Fernanda Durán
Las defensoras de derechos humanos Mariana Juárez Moreno y Claudia Elizabeth Cuéllar Ochoa han impulsado una propuesta para reformar la Ley de Educación del Estado con el objetivo de proporcionar a las niñas y niños herramientas para identificar posibles agresiones sexuales y saber cómo actuar ante situaciones de riesgo.
La reforma planteada busca modificar el artículo 58 de la Ley de Educación, que actualmente regula la educación sexual, debido al alarmante aumento de delitos sexuales contra menores en la última década.
Según los datos presentados, entre 2021 y 2025 se han abierto numerosas carpetas de investigación por violencia sexual infantil, lo que subraya la necesidad urgente de reforzar los mecanismos preventivos en el entorno escolar.
Claudia Cuéllar, una de las promotoras de la iniciativa, destacó la importancia de la prevención, pues “tenemos que tomar en cuenta la cifra negra y también ubicar que el tema de prevención es muy importante para el caso de la violencia hacia los niños y las niñas”.
La activista también subrayó que la reforma pretende crear un entorno escolar seguro al brindar tanto a los estudiantes como al personal docente las herramientas necesarias para identificar y manejar situaciones de riesgo.
La propuesta va más allá de la modificación del artículo 58 y complementa una iniciativa presentada por las mismas defensoras hace dos años, que proponía la creación de unidades de género en las escuelas primarias.
Según Cuéllar, estas unidades serían esenciales para capacitar a los docentes y ayudarles a cumplir con la legislación que obliga a las escuelas a contar con programas de atención, prevención y erradicación de la violencia.
Además, se mencionó que la propuesta tiene un enfoque integral, pues las defensoras buscan también contar con un diagnóstico actualizado a nivel estatal sobre los delitos sexuales contra menores. Hasta el momento, las cifras varían considerablemente según las fuentes, lo que dificulta conocer la magnitud real del problema.
“Es importante saber qué cifras están manejando las diferentes instancias que atienden estos casos, ya que muchas veces no se presentan denuncias formales, sino solo quejas”, expresó Cuéllar.
Las defensoras indicaron que solo en la zona metropolitana, se han detectado cerca de 500 casos de violencia sexual infantil, una cifra que podría ser aún mayor en otras regiones del estado.
La propuesta también subraya que el conocimiento sobre los derechos de los menores y las formas de protección puede mejorar la capacidad de las y los niños para reconocer conductas inapropiadas y actuar ante situaciones de riesgo.
Mariana Juárez, por su parte, agregó que la creación de espacios seguros dentro de las escuelas es fundamental para asegurar que los menores se sientan protegidos y sepan cómo proceder ante cualquier tipo de violencia.
La activista enfatizó que la iniciativa busca prevenir más que reaccionar ante los casos, ya que en el diagnóstico realizado en 2023 se observó un aumento significativo de la violencia dentro de los hogares, especialmente durante la pandemia del covid-19.
Ambas defensoras coincidieron en que la prevención es clave para reducir los delitos sexuales contra niños y niñas, y destacaron la necesidad de legislar en favor de una educación integral que, además de prevenir el abuso, fomente la protección y el respeto a los derechos de los menores.
La propuesta será entregada en próximos días a las comisiones correspondientes del Congreso del Estado, por lo que las defensoras han instado a las y los legisladores a priorizar el bienestar infantil, pues el acompañamiento de los casos de abuso sexual en la infancia debe ser una prioridad dentro de las políticas públicas del estado.
