estrategia para darles oportunidad de alguna salida.

La primera denuncia contra los hoy ex diputados se presentó el 11 de diciembre de 2017. Después vinieron 19 denuncias más que acumularon a 12 legisladores como imputados por actos delictivos similares. El primer denunciado fue Mariano Niño Martínez.

Los demás señalados son Josefina Salazar, Héctor Mendizábal, Enrique Flores, Héctor Meraz, José Luis Romero Calzada, Dulcelina Sánchez, Esther Angélica Martínez, Xitlalic Sánchez, Fernando Chávez, Jorge Díaz Salinas y Sergio Desfassiux.

Entre la presentación de la primera denuncia y la primera judicializada pasaron 17 meses. Un año cinco meses, 512 días. Así de lenta es la FGE.

La primera denuncia, del 11 de diciembre de 2017, fue contra Mariano Niño y, luego de que el Ministerio Público la turnó al juez, regresó al ámbito de la FGE porque Mariano Niño hizo una propuesta de acuerdo reparatorio.

El 7 de mayo, en la audiencia de vinculación, el caso quedó en suspenso en tanto las víctimas (el Congreso del Estado y las personas a quienes supuestamente entregó Mariano Niño los apoyos) determinan si están de acuerdo en los términos de la conciliación o hacen un replanteamiento.

El segundo caso que llega ante un juez, de los 20 denunciados por organizaciones civiles, corresponde a otra denuncia contra Mariano Niño presentada el 16 de marzo de 2018.

Como sólo se puede buscar acuerdo reparatorio en una primera ocasión, en este segundo caso –luego de que el ex diputado pidiera ampliación del plazo– como imputado quedó sujeto a proceso en la audiencia celebrada este domingo.

La FGE tiene pendientes por judicializar 18 denuncias más en contra de los once ex diputados ya mencionados más arriba.

Por cierto, es la lentitud de la Fiscalía –provocada por la confrontación entre Fiscalía Anticorrupción y Visitaduría en su interior– la que ha colocado como primero de la fila a un panista. Si fuera eficiente, ya se habrían judicializado casos con ex diputados de todos los colores.

Pero no sólo la Fiscalía ha exhibido su lentitud para procurar justicia pronta y expedita. La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha contribuido con su parte: los ex diputados Ricardo García Melo, José Belmarez, Alejandro Segovia, Guillermina Morquecho y Enrique Flores se han negado a reintegrar los recursos que la ASE les detectó como desvíos.

A pesar de que los plazos que les fijó para la devolución han vencido, la ASE no ha presentado las denuncias penales correspondientes.

A 17 meses de que comenzó a destaparse el modus operandi de los integrantes de la LXI Legislatura para apropiarse de los recursos públicos, la Fiscalía sólo a turnado al juez dos de 20 denuncias y la ASE hace su contribución a la impunidad al no presentar las denuncias de las irregularidades que ella misma detectó, requirió la devolución de lo desviado y no la ha hecho efectiva.

Que dos casos hayan llegado hasta un juez y que en uno de ellos el imputado haya quedado sujeto a proceso es un avance, pero la lentitud de la FGE y la omisión de la ASE dejan ver muy claro que ese avance es producto de la presión de las organizaciones civiles que impulsan las denuncias, y no por la voluntad de los organismos que deberían ser los primeros en combatir la corrupción.

Una falta de voluntad que los hace ver como cómplices de la corrupción y un dique en el que el avance en la lucha contra la impunidad se da por la presión ciudadana y a pesar de ellos.