Fernanda Durán
Tras los señalamientos del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros por el aplazamiento de la votación legislativa para crear la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas, la diputada Gabriela López Torres rechazó haber frenado el proceso y sostuvo que su intención fue evitar una institución “de nombre” que no contara con respaldo presupuestal real.
La legisladora de Morena afirmó que respeta profundamente a los colectivos de familias buscadoras, ya que atraviesan “situaciones muy complejas”, pero su postura no tuvo el objetivo de entorpecer la iniciativa, “yo no le llamaría que frené el proyecto ni la creación de la Fiscalía”.
“Lo que quise evitar desde la comisión fue que el día de mañana no nos reprochen al Congreso del Estado que hicimos una Fiscalía sin recursos, que fue un engaño”, explicó.
López Torres explicó que toda iniciativa que implica la creación de una nueva institución debe incluir un análisis de impacto presupuestal, algo que, aseguró, no venía contemplado en el dictamen presentado.
“Plantearon que se creara la Fiscalía, pero sin recursos. Entonces, yo lo que quise evitar, y ese sería mi mensaje a los colectivos, yo lo que quise evitar desde la Comisión fue que el día de mañana no nos reprochen al Congreso del Estado que hicimos una Fiscalía sin recursos, que fue un engaño, entonces ¿para qué creamos una Fiscalía si solamente iba a ser de nombre?”, cuestionó.
La legisladora admitió que no ha tenido un acercamiento directo con el colectivo, pero aún está en busca del diálogo.
“Estoy buscándolo a través de otra persona que conoce del colectivo para explicarles esto, y que no fue una cuestión de mala voluntad, sino todo lo contrario”.
Frente a las acusaciones de insensibilidad y desconocimiento de la ley por parte de la presidenta del colectivo, Edith Pérez Rodríguez, la diputada defendió su compromiso institucional.
“Las instituciones, lamentablemente, jamás van a funcionar con buenas voluntades, ni con las ganas que uno a lo mejor tiene de hacer las cosas”, dijo. “No fue un freno, fue más bien un blindaje para que no nos reprochen eso el día de mañana”.
López Torres recordó que el dictamen proponía la entrada en vigor de la Fiscalía a partir del 1 de septiembre, pero con una planeación financiera adecuada, podría funcionar plenamente desde enero de 2026. Para ello, insistió, es indispensable solicitar las opiniones técnicas necesarias, incluyendo el impacto presupuestal formal.
La diputada sostuvo que la expectativa debe centrarse en contar con una Fiscalía que verdaderamente funcione, con presupuesto asignado, personal especializado y recursos materiales suficientes para atender adecuadamente las labores de búsqueda, pues “buscar a una persona es costoso, requiere tiempo, esfuerzo, investigación”, por lo que no basta con cambiar el nombre de una unidad, sino garantizar su operatividad real.
Finalmente, pidió que las decisiones del Congreso no se tomen desde la coyuntura política ni desde el populismo electoral, sino trabajando de la mano con los colectivos, con fundamentos, claridad y responsabilidad.
“Yo he conminado a este honorable Congreso a que se trabaje de la mano de los colectivos, a que se pidan opiniones técnicas, a que siempre sustentemos las decisiones de este Congreso, no en coyunturas políticas, y no apropiarse de las luchas de colectivos para crear un populismo electoral”.
