Fernanda Durán
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) presentó formalmente ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos, con el propósito de establecer un marco normativo aplicable al proceso de transición administrativa y judicial, previsto para el próximo 15 de septiembre en el Poder Judicial local.
La propuesta fue entregada el pasado viernes 20 de junio a través de la Oficialía de Partes del Congreso, en coordinación con la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización, presidida por el diputado Luis Fernando Gámez Macías, quien acompañó al IFSE durante el proceso de elaboración.
La iniciativa surge a partir de los ajustes derivados de la reforma judicial aprobada en el estado, que prevé una renovación total del Poder Judicial mediante el voto popular.
Según el IFSE, al modificar la estructura institucional, la reforma dejó fuera de la legislación vigente procedimientos específicos para la entrega de recursos materiales, humanos, financieros y administrativos entre los órganos salientes y los entrantes.
“Tuvimos que trabajar a marchas forzadas y lo logramos, entregamos la iniciativa de reforma a la Ley de Entrega Recepción estatal en tiempo récord, para evitar comprometer nuestro oficio de supervisión del proceso y por lo tanto, afectar sus resultados”, expresó el auditor superior, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, al referirse al alcance de esta transición inédita.
El IFSE considera que sin esta adecuación legal podrían generarse conflictos jurídicos o incertidumbre administrativa, dado que la ley estatal actual no contempla escenarios como la desaparición del Consejo de la Judicatura ni la instalación del nuevo Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
El relevo judicial de septiembre implicará el cambio de más de 80 personas juzgadoras y magistradas, así como la instalación de nuevas figuras como el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, creados mediante la reforma constitucional aprobada en 2024.
La iniciativa plantea reformar y adicionar disposiciones específicas para la entrega-recepción en el Poder Judicial. Entre las propuestas más relevantes se encuentran:
- Establecer comisiones formales de entrega y recepción, integradas por las personas juzgadoras salientes y entrantes, personal del órgano interno de control y representantes del IFSE.
- Regular el acto protocolario que deberá celebrarse entre el 15 y 16 de septiembre, previo a la toma de protesta.
- Garantizar que el expediente de entrega-recepción contenga documentación verificable y formatos actualizados en medios magnéticos.
- Precisar que la firma del acta no implica aceptación automática de posibles irregularidades ni deslinda de responsabilidades a las personas salientes.
- Incluir al auditor interno del IFSE como autoridad competente en el control del propio Instituto.
Además, el documento contempla ampliar el concepto de “ejercicio constitucional” y definir expresamente quiénes son sujetos obligados dentro del Poder Judicial, incluyendo magistraturas, juzgadores, personal administrativo y titulares de órganos internos de control.
En la exposición de motivos se advierte que las reformas judiciales recientes dejaron fuera disposiciones operativas necesarias para garantizar una entrega ordenada, verificable y legalmente válida. Por ello, el IFSE considera que actualizar la ley es clave para evitar “conflictos legales en el futuro próximo”.
Se incorporan también mecanismos para que el Instituto de Fiscalización pueda canalizar denuncias, supervisar el proceso en tiempo real, y emitir declaratorias de integración de comisiones.
Finalmente, el titular del IFSE consideró como un logro institucional el haber presentado esta iniciativa de reforma porque representa una necesaria armonización con la nueva realidad jurídica local y nacional, en la que San Luis Potosí se ha convertido en pionero.
Asimismo, destacó la urgencia de que esta reforma sea discutida y aprobada antes del acto protocolario del 15 de septiembre, fecha en la que se prevé la toma de posesión de los nuevos magistrados y funcionarios judiciales.
En la propuesta legislativa se establece como plazo límite el 20 de agosto de 2025 para que el nuevo Órgano de Administración Judicial adecue su normatividad interna al marco actualizado.
La propuesta será recibida por el Congreso este martes y posteriormente será turnada a comisiones para su análisis.
