Estela Ambriz Delgado
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) negó que la entidad haya sido excluida del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), y ante la falta de ministración a diversas localidades, aseguró que el calendario de ejecución no concluye en enero.
Luego de que un medio de comunicación diera a conocer que cinco estados del país, entre ellos San Luis Potosí, no recibieron los recursos del fondo cuando menos hasta agosto de este año —de acuerdo con el reporte “Coordinación fiscal, infraestructura social y pueblos indígenas. Los pendientes que nos deja el PPEF 2026”—, el INPI emitió un comunicado en el que rechaza las afirmaciones.
Además, el instituto indicó que el FAISPIAM sí existe, fue aprobado, cuenta con recursos asignados y contempla a las comunidades indígenas del estado; no se transfiere a gobiernos estatales, sino directamente a las comunidades indígenas mediante procedimientos en asambleas comunitarias, integración de comités, validación de proyectos, y ministraciones calendarizadas conforme al ejercicio fiscal.
El INPI considera que presentar el hecho de que algunos recursos no se hayan ministrado en una fecha específica, como prueba de una supuesta exclusión estatal, es una manipulación deliberada de la información.
“El calendario de ejecución del FAISPIAM no inicia ni concluye en enero, y menos aún puede ser reducido a una lectura simplista que omite los procesos comunitarios obligatorios”.
De igual forma, aseguró que las más de 500 comunidades indígenas del estado están consideradas dentro del universo nacional del FAISPIAM, muchas de las cuales ya han recibido acompañamiento, validación de proyectos y, en su momento, recursos, conforme a la normatividad vigente.
Sin embargo, no hicieron mención de las razones por las que hay comunidades que presentan grandes retrasos en la ministración de los recursos, y el caso concreto de las 13 que se ampararon contra el recorte de 56 millones 736 mil 536 pesos al presupuesto.
Estas obtuvieron suspensiones definitivas, pero han sido violentadas, razón por la que Ma. Lucrecia Martínez Galván, jueza séptima de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Valles, determinó imponer una multa a la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes.
