María Ruiz
Ante los riesgos que enfrentan periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la organización Grupo Ciudadano de Trabajo (GCT), presentó una serie de recomendaciones para mejorar la política estatal de protección en San Luis Potosí.
Esta organización integrada por 33 periodistas y defensores provenientes de 19 espacios de la sociedad civil, dio seguimiento a un ejercicio de monitoreo ciudadano enfocado en evaluar el funcionamiento del Mecanismo Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de San Luis Potosí.
A través de un comunicado, informaron que existe la necesidad de fortalecer las medidas institucionales para garantizar seguridad y acceso a información sobre el mecanismo. En el documento se señala que las recomendaciones surgen de la revisión del funcionamiento de la política pública en la materia.
Entre las acciones planteadas, el grupo propone mejorar la comunicación institucional con quienes podrían necesitar protección. Una de las principales sugerencias es crear un espacio digital oficial donde se concentre información clave.
Entre las recomendaciones destaca “establecer y dar a conocer un sitio web o micrositio de Gobierno del Estado en donde el Mecanismo Estatal de Protección pueda mantener información permanente sobre su funcionamiento, sus objetivos y alcances”, además de guías para identificar riesgos, solicitar protección y llenar correctamente las evaluaciones de riesgo.
El colectivo también planteó la necesidad de definir canales claros de contacto, como una línea telefónica y un correo electrónico para orientar a periodistas y personas defensoras que busquen acercarse al mecanismo, así como difundir un domicilio de atención.
Otra de las medidas sugeridas es transparentar la información sobre el trabajo institucional.
En ese sentido, el documento propone “compartir las versiones públicas de los informes trimestrales y de estadísticas generadas por la Unidad Estatal para la Protección” y publicarlas en línea.
Las recomendaciones fueron presentadas en un evento público realizado el 26 de noviembre de 2025, al que acudieron representantes de instituciones que integran el mecanismo estatal, entre ellas la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas y la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con el documento, dichas instituciones expresaron su disposición para colaborar en el cumplimiento de las propuestas. Sin embargo, el grupo ciudadano advirtió que aún no existe una formalización oficial de estos compromisos por parte de las autoridades responsables.
El GCT también manifestó preocupación por el proceso de renovación de representantes de periodistas y defensores dentro del propio mecanismo de protección. Según el colectivo, la convocatoria presentó irregularidades que complicaron la participación.
En particular, señalaron que la convocatoria dejó desierta la representación de un periodista hombre, situación que no responde a falta de interés ciudadano sino a problemas en la difusión y requisitos administrativos del proceso.
Finalmente, el grupo insistió en que es urgente consolidar una política de protección más efectiva. El boletín advierte que se debe avanzar hacia “una política de protección preventiva, integral y transparente, capaz de responder a los contextos de riesgo diferenciados” que enfrentan periodistas y personas defensoras en el estado.
