Marcela Del Muro
Primera llamada: las omisiones de la Fiscalía de Feminicidios
Tras más de dos años sin comunicarse, la llamada llegó a principios de octubre. Margarita García sintió una mezcla de molestia y sorpresa al ver el número: era la Ministerio Público (MP) a cargo de la investigación del feminicidio de su hermana Emma y su sobrinita Victoria. La abogada le anunció que “estaba dando agilidad al caso y había girado oficio para pedir que se revisen unos videos”, recuerda Margarita. Un indicio que las autoridades conocen desde semanas posteriores al ataque, ocurrido en febrero de 2018 en la carretera que atraviesa la comunidad San José Tlajumpal, en el municipio huasteco de Matlapa.
Para Margarita, estos casi ocho años de proceso han sido un tormento. Desde que sucedió el feminicidio ha buscado conocer cómo avanza la investigación, pero ni la MP de la Fiscalía Especializada en Feminicidios ni los asesores de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctima (CEEAV) y de la Defensoría Pública Federal que han llevado su representación, le informan de algún avance. Denuncia que ni siquiera existe una línea de investigación sólida.
En 2023, en un encuentro con la entonces titular de Feminicidios, Sandra Verónica Sánchez Urrutia –quien dejó el cargo en mayo de 2025–, le informó que el caso posiblemente sería reclasificado como homicidio. No hubo más explicaciones, aunque Margarita preguntó. La confirmación de que el expediente seguía investigándose como feminicidio llegó hace dos meses, con la llamada de la MP, y luego con la entrega de las copias de la carpeta de investigación.
La aparente “agilidad al caso” no fue iniciativa de la agente de Feminicidios. Esa llamada es uno de los primeros logros del proyecto Tejiendo Justicia, dirigido por la activista Frida Sofía Viramontes Cruz en colaboración con Educiac, que actualmente trabajan en la elaboración del “Protocolo de primera actuación para garantía de los derechos de las víctimas indirectas de feminicidio en SLP”.
Durante el tercer taller de trabajo del proyecto, Margarita pudo relatar el abandono, la falta de información y las omisiones del Estado que mantienen detenida la investigación del caso de Emma y Victoria. Lo dijo frente a la actual fiscal de Feminicidios, Judith Almaguer Segura, y sus compañeras de la colectiva Por ellas, por nosotras y por todas, conformada por familias de víctimas -entre ellas Frida, hermana de Lupita Viramontes-, activistas y acompañantes.
Para Viramontes Cruz, una de las revelaciones más importantes obtenidas durante el desarrollo de este proyecto ha sido “constatar la incapacidad estructural de las instituciones para operar sin la presión constante de las familias” y agrega que Tejiendo Justicia “no solo trata de sistematizar la experiencia, sino que también revela la distancia institucional y la urgencia de transformarla”.
“Yo he buscado por todos lados. Gracias a la colectiva, he estado yendo a San Luis (capital) y he tocado puertas, porque de parte de ellos (las autoridades) nunca vi nada”, señala Margarita. La realidad es que esa “agilidad al caso” surge de su búsqueda por la verdad y la justicia, pues en siete años no ha dejado de presionar para obtener respuestas. Pero también es por el apoyo y el acompañamiento que ha recibido de sus compañeras de Por ellas, por nosotras y por todas.
Segunda llamada: los siete años de abandono por parte de la CEEAV
A principios de noviembre, Margarita recibió otra sorpresiva llamada mientras trabajaba en la Sierra de Aquismón. No se dio cuenta de las llamadas ni de los mensajes que se habían acumulado en su celular hasta varias horas después. La asesora victimal de la CEEAV, que llevaba siete años sin llamarla, insistía en que necesitaba hablar urgentemente con ella. Margarita no volvió a tener contacto con la abogada desde aquella primera llamada en la que se presentó y le dijo que el Estado la había asignado como la representante jurídica de su familia en el caso de Emma y Victoria.
“Hasta en la noche, que me pude desocupar, le mande mensaje. Y, a esa hora, me marcó la licenciada para decirme que le urgía que yo le firmara unos documentos y que, por indicaciones de su superior, ella tenía que retomar el caso”, cuenta Margarita. Esos documentos eran oficios para que la abogada pudiera acceder a la carpeta de investigación.
La asesora victimal de la CEEAV no tiene acceso a la investigación de la Fiscalía desde marzo de 2023, cuando la representación jurídica fue tomada por la Defensoría Pública Federal. En esos primeros meses de actuación, Margarita se enteró de que no existe una línea de investigación y que esos vídeos que ahora revisan ni siquiera aparecían mencionados en la carpeta. La información comenzó a fluir, pero la abogada fue cambiada y, con la nueva, volvió a ser más de lo mismo.
Sin embargo, la representación victimal volvió a manos de la institución estatal en mayo de 2024. Durante la instalación del memorial colectivo para víctimas de feminicidio –ubicado en la calle Universidad-, Margarita y la CEEAV firmaron el cambio de la representación jurídica, y el entonces titular de la dependencia, Miguel Ángel García Amaro, se comprometió a dar seguimiento a su caso. Seguimiento que llegó un año y cuatro meses después, con la llamada de la asesora.
“Le urgía, quería verme, que le firmara; quería que ya me fuera a Valles. Y le dije, ‘es que es imposible. Yo estoy ahorita en una comisión en el trabajo, donde no puedo faltar’. Y le dije que me diera chance para ver cuándo me podían dar permiso”, relata Margarita. La insistencia continuó al día siguiente, cuando la asesora le avisó que iría a un entronque cercano a la Sierra de Aquismón para que pudiera firmar, pero para Margarita era imposible trasladarse hasta el punto de encuentro.
No pudo acudir a firmar hasta un par de días después. “La asesora jurídica me quiso hacer sentir mal, me dijo: ‘Yo no puedo meter mano porque usted tenía otra representatividad’. Pero ¿desde cuándo se retiró la representación? Si realmente estuvo al pendiente de la carpeta, como dice, ¿por qué no sabía y no intervino antes?”. Margarita comenzó a sospechar que la insistencia se debía a la presión de sus superiores, no a que quisiera realmente mover el caso. Y estaba en lo cierto.
Un día antes del insistente contacto de la asesora, el 3 de noviembre, algunas familias de Por ellas, por nosotras y por todas se reunieron con el actual encargado de despacho de la CEEAV, Juan Gerardo Castillo Mata, y le señalaron la falta de seguimiento que se estaba realizado desde la institución al caso de Emma y Victoria. Nuevamente, esa llamada fue gracias a la presión que sus compañeras de colectiva ejercen sobre las autoridades.
“Hoy en día, los avances en los casos no responden a una dinámica institucional proactiva, sino al esfuerzo incesante de madres, hermanas, familiares y acompañantes que tienen que empujar cada trámite para que algo suceda. Esta dependencia de la exigencia familiar no solo revictimiza, sino que evidencia la ausencia de mecanismos internos eficaces para garantizar verdad, justicia y reparación”, explica Viramontes Cruz.
Para Margarita, estos últimos contactos con la MP y con la asesora victimal no significan que la investigación esté avanzando, pero aún mantiene la esperanza de que, tarde o temprano, podrá conocer la verdad y que Emma y Victoria alcanzarán la justicia.
El caso de Emma y Victoria y el contexto estatal
Lo que ha vivido Margarita no es una situación aislada en el estado. La negativa de información, la revictimización constante, las omisiones acumuladas y la negligencia con la que ha sido tratada la investigación son violaciones a las que se enfrentan las cientas –quizá miles– de familias que viven un feminicidio en San Luis Potosí.
La colectiva Por ellas, por nosotras y por todas ha señalado que sus largos y desgastantes procesos son insostenibles y han dejado estragos en su salud mental y física. Ninguna de las ocho familias que la integran han obtenido justicia ni una reparación justa del daño.
El Estado afirma que en los últimos cuatro años ha implementado estrategias y políticas públicas que posicionan a la entidad entre los índices más bajos de feminicidios en el país -con cinco casos registrados entre enero y septiembre de este año-, lo que permitió el levantamiento de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Tamuín, Tamazunchale y Matehuala.
Por su parte, la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), María Manuela García Cázares, aseguró durante su última comparecencia ante el Congreso, a principios de este mes, que el 100 por ciento de los casos de feminicidio registrados en el año “fueron resueltos con su respectiva vinculación a proceso”.
La narrativa oficial, sostenida únicamente en cifras, parece estar muy alejada de la realidad que enfrentan las familias. Mientras se anuncian logros e instituciones eficaces, la realidad de las familias es otra: sin presión, los casos no avanzan y la justicia pocas veces llega. Sin embargo, la fuerza guardada en la colectividad entre familias es lo que les sostiene en la lucha.
“El proceso de trabajo colectivo demuestra la fuerza del apoyo entre familias. Cuando las instituciones fallan o se retraen, son las propias familias quienes intentan sostener la búsqueda, comparten estrategias y construyen redes que permiten resistir. Este acompañamiento horizontal se convirtió en un pilar fundamental para enfrentar la impunidad y para mantener viva la exigencia de que el Estado cumpla con su responsabilidad”, finaliza Frida Viramontes.
