Fernanda Durán
Diputados locales advirtieron posibles violaciones a derechos humanos, ausencia de protocolos para pueblos indígenas y uso excesivo de la fuerza durante el operativo realizado en la comunidad tének La Peña, en Tampamolón Corona, además de exigir acompañamiento jurídico para las familias detenidas y una investigación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y secretario de la Comisión de Asuntos de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, José Roberto García Castillo, informó que desde el Poder Legislativo se brinda acompañamiento jurídico e institucional a las familias indígenas involucradas en el operativo efectuado el martes.
El legislador señaló que mantendrá seguimiento al caso debido a las denuncias realizadas por habitantes de la zona y al contexto de vulnerabilidad de las personas involucradas.
“Los pueblos indígenas tienen derechos que deben ser respetados en todo momento. No vamos a permitir que nuestros hermanos y hermanas enfrenten solos una situación de esta naturaleza. Estamos acompañándolos para que se garantice el debido proceso y el respeto irrestricto a sus derechos humanos”.
De acuerdo con el posicionamiento difundido por el legislador morenista, existen testimonios y material videográfico que apuntan a un presunto uso excesivo de la fuerza durante el desalojo contra familias que aseguran haber habitado los terrenos desde hace varios años.
Además, señaló que se han reportado posibles irregularidades en las detenciones, entre ellas la ausencia de intérpretes para personas hablantes de lenguas originarias, periodos de incomunicación con familiares y condiciones inadecuadas durante el resguardo de las personas detenidas.
García Castillo indicó que, derivado de gestiones realizadas, las personas detenidas ya cuentan con asesoría jurídica y acompañamiento de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, instancia que dará seguimiento a las actuaciones de las autoridades involucradas.
“Exigimos acceso pleno a la justicia, comunicación con las familias, atención médica para quienes lo requieran y que todas las actuaciones se conduzcan dentro del marco legal y con absoluto respeto a la dignidad de las personas”.
Por separado, el diputado Marco Gama Basarte, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, consideró que el operativo pudo haber derivado en violaciones a protocolos internacionales para la protección de pueblos originarios, así como afectaciones a niñas, niños y adolescentes presentes durante los hechos.
“Ante lo evidente de un operativo de esta magnitud, por supuesto que existe el riesgo de que se hayan cometido violaciones a los protocolos internacionales de protección y defensa de los derechos de los pueblos originarios”.
Aunque señaló que la ejecución del operativo corresponde a resoluciones judiciales y al auxilio prestado por fuerzas públicas, las corporaciones involucradas debieron actuar bajo apego estricto a protocolos legales y de derechos humanos.
El legislador de Movimiento Ciudadano añadió que las imágenes difundidas del operativo muestran posibles omisiones en la protección de menores de edad y en el respeto a los usos y costumbres de la comunidad indígena involucrada.
“Existe la posibilidad de que se hayan violentado los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes o primeras infancias, y de igual forma no se hayan atendido los mecanismos y los protocolos correspondientes”.
Gama Basarte consideró urgente que la Comisión Estatal de Derechos Humanos realice una investigación sobre lo ocurrido y emita un pronunciamiento respecto de posibles violaciones a derechos fundamentales.
“Es urgente y fundamental que la Comisión Estatal de Derechos Humanos haga una investigación puntual y una revisión urgente de lo sucedido, y haga el pronunciamiento correspondiente y en todo caso advierta sobre probables violaciones a los derechos fundamentales de las personas, de las infancias y de los pueblos originarios”.
El posicionamiento de los legisladores ocurre luego de que habitantes de la comunidad tének La Peña denunciaron que el martes fueron desalojados mediante un operativo en el que participaron elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Policía de Investigación, junto con civiles armados, lo que dejó personas detenidas, reportes de agresiones físicas y señalamientos de posibles violaciones a derechos humanos durante la ejecución del desalojo derivado de un conflicto por la posesión de tierras.
