Por Victoriano Martínez
La captura del presunto feminicida de Mitzi, la maestra de jardín de niños localizada muerta el lunes 19 en la colonia Las Piedras, es un muy buen resultado, pero lejos está de poder ser considerado como un indicador de un avance en la eficiencia del trabajo de la Fiscalía General del Estado.
El propio vicefiscal general, Aarón Edmundo Castro Sánchez, lo deja ver en el acto en el que informó sobre la captura del presunto asesino de Mitzi: “Hay avances significativos que una vez consolidados serán dados a conocer a la opinión pública”, fue lo que informó sobre los otros cuatros casos de asesinatos de mujeres ocurridos sólo en este mes.
Uno de cinco en el mismo mes. La rapidez con la que se resuelve un caso no garantiza que con esa misma rapidez se resolverán los otros. Sobre todo si en el historial de feminicidios, a partir de su tipificación en el Código Penal, el saldo es más bien negativo.
De enero de 2015 a julio de 2019, los casos tipificados como feminicidios (que es distinto al número de mujeres asesinadas) sumaron 75.
Las sentencias por casos de feminicidios dictadas por el Poder Judicial del Estado entre el 1 de enero del 2017 y el 28 de febrero del 2019 fueron apenas 18. Durante ese periodo ocurrieron 50 feminicidios, lo que deja sin justicia 32 casos que representan que un 64 por ciento se mantienen en la impunidad.
En 2017 hubo 18 feminicidios y, para ese año, el Poder Judicial del Estado reporta el mayor número de sentencias contra feminicidas: 11. Significaría que habría sido el año con menor índice de impunidad, de no ser porque seguramente varias de esas sentencias corresponden a algunos de los 15 casos ocurridos en 2015 y 2016.
El balance no sólo involucra la efectividad de la Fiscalía para no dejar impunes la mayor parte de los feminicidios, sino también el contundente fracaso que significa para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género el número de asesinatos de mujeres por su condición de mujer.
Antes de la declaratoria, en junio de 2017, es decir, del 1 de enero de 2015 al 31 de mayo de 2017, se tenían reportados 23 feminicidios. En mes en el que se hizo la declaratoria ocurrieron otros 4. Del 1 de agosto de 2017 al 31 de julio de 2019 ocurrieron 48 más. Falta ver cuántos de los cinco casos de mujeres asesinadas este mes terminan tipificados como feminicidios.
En los 24 meses en los que ha tenido vigencia la Alerta de Violencia de Género el número de feminicidios ha duplicado los ocurridos en los 29 meses previos a su declaratoria. Hasta parece que la Alerta tuvo el efecto de convocar a mayor agresividad contra las mujeres.
Si bien la responsabilidad de las autoridades involucradas en la Alerta, especialmente las de los municipios para las que se declaró (Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín) han incumplido con las medidas preventivas, en el caso de la Fiscalía General del Estado su reducida efectividad poco puede inhibir que el delito se cometa.
Casos como los ocurridos recientemente (una mujer quemada viva, en marzo una estudiante de la Universidad Politécnica decapitada, y el de Mitzi) consternan a la sociedad. Contraponer a esa consternación un caso resuelto, con estadísticas que muestran un porcentaje mínimo de castigo a los culpables, difícilmente causará un impacto favorable en la población.
Si no se combinan auténticas y efectivas medidas preventivas con una acción más contundente contra la impunidad, San Luis Potosí está muy lejos de poder salir del vergonzoso ranking de los diez estados más peligrosos para las mujeres y el de los diez estados donde ellas reciben más lesiones dolosas.
