Estela Ambriz Delgado
Aunque el representante estatal del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Mario Alberto Godoy Ramos, afirma en un video publicado en redes sociales que continúan atendiendo a pesar de no contar con oficinas, el Observatorio Indígena Mesoamericano (OIM) considera que se atraviesa por una crisis institucional que ha derivado en una fase de simulación jurídica y administrativa.
Luego de que conociera que el personal de la dependencia dejó sus oficinas en la capital del estado, y se les instruyó a continuar trabajando vía remota, el funcionario reiteró que dejaron el sitio debido a cuestiones de austeridad.
Afirmó que se atiende al sector en las zonas Huasteca y Media, y cuentan sedes regionales en Tampacán, Tancanhuitz, Tanquián, así como en Cárdenas, y están en la Secretaría del Bienestar.
Ante estas afirmaciones, Juan Felipe Cisneros Sánchez, del OIM, destacó que la crisis institucional en la dependencia no ha sido resuelta, sino que ha derivado en una fase de simulación jurídica y administrativa, y que esto se debe a que desde el 20 de abril se carece de una sede física funcional, lo que ha dejado en la indefensión a las comunidades.
Al respecto, explicó que como sujetos de derecho público requieren atención presencial y formal en la capital del estado, que es el centro administrativo, jurídico y político de la entidad. Además de que esta situación pone en duda el desempeño continuo del titular y la operatividad real del instituto.
Cisneros Sánchez además consideró que un cubículo prestado en la Secretaría de Bienestar no constituye un domicilio legal formal ni cumple con las disposiciones de la ley del INPI y su estatuto orgánico.
“Los actos de autoridad deben emanar de sedes oficiales debidamente registradas y publicadas para garantizar la certeza jurídica. Mantener un domicilio inexistente en el portal oficial del Gobierno Federal, calle Humboldt, es una violación que invalida el debido proceso administrativo”.
Asimismo, subrayó que persisten los cuestionamientos sobre la situación laboral de Godoy Ramos, quien presuntamente figura en la nómina de Michoacán mientras cobra un salario por funciones en San Luis Potosí, que no ejerce plenamente por falta de infraestructura.
“Esta inconsistencia presupuestaria y patrimonial, sumada a la opacidad institucional, constituye una posible falta grave bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas”.
En el mismo sentido, indicó que la ausencia de una oficina permanente no es un problema inmobiliario, sino una barrera política que impide el ejercicio de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, además de que se reduce la atención institucional a un video en redes sociales en lugar de una política pública efectiva y territorial.
“Es vital que la Dirección General del INPI ofrezca una solución definitiva que no consista en préstamos de espacios, sino en la restitución inmediata de una oficina con plena validez jurídica, capacidad operativa y un titular cuya adscripción y funciones se apeguen estrictamente a la ley. Resulta evidente la incapacidad del actual titular para desempeñar el cargo que ostenta”.
