María Ruiz
El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, reconoció públicamente la existencia de una red informal —y en muchos casos ilegal— de extracción y venta de agua en San Luis Potosí, una práctica que se ha intensificado en los últimos años ante la crisis de abasto y las prolongadas sequías.
Desde su experiencia al frente del municipio y en coordinación con el organismo operador Interapas, Galindo aseguró que han identificado pozos que operan al margen de la ley o en condiciones poco transparentes en los cuatro municipios que componen la junta de gobierno del Interapas: Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro, Villa de Pozos y la capital.
“Aquí hemos detectado en algunos lugares pozos clandestinos o que trabajan en la clandestinidad vendiendo agua. A lo mejor son legales, pero operan fuera del control normativo”, dijo.
El alcalde lamentó que, pese a las evidencias, el municipio carece de atribuciones legales suficientes para actuar directamente.
“No tenemos todas las facultades para intervenir. Hemos visto portones cerrados de donde salen pipas cargadas, pero no se detecta nada visible. Y no tienen permiso de comercialización, eso es lo más grave”, expresó.
Galindo ademas calificó esta actividad como un tipo de “huachicoleo”, en referencia al robo y venta ilegal de combustible, pero en este caso aplicado al agua.
“Cuando no hay un permiso, cuando no se conoce el origen del agua, cuando se comercializa sin autorización, eso es huachicoleo. Literalmente es robo de agua”.
El alcalde incluso reveló que en medio de la crisis hídrica se intentó localizar esos pozos para abastecer a la población, pero se toparon con obstáculos logísticos y legales.
“Yo siempre me pregunté: ¿de dónde cargan las pipas que venden agua? Si no es de un pozo autorizado por Interapas, es ilegal”, afirmó.
Frente a esta situación, Galindo Ceballos respaldó la iniciativa impulsada por la doctora Violeta Méndezcarlo, investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien propone reformar el Código Penal del Estado para tipificar como delito el robo y la venta ilegal de agua.
“Yo también subiría las tomas clandestinas al Código Penal. Robo de agua es robo, así de claro”, concluyó el edil.
