Estela Ambriz Delgado
A pesar de que se les pretendió obstaculizar, autoridades y representantes de los pueblos y comunidades tének, náhuatl y xi’ui, llevaron a cabo una reunión regional para abordar la problemática en relación con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y el uso proselitista que se hace del mismo; el recorte al presupuesto asignado a las comunidades, y actos de manipulación del personal de la Secretaría del Bienestar, así como la entrega de documentación ante autoridades federales contra la imposición de Mario Godoy Ramos.
El pasado domingo 20 de abril se celebró la reunión regional de autoridades y representantes de los pueblos y comunidades tének, náhuatl y xi’ui, con la asistencia de más de 500 personas, entre los que había comisariados ejidales y comunales, consejos de vigilancia, jueces auxiliares, delegados municipales, consejeros y representantes de por lo menos 11 municipios de diversas comunidades indígenas tének y náhuatl principalmente, en la explanada de las instalaciones de la radio XEANT “La voz de las Huastecas”, en el municipio de Tancanhuitz.
Sin embargo, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas denunciaron que, desde su llegada, el personal de la radiodifusora les bloqueó la corriente eléctrica y pretendió ocupar la explanada con vehículos, además de que un locutor sistemáticamente pretendió desacreditar la reunión regional en sus intervenciones radiofónicas y con ello disminuir la asistencia, razón por la cual ya se presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
“Pese a estas circunstancias y sin un centavo de apoyo público logramos desarrollar nuestra reunión regional pacíficamente, con una abundante concurrencia y representatividad indígena comunitaria. Presidimos los trabajos en nuestra calidad de consejeros indígenas y contamos con el acompañamiento de consejeros municipales”.
Primordialmente, en la reunión se habló de la problemática que se vive con el FAIS, cuyos recursos deben ser manejados directamente por sus comunidades, y los trabajos para ello se encuentran en la etapa asamblearia, en la que se supone tienen que concurrir representantes de la Secretaría de Bienestar y del Instituto Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas (INPI).
En sus intervenciones, representantes y autoridades indígenas denunciaron actos de discriminación, exclusión y omisión, que personal adscrito a Bienestar ha cometido en las asambleas.
Se puntualizó que no es correcto que la Secretaría genere la convocatoria y presida las asambleas, haciendo a un lado a las autoridades tradicionales, ejidales y civiles.
Además de que les imponen un protocolo ajeno a la costumbre e intervienen tendenciosamente para que la comunidad se decida por obras donde dejan abierta la puerta al oportunismo de empresas privadas, dados los requerimientos técnicos.
Los representantes indígenas también se inconformaron porque Bienestar omite explicarles debidamente el recorte aplicado injustificadamente en los recursos que fueron asignados a las comunidades, pues se disminuyó el presupuesto comunitario a pesar de que lo determinado por la presidenta Claudia Sheimbaum Pardo, y las comunidades no reciben información clara al respecto.
A dichas inconformidades se le suma el hecho de que Bienestar hace proselitismo político con el programa, lo cual se encuentra prohibido en los propios lineamientos.
“Denunciamos que este conjunto de acciones vulnera la personalidad jurídica de la comunidad, su autonomía libre determinación, así como los usos y costumbres para celebrar una asamblea comunitaria. Con este comportamiento, que a todas luces es violencia institucional contra las comunidades indígenas, pues atenta contra los derechos humanos e indígenas. Queda claro que Bienestar e INPI no están a la altura del reto de respetar la transferencia de recursos directos hacia la comunidad”.
Respecto a la imposición de Mario Godoy Ramos como representante estatal del INPI, los consejeros informaron que se tuvieron reuniones con autoridades, y se entregó documentación ante el Instituto y la Presidencia de la República, a fin de ratificar que no es un perfil que destaque por la defensa de los derechos indígenas, no pertenece a ninguna etnia ni habla las lenguas tének, náhuatl o xi’ui del estado; no es originario de la región, y su conocimiento y experiencia no están actualizados.
Agotarán todas las instancias por la defensa de sus recursos
Finalmente, se acordó que las comunidades en su legítimo derecho sesionen y avancen en sus asambleas y sus trabajos, integrando la propuesta de comités de administración y vigilancia, para que cuando Bienestar e INPI concurran, se ratifique con su testimonio las decisiones de la asamblea. Cualquier acto que violente los usos y costumbres para realizar la asamblea comunitaria, se tomará nota de los servidores públicos y se denunciará ante las instancias correspondientes.
Agotarán las instancias legales para defender y exigir el respeto del presupuesto asignado inicialmente en el FAIS para comunidades indígenas, y en caso de ser necesario, se convocará a una movilización.
Asimismo, se mantiene la exigencia de que la representación de INPI la ocupe una persona que cumpla los requisitos, y no aceptarán la imposición de Mario Godoy.
Se convocarán y realizarán las reuniones municipales para informar a las autoridades comunitarias sobre el FAIS, además de que capacitarán a las personas sobre la defensa de los derechos indígenas.
