Estela Ambriz Delgado
El caso del área verde rehabilitada por vecinos del fraccionamiento Puerta de Piedra que forma parte de los 18 predios que el Ayuntamiento de San Luis Potosí pretende subastar, es una muestra más del desinterés por la conservación ambiental frente al direccionamiento de procesos para favorecer proyectos de desarrollo inmobiliario y comercial, así lo consideró el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito.
Respecto a la situación que enfrentan los vecinos, quienes dedicaron años a rehabilitar este predio para convertirlo en un área verde con árboles y diversas especies de flora, y ahora se topan con una determinación de la autoridad municipal de subastarlo, el colectivo apuntó que el tema no es incrementar recursos al erario, si no la razón porqué cambiar su destino a un objetivo de desarrollo urbano.
Explicaron que, a partir de las administraciones de Jorge Lozano Armengol, y sobre todo de Victoria Labastida, se ha implementado la venta de propiedades municipales con el objeto de beneficiar a grupos económicos que tienen interés de generar sus procesos de desarrollo.
En este sentido se señala que, al verse impedidos para construir hacia la Sierra de San Miguelito, el sector inmobiliario escudriña todo lo que pueda quedar y busca “abalanzarse” para sus modelos de desarrollo urbano.
Guardianes de la Sierra indica que el asunto tiene como origen los litigios para generar autonomía a las decisiones de Cabildo y no pasar por el Congreso del Estado, que fue como se impuso el funcionamiento de la empresa Aguas del Poniente Potosino en 2012, en un amparo contra el Legislativo para favorecer la privatización.
Desde entonces los ayuntamientos han entregado por “subasta” superficies de terrenos municipales, y como ejemplo de ello hizo mención de la subasta amañada de la ex alcaldesa Victoria Labastida, a quien se le acusó de rematar terrenos municipales en la zona dorada de la capital, lo que generó un desfalco al erario.
El colectivo mencionó también el caso de un área de la Sierra de San Miguelito, perteneciente al Ejido Garita de Jalisco, que fue aportada a la Sociedad Mercantil Desarrollo del Pedregal, y posteriormente adquirida por Desarrollo Monterra con autorización para la venta de terrenos del desarrollo de la empresa Iscamapi, propiedad de Alberto Ayala.
“Se hizo en una zona que era considerada, al igual que la Garita de Jalisco, un área de conservación de la vida silvestre y restauración, y fue depredado, a pesar de que se encontraban incluso vestigios arqueológicos, y nada les importó para construir en los cerros”.
Para concluir, indican que el tema de la planeación urbana está colapsado por la visión que han tenido los gobiernos municipales, la ausencia de un gobierno que vea por los intereses generales y populares, y siempre detrás de los poderes económicos y de los desarrolladores, que no significa que no pueda haber una compatibilidad entre los intereses de todos.
“En este caso sí se ve que es algo que se tiene etiquetado, de una manera u otra con un objetivo definido, y demuestra la incapacidad de generación de auténtica reserva territorial del Ayuntamiento, subordinada al poder de las inmobiliarias y los procesos industriales. Ahí lo importante es que la gente tome la decisión de actuar y que sea en función de un interés público. Van a poner a prueba a los tribunales nuevamente, hay que ver cuál es el comportamiento de la autoridad cuando vea llegar las impugnaciones de la sociedad”.
