Fernanda Durán
Representantes de la industria cinematográfica y audiovisual presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de Ley de Filmaciones de San Luis Potosí, que propone establecer un marco jurídico para ordenar y promover la producción audiovisual en la entidad, bajo principios de inclusión, sustentabilidad y rendición de cuentas.
La propuesta fue entregada a inicios de octubre por el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) en San Luis Potosí, Juan Gerardo Rivera Posadas, acompañado de actores, productores, vestuaristas y jóvenes cineastas locales; y fue turnada esta semana a las comisiones de educación, ciencia y tecnología, así como a la Comisión de hacienda del estado.
El documento plantea la creación del Centro Estatal de Filmaciones como órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Económico, encargado de operar una ventanilla única para permisos, coordinar con municipios y administrar el Fondo Estatal de Filmaciones “Filma-SLP”, que concentraría los apoyos económicos e incentivos para producciones que se realicen en el estado.
El proyecto busca simplificar trámites, otorgar certeza jurídica a productores y proteger los derechos laborales de quienes participan en rodajes, además de garantizar la consulta previa con pueblos originarios y comunidades receptoras cuando las filmaciones se desarrollen en sus territorios.
También incorpora mecanismos de control presupuestal, fiscalización y transparencia sobre el uso de recursos públicos.
La iniciativa establece principios de igualdad sustantiva, perspectiva de género y accesibilidad, junto con obligaciones ambientales que van desde el manejo responsable de residuos hasta la reducción de huella ecológica durante los rodajes.
De igual manera, se prevé medidas de inclusión laboral y educativa en colaboración con universidades y academias, además de promover la participación de mujeres, personas con discapacidad y grupos históricamente excluidos en el ámbito audiovisual.
Entre las medidas de vigilancia destacan la creación de un tablero digital público donde se registren filmaciones, permisos, beneficiarios e incentivos, así como la obligación del Centro Estatal de Filmaciones de rendir informes periódicos ante el Congreso del Estado.
El uso del Fondo “Filma-SLP” estaría sujeto a auditorías de la Contraloría y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, y no podría ejercerse sin autorización anual en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
De acuerdo con la exposición de motivos, San Luis Potosí cuenta con condiciones naturales y culturales favorables para atraer rodajes, pero carece de un marco jurídico integral que regule la actividad y evite duplicidades administrativas entre dependencias y municipios.
La propuesta se inspira en modelos como el de Jalisco, cuya Ley de Filmaciones —vigente desde 2021— incrementó la inversión audiovisual y fortaleció la capacitación local.
En el caso potosino se prevé que la implementación de la ley no implique nuevas erogaciones automáticas, sino que dependa de la disponibilidad presupuestaria y la aprobación legislativa anual.
Si es aprobada, esta legislación colocaría a San Luis Potosí entre las pocas entidades del país con una norma específica para la industria audiovisual, con un enfoque que combina competitividad económica, protección de derechos humanos y supervisión pública del gasto.
A comienzos de 2025, autoridades municipales de la capital potosina y representantes de la Secretaría de Turismo estatal impulsaron negociaciones informales con productores nacionales e internacionales para que San Luis Potosí sea considerado locación cinematográfica.
Por ejemplo, se anunció el arranque de grabaciones en la capital bajo la etiqueta “destino de turismo de filmaciones” en redes del Ayuntamiento de San Luis Potosí y Turismo; paralelamente, se dio a conocer que una productora de Disney se encontraba en el estado para explorar locaciones posibles.
