Estela Ambriz Delgado
Las y los ejidatarios de El Peyote cierran filas para negociar un mejor precio de la liberación del derecho de vía para posterior expropiación, para la construcción del proyecto carretero Entronque 75D Matehuala, así como un plan de remediación de la zona, a través del apoyo del Gobierno Federal e instancias como la Procuraduría Agraria (PA), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Aunque en un inicio hubo molestia de parte de algunos asistentes, porque la convocatoria para la asamblea de este viernes 6 de junio se emitió apenas el día 1 del mismo mes, luego de un amplio debate y explicación de un grupo de asesores legales, con presencia del colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito, se acordó buscar una mejor negociación con la empresa Infraestructura Potosina de Carreteras.
Al inicio de la reunión el presidente del comisariado, Severo Rosales Medrano, aseguró que la convocatoria se apegaba a derecho pues era extraordinaria, y fue solicitada a petición de 20 ejidatarios, además de que sólo se verían dos puntos a debate, pero que no se trataba de la autorización de la venta de sus tierras.
Posteriormente, el secretario Eladio Cerda Guerrero hizo el pase de lista y registró 167 ejidatarios presentes, se eligió como presidente de debates a Fidencio Cuarenta Alfaro, y se dio lectura a acta de asambleas de abril y la del 3 de mayo, en la que se rechazó la oferta de 50 pesos por metro cuadrado, al considerarla miserable.
Al respecto sólo se hizo la observación de que en el acta no se precisaba la cantidad que los ejidatarios pidieron de 400 pesos por metro cuadrado, y que no era cerrada, sino que se puede ajusta a los proyectos que se les ofrezca.
Ahora META pretende los ejidatarios busquen negociar
Antes de continuar con el orden del día, Rosales Medrano indicó que al haber dado la asamblea autorización al comisariado para estar en contacto con la empresa asociada a Mexicana de Técnicos en Autopistas (META) y Grupo Valoran, así lo hizo y les planteó las obras que el ejido requiere. Sin embargo, la respuesta fue que ya no querían negociar con el ejido pues ya habían agotado las dos reuniones, y si es que querían de nuevo intentarlo tendrían que solicitarlo los ejidatarios.
Aunque la empresa dijo ya no estar interesada en negociar, igualmente recibió las propuestas de El Peyote que acordaron al final de la asamblea del 3 de mayo, e hizo mención de estas de acuerdo al orden de importancia.
En primer lugar, el precio de 400 pesos por metro cuadrado con la posibilidad de bajar a 200 si se les apoyaba con el resto de sus peticiones, que consisten en la perforación de un pozo, poner techo a la cancha ejidal y la pavimentación de dos kilómetros desde Casimona hasta la vía del poblado. La rehabilitación del basurero, pavimentación del acceso al panteón, construcción de un aljibe con membrana, aportación de un recurso económico al ejido por año, acceso del trazo carretero al poblado, un parador turístico para la venta de productos del ejido, así como la propuesta para el desarrollo económico del núcleo de manera integral y sostenible del ingeniero ambiental Luis Daniel Guerrero.
A los asistentes a la asamblea no les agradó el hecho de que la empresa pretende que ahora ellos sean quienes busquen la negociación, además de que advirtieron vendrían con la misma oferta, pues tienen la certeza de que ese proyecto se tendrá que realizar, dado que ya fue anunciado por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Esa empresa nunca nos dio nuestro lugar, nunca nos dio nuestro respeto para nada, (…) ¿y ahora nosotros tenemos que ir a rogarle?, ¿ustedes creen que eso es justo cuando ellos son los que necesitan nuestro territorio?”.
En el mismo sentido, la ejidataria Josefina Márquez Anaya hizo mención de que asistió junto con otros habitantes de El Peyote a las oficinas locales de la Semarnat. Ahí les confirmaron que la empresa no contaba con ningún permiso para intervenir su territorio y causar daños a la vegetación como lo hicieron, por lo que cuestionó cómo fue posible que pudieran hacer sus exploraciones, y quién les dio permiso.
El tema causó un debate entre los ejidatarios, pues incluso se dijo que la Semarnat les indicó podrían presentar una denuncia por los hechos ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), por lo que el presidente del comisariado admitió haberles dado permiso; cuando él entregó un oficio al respecto en dichas instancias y la PA, pudo percatarse que están de acuerdo con el Gobierno del Estado.
“A mí la licenciada que me atendió dijo riéndose, ‘Mire, es del gobernador’, exactamente le digo, es del gobernador, pero queremos que vayan a Peyote, y me dijo ‘le avisamos’”.
Posteriormente, hubo discusión porque se consideraba la asamblea estaba viciada de origen por no cumplir la convocatoria con los ocho días de ley para ser publicada, y se dijo solo fuera informativa, pero no tomar acuerdos.
La conformación de un frente común
Como siguiente punto del orden del día, Rosales Medrano presentó a los licenciados María Gregoria Torres y Alfredo Rodríguez Hurtado, asesores jurídicos de San Lorenzo y Peotillos, quienes fueron a explicar de qué forma podrían incrementar el precio de la tierra y ofrecer su representación para El Peyote, a fin de que ellos realizaran las negociaciones con la empresa.
Rodríguez Hurtado señaló que Infraestructura Potosina de Carreteras está “midiendo a la gente” para determinar en qué casos subir 10 pesos y en otros 50, 60, o 70, por lo que consideró que El Peyote tiene un buen margen de negociación para obtener un mejor precio y obras.
“Ustedes deciden, ustedes mandan (…). Vean por la comunidad, fíjense en las obras, yo creo que si entramos en una negociación, si nos permiten ayudarles desde el punto de vista crítico, si San Lorenzo, Coyote y La tapona se quedaron sin obra social, pues a lo mejor ustedes la pueden captar”.
Gregoria Torres hizo una explicación sobre el avalúo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (INDAABIN), el precio de la tierra y la indemnización, así como el trabajo conjunto que se puede hacer para subir el precio a través de los bienes distintos a la tierra (BDT), además de obra social, al momento de que inicie la construcción
“Es trabajar y ver hasta dónde podemos subir y el buscar la manera de llegar a los 200 que ustedes están pidiendo, buscarlo”.
Aunque los abogados consideraron que 400 pesos por metro cuadrado era elevado, cuando se dio la palabra a Guardianes de la Sierra se sostuvo que este precio debía seguirse manejando, pues el avalúo de INDAABIN es de siete pesos por metro cuadrado y hay un margen que se llama indemnización, la cual puede crecer en función del nivel de organización de la gente.
Se precisó que esto sería con un margen de ajuste en función de las obras que se comprometieran a hacerles, es decir, poner como tope los 400 pesos y bajar en función de las propuestas que llevó el presidente del comisariado a la empresa.
Para lograr la negociación, se propuso buscar la intervención del Gobierno Federal, pues inclusive el procurador agrario nacional Víctor Suárez Carrera ya esta informado de la situación y de la celebración de esta asamblea. Se tiene la certeza de que él actuará en favor de los intereses de la clase campesina y El Peyote.
Por otra parte, se consideró que la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, podría apoyar en lo concerniente a la remediación ambiental y la propuesta del ingeniero Luis Daniel Guerrero, por lo que Guardianes de la Sierra propuso gestionar reuniones con funcionarios de la secretaría, de la SICT, así como con el procurador Suárez Carrera.
“Que ellos los cubran, los ayuden, y que ellos citen a los empresarios (…). Esa carretera se va a hacer, lo sabemos, pero ya no hay que dejarse, no hay que permitir que nos dividan”.
Finalmente, el acuerdo fue pedir el apoyo a las instancias mencionadas y que en ese acompañamiento al comisariado ejidal y consejo de vigilancia, vayan junto con Guardianes de la Sierra, los licenciados Gregoria Torres y Rodríguez Hurtado, por lo que las y los ejidatarios votaron por unanimidad a favor de la propuesta, y el comisariado urgió a que esto se realizara a la brevedad.
De igual manera, el ejidatario José Luis Guerrero puntualizó que este acuerdo debía quedar plasmado en el acta y que en las negociaciones debe considerarse un plan de remediación para disminuir el daño, sumado a que se proporcione el proyecto de la obra para tener conocimiento previo del mismo, así como de la cantidad específica de tierra que se pretende usar.
“Tenemos que negociar, pero antes que nos presenten su proyecto, su plan para saber qué van a hacer, cuánto se va a gastar o cuánto se va a ocupar. Porque si no después ya valimos. Y no autorizar poder absoluto a ninguna representación, siempre hay que hacerlo del conocimiento de la asamblea, porque al final de cuentas la asamblea es la máxima autoridad”.
En entrevista para Astrolabio, el presidente del comisariado destacó que asistieron 167 ejidatarios de un total de 300, por lo que estuvo la mayor por parte. Posterior a la respuesta que les den en la Ciudad de México, se les convocará nuevamente para darles la información en asamblea.
“Estamos trabajando en conjuntamente para ellos, para el ejido (…) nosotros nos hemos caracterizado de que desde que tomamos las riendas del ejido en luchar, el día de hoy llegamos a un acuerdo en por mayoría de la gente que asistió, dejando clara la unidad de todos los pobladores (…) le dimos la representación al equipo de asesores y esa es una unidad de todo el equipo”.
