Por Victoriano Martínez
Desde que en 2017 se creó el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) quedó claro que se trataba de una mera simulación que durante ocho años y medio ha dejado una secuela de hechos incluso hasta vergonzosos entre los que el más reciente fue el nombramiento de Fabián Espinosa Díaz de León como integrante del Comité de Participación Ciudadana (PCP).
Un Sistema que muy ajustado a su condición de simulación suele cumplir con acciones previstas en su Ley para que no se diga que, aunque nació muerto, su presencia fantasmal toma en cuenta las obligaciones de su marco normativo.
Así, en el sitio Web de la Secretaría Ejecutiva del SEA (SESEA) se pueden consultar las 20 actas de las sesiones de Comité Coordinador del SEA, que dan cuenta de que al menos desde 2022 cumplen religiosamente con el número de sesiones a las que los obliga el artículo 30 de la Ley de Sistema Estatal Anticorrupción.
En el caso de 2025 sólo aparecen tres de las cuatro sesiones obligadas, lo que puede ser un retraso por la aprobación del acta en la sesión posterior que, para el caso, resulta ser la que se realizó el pasado viernes 16 de enero.
La disponibilidad de las actas representa una actitud de transparencia que habla a favor de una buena práctica del SEA, salvo por dos detalles: (1) el retraso en la publicación del documento y (2) las sesiones se realizan en privado dado que no se convocan públicamente y sólo se informa después de su realización vía redes sociales.
El Comité Coordinador del SEA está integrado por el presidente del CPC, como representación ciudadana, y seis titulares de entes de la administración pública: Poder judicial del Estado, Contraloría General del Estado, Instituto de Fiscalización Superior del Estado, Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública.
La participación de sus integrantes en las sesiones deja ver la poca seriedad que se la da al SEA: sólo en tres de las 17 sesiones realizadas en este sexenio se ha llevado a cabo con la participación de todos. Sólo la representación de la Fiscalía Anticorrupción asistió a todas las reuniones.
La Contraloría estatal dejó de asistir a seis sesiones, el IFSE y el TEJA faltaron a 5 cada uno, el CPC no asistió a cuatro, la CEGAIP a tres y del Poder Judicial faltó a una. En las últimas tres sesiones del año pasado no hubo asistencia del CPC. Francisco Javier Ruiz Enciso asistió como presidente provisional del CPC el 17 de octubre.
El pasado viernes sesionó el Comité Coordinador y la única información que se tiene al respecto son publicaciones en las cuentas de Facebook del SESEA y de la CEGAIP.
En la primera se informa de manera genérica que “se dio seguimiento a los trabajos interinstitucionales orientados al fortalecimiento de la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en la entidad”.
La CEGAIP dice un poco más, pero sin más detalle: “se definieron las rutas estratégicas para fortalecer la integridad en el estado a través de: Presentación del Plan Anual 2026. Informe Anual de resultados de la SESEASLP. Revisión y presentación del Presupuesto Anual 2026”.
Ninguno remite a más información a pesar de que, en el caso de la CEGAIP, se señalan tres documentos que, si efectivamente tuvieran voluntad de transparencia (esa a la que suelen aludir como el gran instrumento de combate a la corrupción) no sólo ya estarían disponibles en sus plataformas web, sino que promoverían que la ciudadanía pudiera consultarlos.
Nada que no sea parte de lo que caracteriza a los integrantes del Comité Coordinador del SEA: De los seis entes públicos que forman parte, sólo tres cumplen en la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) con la publicación de sus informes anuales y otros a los que están obligados: la CEGAIP, el TEJA y el Poder Judicial.
La Fiscalía no lo publica y la Contraloría estatal publica el de 2022 y en el caso del IFSE, a pesar de que el 1 de diciembre entregó al Congreso del Estado los informes general e individuales de las Cuentas Públicas 2024, en la PET publica en el apartado correspondiente a ese mes los documentos que corresponden al ejercicio fiscal 2023.
Una actitud por parte de cada uno de los integrantes del Comité Coordinador del SEA que exhibe por qué la simulación en el combate a la corrupción es de origen y no se avanza en los instrumentos que desde hace ocho años debieron poner en funcionamiento para que la población pudiera dar seguimiento a sus acciones.
Un caso muy significativo: ¿por qué no han sido capaces de incorporar al Poder Ejecutivo a Sistema 1 “S1-Declaraciones Patrimoniales y de Intereses” la Plataforma Digital Estatal donde tendrían que estar publicadas las declaraciones patrimoniales, fiscal y de intereses (la 3de3) de todos los servidores públicos del gobierno del Estado?
