Por Victoriano Martínez
Si desde el poder, sea político o económico o en mancuerna, le buscan el modo para salirse con la suya sin tomar en cuenta a la población, del otro lado hace tiempo que surgió una resistencia que cada vez alcanza ser tomada en cuenta o de plano frena proyectos que la perjudican o perjudican el medio ambiente.
El caso emblemático, por sus dimensiones y alcances, es sin duda la declaratoria de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito en su modalidad de Área de Protección de Flora y Fauna que su lucha inició con la consigna “Sierra sí, fraccionamientos no”.
Aun así, el próximo martes se tiene programada una asamblea de la Comunidad de San Juan de Guadalupe en la que se pretende reabrir la posibilidad de proyectos de urbanización, tanto en los límites externos de la ANP como en 527 hectáreas dentro del polígono protegido.
Otro caso emblemático lo representa la oposición de los vecinos de El Saucito a la construcción de un puente a desnivel junto al Templo por el riesgo en que se pone el edificio histórico, la afectación a las actividades culturales y religiosas del área, un posible daño ecológico en sus zonas verdes y posibles afectaciones económicas a las actividades del lugar.
Desde marzo de 2018, cuando el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez, intentó por primera vez construirlo, los vecinos lo impidieron y no sólo evitaron la construcción del paso a desnivel, sino que, al hacerlo, quedó expuesto el negocio por anticipado que operó la gallardía con pagos adelantados que lo convirtieron en obra pagada no ejecutada.
Se realizaron adelantos de pagos a las empresas que lo construirían por más de 106 millones de pesos y, en la siguiente administración municipal, se lograron recuperar 55 millones 760 mil 866 pesos.
A la una de la mañana del 12 de julio de 2023, el alcalde Enrique Galindo Ceballos intentó iniciar la obra, pero los vecinos también se lo impidieron. Para esa fecha el alcalde ya había convocado a 10 licitaciones y asignado obras por 378 millones 348 mil 374.88 pesos y durante ese año pagó anticipos por 161 millones 131 mil 921.03 pesos. En esta ocasión no se habló de obra pagada no realizada.
El pasado 4 de febrero marcó el inicio de un tercer intento por realizar la obra, aparentemente en una acción coordinada entre las autoridades estatales y municipales. Se volvieron a dar los cuestionamientos de los casos anteriores y surgieron dos puntos adicionales: un estudio universitario que ubica el sitio e la obra en un potencial cruce de una falla geológica y un inesperado freno a la convocatoria a cargo del gobierno estatal.
El Colectivo en Defensa del Patrimonio Cultural informó este viernes sobre un obstáculo más para la obra: El Juzgado Sexto de Distrito emitió una suspensión definitiva dentro del juicio de amparo 821/2026-III promovido por habitantes de El Saucito contra el proyecto que legalmente la paraliza en tanto se resuelve el fondo del asunto.
Una acción ciudadana que proclama no estar en contra del desarrollo de la ciudad, sino que buscan que la autoridad tome en cuenta a la población y su derecho a participar en este tipo de decisiones.
“Representa la oportunidad de que las instituciones revisen el proyecto con responsabilidad, con transparencia y con participación ciudadana. Porque el verdadero desarrollo no consiste únicamente en construir infraestructura. Consiste en mejorar la vida de las personas”, expuso el Colectivo.
Otro caso en el que la defensa del territorio se vio avasallada por la mancuerna empresarios-gobierno del estado fue la ocupación previa de tierras en el Ejido El Peyote para la construcción del último tramo de la autopista de cuota a Matehuala: el pasado 7 de julio la representación de la Procuraduría Agraria en el Estado comunicó a los inconformes la ilegalidad de contrato de ocupación.
Entre las irregularidades detectadas por la Procuraduría Agraria se encuentra una alteración del acuerdo de la asamblea en el contrato, pues incluyeron la posibilidad de ampliar el área de ocupación sin necesidad de acordarlo con la asamblea, cuando se votó por lo totalmente opuesto.
La Procuraduría Agraria determinó inviable participar en la formalización del convenio porque “no se garantizan condiciones mínimas de legalidad ni la debida tutela de los derechos del núcleo agrario, toda vez que contiene las siguientes inconsistencias:
• “Falta de determinación del objeto (certeza territorial).
• “Clausulas lesivas y desequilibradas.
• “Inconsistencias técnicas en la superficie y longitud del proyecto.
• “Violación a la voluntad de la Asamblea Ejidal; y
• “Falta de formalidad esencial (intervención de la Procuraduría Agraria)”.
En un comunicado, el grupo de ejidatarios que promovieron la inconformidad aclararon que no pretenden destruir el proyecto de autopista, sino únicamente se correspondidos con con beneficios para la comunidad para lo que incluso hicieron un planteamiento integral sobre infraestructura, obras de aprovechamiento hídrico y beneficios diversos, “muy por encima de lo que terminaron imponiendo”.
“Los ejidatarios de El Peyote que han denunciado daños ambientales e irregularidades de carácter ambiental dejan claro que su planteamiento de origen no tenía que ver con destruir el proyecto carretero, lo que han exigido es un beneficio real desde el punto de vista social, económico y ambiental”, señalan en el comunicado.
Tanto la resistencia en el caso del puente a desnivel en El Saucito como en el Ejido El Peyote tienen en común no oponerse al desarrollo sino proteger sus derechos y su patrimonio, tanto de tradiciones y cultura hasta beneficios desde el punto de vista social, económico y ambiental.
Del otro lado, lo que tienen en común es la actitud de imponer sus acciones sin tomar en cuenta los derechos de la población, que ya no sólo protesta en las calles, sino que ha logrado activar acciones jurídicas en su defensa que comienzan a dar resultado.
