Abelardo Medellín
Oficialmente, falta menos de un mes para que en San Luis Potosí se celebren las primeras elecciones judiciales en la historia, tanto del estado como del país, y tal parece que este evento democrático, supuestamente aclamado con vehemencia por la población, no solo tiene el interés por el suelo y las expectativas en número rojos, sino que carga consigo un problema, antes recurrente y ahora preocupante.
Esta semana, medios nacionales revelaron la información del nuevo “Informe sobre la situación presupuestal de los OPL” generado por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual confirma una condición administrativa que se esperaba desde hace meses: el Ceepac en San Luis Potosí, tendrá problemas para realizar la elección.
La mezquindad del gobierno potosino no es un fenómeno nuevo. Desde que Gallardo Cardona es gobernador, el INE ha identificado que en San Luis Potosí tenemos recurrentes problemas para cumplir con el presupuesto que requiere el órgano electoral para cumplir con sus responsabilidades. Según los informes de los últimos dos años, la entidad potosina suele oscilar entre alertas amarillas y rojas por riesgos operativos derivados de la irresponsabilidad financiera del gobierno estatal.
A penas en marzo pasado, el INE reportó que el Ceepac volvía a focos rojos con el segundo peor recorte presupuestal del país y un historial reciente de problemáticas administrativas provocadas por las confundidas prioridades económicas de la gestión estatal.
Ahora, el INE describe cómo para la elección judicial extraordinaria del próximo 1 de junio, el gobierno del estado solo ha entregado 67 millones 779 mil 654 pesos de los 110 millones que tiene comprometidos con el Organismo, es decir que aún tiene un adeudo por 42 millones 220 mil 345 pesos, esto con corte al 30 de abril.
Aunque pueda parecer menor la deuda y el gobierno insista en su pantalla habitual de prometer más recursos, en los hechos, sucede que la resistencia de la administración por cumplir sus obligaciones de forma responsable, provocó que el Ceepac haya aceptado ante el INE que tendrá problemas para atender las actividades que deben realizarse para la elección.
Con tal adeudo, el INE considera que San Luis Potosí se une a Nayarit, Veracruz y Zacatecas, en la lista de estados que tienen riesgos operativos en plena etapa de campaña rumbo a la elección de cargos judiciales.
Como dijimos, el gobierno potosino actual tiene una ya consolidada reputación como moroso cuando de atender la democracia se trata, pero resulta especialmente preocupante ahora, porque ya ha transcurrido el 84.6 por ciento de los días correspondientes a este proceso, y en contraste, el gobierno ha entregado únicamente el 61.6 por ciento de los recursos que debe.
Eso significa que, si la irresponsabilidad del gobierno se pudiera medir por la disparidad entre proceso transcurrido y obligaciones financieras cumplidas, la administración de Ricardo Gallardo tendría un nivel de mezquindad y codicia de 23 puntos porcentuales. Dos puntos más y veríamos al gobernador y sus secretarios declarando impunemente que el proceso electivo no les interesa… aunque no están lejos de eso.
Que el gobierno libere a cuenta gotas dinero público (es decir que no le pertenece) y decida que escatimar en libertades y derechos es una estrategia “inteligente” demuestra por qué el Ceepac se ha visto obligado, casi cada mes, a represupuestar, abandonar ciertas actividades, priorizar lo básico, reducir su capacidad administrativa, ante poner las condiciones mínimas, y aún con ello, justo cuando iniciaron las campañas, aceptó que podría no ser suficiente.
Entre quejas de los contendientes por una distribución que consideran injusta, la promoción del proceso a través de plataformas partidistas, la exclusión de grupos como las personas con discapacidad de la elección y las prácticas desleales en las que ya comienzan a incurrir ciertos candidatos cercanos al poder, el desfonde económico que tendrá el organismo encargado de velar por este proceso, se deja ver como la cereza de un pastel que a nadie se le antojó; la tormenta perfecta que solo afecta a los de abajo, y un gasto inútil que ni siquiera ha podido ser cubierto por el gobierno experto en gastos inútiles.
Hoy como en otras ocasiones, Gallardo Cardona se deja ver como el mandatario que disfruta el derroche, pero rechaza cualquier gasto que no sea en su propio proyecto.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es jefe de información de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
